Las madres y padres de los 43 rechazaron en su totalidad la recomendación con la que la CNDH exonera al Ejército y la acusaron de regresar el caso a la “verdad histórica”. Lo hicieron en la 142 Acción Global por Ayotzinapa y México, donde reclamaron a la Sedena los 853 folios que mantiene sin entregar y sostuvieron que las Fuerzas Armadas son responsables de la desaparición de sus hijos.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografias Erik Salinas / @erik.skelter y Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 26 de julio 2026.- Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa respondieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) durante la 142 Acción Global por Ayotzinapa y México: rechazaron en su totalidad la recomendación 208VG/2026, que descarta la participación institucional del Ejército en los hechos de Iguala.
En la marcha, que partió del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez este domingo 26 de julio, las familias reclamaron al gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, la entrega de los 853 folios que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene sin liberar y la presentación con vida de los normalistas, a dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición.
“Rechazamos totalmente esa recomendación porque está fuera de lugar y por no tener la verdad”, expresaron las familias en el posicionamiento que leyó Hilda Legideño Vargas, madre del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño. Las madres y padres acusaron que la CNDH “se apartó de los principios de proteger y estar al lado de las víctimas para estar del lado de los responsables de un caso tan doloroso como la desaparición de nuestros hijos”.
En su respuesta, las familias sostuvieron que la Comisión “pretende regresar a la versión del gobierno del PRI de 2014”, al reducir el caso a un hecho local atribuido a policías municipales y a la delincuencia organizada, y retirar la responsabilidad del Ejército mexicano y de la Marina. La recomendación 208VG/2026, difundida a inicios de julio, descarta también un plan de exterminio, desacredita las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y deja sin efectos recomendaciones previas del propio organismo. Las familias afirmaron que ese documento las regresa a la “verdad histórica”, la versión oficial construida tras la desaparición.
Frente a la exoneración del Ejército, durante el mitin Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, enumeró los elementos que, dijo, incriminan a las Fuerzas Armadas. Cuestionó que la CNDH busque “limpiar la imagen del Ejército mexicano, cuando existen bastantes elementos de culpabilidad”,y recordó que la Sedena mantiene sin entregar 853 folios de información sobre el caso.
“¿Por qué el ejército mexicano no ha querido entregar los 853 folios faltantes?”, preguntó. Navarrete aludió además a la presencia de un militar infiltrado entre los estudiantes la noche de la desaparición y describió a la Sedena como “la única institución donde el pueblo no puede entrar a revisar sus instalaciones, porque es la máxima autoridad de este país, por encima de los presidentes”.
Las familias recordaron que se reunieron con la CNDH en marzo de 2021 y el 25 de marzo de 2022, cuando el organismo firmó un documento con cinco compromisos —entre ellos investigar a la Sedena y la obstaculización del trabajo del GIEI, y dar seguimiento a sus informes—. Ninguno se cumplió, afirmaron. Por ello, y tras la recomendación 208VG/2026, las madres y padres han demandado la renuncia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
Las familias enmarcaron la recomendación dentro de una serie de decisiones que, señalaron, alejan el caso de la verdad. Entre ellas ubicaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, el 7 de julio, atrajo cuatro recursos de revisión extraordinaria —promovidos por la Consejería Jurídica de la Presidencia— para analizar la validez de una comisión de investigación con facultades para indagar el caso, ordenada en 2018 por un tribunal colegiado de Tamaulipas.
En su posicionamiento, las madres y padres describieron ese recurso como uno “que en las leyes no existe”. Su abogado, Isidoro Vicario Aguilar, ha advertido que la “revisión extraordinaria” no está prevista en la Constitución ni en la Ley de Amparo.
La convocatoria de este 26 de julio contempla un acto político el 27 de julio, a las 12:00 horas, en la Estela de los Caídos, en Iguala, Guerrero, punto donde comenzó la agresión de 2014.
La desaparición de los 43 ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa habían llegado a esa ciudad para tomar autobuses con los que viajarían a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre, en memoria de la matanza estudiantil de 1968. Policías municipales y civiles armados los atacaron: el saldo fue de seis personas asesinadas —tres de ellas normalistas—, decenas de personas heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la entonces Procuraduría General de la República encabezada por Jesús Murillo Karam, sostuvo la llamada “verdad histórica”: que los estudiantes fueron entregados a un grupo criminal, asesinados e incinerados en un basurero de Cocula. Esa versión fue desmentida por el GIEI y por peritajes independientes.
En la administración siguiente, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia calificó los hechos como crimen de Estado, Murillo Karam fue detenido en 2022 y el exfuncionario Tomás Zerón permanece prófugo. La recomendación de la CNDH, sostienen las familias, busca revivir aquella versión y desligar al Ejército, a casi 12 años sin que se conozca el paradero de la mayoría de los 43.
