CIMAC documentó un récord histórico de ataques contra periodistas mujeres durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando el discurso oficial proclama que “es tiempo de mujeres”
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México 10 de abril 2026.- El año 2025 se convirtió en el más violento registrado para las mujeres que ejercen el periodismo en México. Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) documentó 338 agresiones entre enero y diciembre, cifra que supera el récord anterior de 245 casos registrado en 2020 y duplica las 154 agresiones contabilizadas en 2019, primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así lo establece el informe anual Entre el discurso y la desprotección, publicado por el Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC como resultado de un trabajo sostenido de monitoreo, documentación y acompañamiento integral feminista.
El documento se presenta, según sus propias conclusiones, como una herramienta que va más allá del registro cuantitativo: su objetivo declarado es “evidenciar patrones, responsabilidades y omisiones estatales, así como disputar las narrativas que minimizan o normalizan la violencia contra las mujeres que ejercen el periodismo”. El propio informe señala la contradicción: el primer año del gobierno que proclamó “es tiempo de mujeres” es también el año con más agresiones contra periodistas mujeres registradas en la historia del monitoreo de CIMAC.
Las personas funcionarias públicas estatales encabezan la lista de agresores con 19.53% de los casos —66 agresiones—, seguidas por funcionarias municipales con 12.72%. Sumados, los distintos niveles de gobierno representan el principal frente de violencia contra las periodistas mexicanas, según la documentación de CIMAC.
Las formas de ataque más frecuentes en 2025 fueron las amenazas (14.79%), el descrédito y estigmatización de la labor periodística (13.91%), la intimidación (10.36%) y el hostigamiento (9.47%). El informe advierte que estas cifras revelan una reconfiguración de la violencia: las agresiones físicas disminuyeron relativamente respecto a 2024, pero ese desplazamiento no implica menor riesgo. Según el documento, representa “una transformación de los mecanismos de censura hacia estrategias más sutiles, difíciles de rastrear, denunciar y sancionar”.
El informe documenta cómo funcionarios de distintos niveles utilizan conferencias de prensa y declaraciones públicas para ridiculizar a las periodistas, desviar la atención hacia su apariencia física o su vida personal, y descalificar su trabajo con frases como “no me aportas nada, tú vienes aquí a ser grilla” o “tu periodismo debe ser imparcial para ser profesional”. En Jalisco, según el documento, un regidor publicó un video señalando directamente a la cofundadora de un medio, desencadenando una ola de ataques en redes sociales que la acusaban de “recibir pagos” y “vender su línea editorial”.
El 77.51% de las agresiones documentadas en 2025 fue de naturaleza psicológica. La violencia física representó el 14.79% y la económica el 5.03%. Para CIMAC, esta distribución no refleja menor gravedad: el informe señala que estas formas de control operan sobre la identidad, la credibilidad y la estabilidad emocional de las periodistas, afectando no solo su trabajo sino sus redes de apoyo y vida familiar.
El espacio digital se consolidó en 2025 como uno de los entornos más hostiles para el ejercicio periodístico de las mujeres, ubicándose en frecuencia casi a la par del espacio comunitario. Las periodistas fueron blanco de campañas de desprestigio coordinadas, hostigamiento vía mensajes y llamadas, y ataques misóginos sistemáticos.
En uno de los casos documentados por CIMAC, un comunicador realizó una transmisión en vivo con insultos hacia una colega y su familia, difundiendo información privada falsa. En otro, una página difundió un video generado con inteligencia artificial en el que se simula a la periodista en situaciones sexualizadas. El informe identifica el uso de IA como una modalidad emergente de violencia digital que amplifica los riesgos existentes y afecta la seguridad, credibilidad y bienestar emocional de las periodistas.
El acoso judicial también mostró una tendencia al alza. CIMAC documentó 16 casos en 2025, con agresiones ejercidas mayoritariamente por personas funcionarias públicas. Según el informe, periodistas fueron demandadas por daño moral tras publicar reportajes sobre corrupción en ayuntamientos o acoso sexual en universidades; en uno de los casos, una sentencia judicial obligó a la periodista a cubrir los gastos de terapia psicológica de su agresor. El documento concluye que este tipo de violencia “opera como una forma de censura institucional, revestida de legalidad”.
La Ciudad de México concentró el mayor número de agresiones documentadas: 64 casos, equivalentes al 18.93% del total. Le siguieron Coahuila (38 casos), Guerrero (34), Puebla (31) y Baja California (25). Sin embargo, el informe advierte que esta concentración capitalina no debe leerse como un indicador de mayor peligrosidad en comparación con estados con alta presencia del crimen organizado —Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, Guerrero—, donde, según el documento, “la violencia extrema y el control territorial inhiben la denuncia y producen subregistros sistemáticos”.
En Guerrero, el 53% de las agresiones ocurrieron en el ámbito institucional, y los temas de cobertura más agredidos fueron gestión pública y estructuras criminales. En Puebla, el informe señala que la reforma a la Ley de Ciberseguridad —que tipifica el “ciberasedio” con penas de hasta tres años de prisión sin definir con claridad qué constituye esa conducta— abre un precedente que podría intensificar la criminalización del periodismo digital. En Baja California, el 100% de las periodistas agredidas sufrió violencia psicológica, en un territorio donde, según CIMAC, la probable colusión de autoridades con grupos del crimen organizado eleva los riesgos de manera diferenciada para quienes ejercen el periodismo siendo mujeres.
El informe de CIMAC sitúa sus hallazgos en el contexto político del primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer presidenta en 200 años de historia independiente de México. La administración impulsó reformas constitucionales para garantizar igualdad sustantiva, transformó el Instituto Nacional de las Mujeres en Secretaría de las Mujeres con rango federal y lanzó campañas de prevención de violencia. A nivel subnacional, 13 de los 32 estados son gobernados actualmente por mujeres, en su mayoría de Morena.
Sin embargo, el propio informe establece que estos avances en política pública “coexisten con una problemática generalizada y persistente de violencia e impunidad en el país, la cual carece de un reconocimiento explícito por parte del gobierno federal”. Según el documento, el aumento en el número de agresiones “no puede explicarse únicamente por una mayor visibilización o capacidad de denuncia, sino que refleja un contexto de intensificación de la violencia y un debilitamiento institucional para responder a esa crisis”.
Las periodistas más atacadas cubrían política —68.93% de los casos—, corrupción (18.34%), gestión pública (16.57%), protesta social (7.99%) y protesta feminista (6.51%). El informe concluye que la violencia funciona también como un mecanismo de control sociopolítico que busca inhibir el periodismo de investigación y desalentar la denuncia.
Uno de los apartados más complejos del informe aborda la figura de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), creada para garantizar la participación de las mujeres en condiciones de seguridad y libertad. CIMAC reconoce su valor estructural pero documenta lo que describe como un uso distorsionado de la figura como mecanismo de acoso judicial contra periodistas.
De las 447 personas sancionadas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMRG, 84 pertenecen al gremio periodístico o al ámbito de medios de comunicación. Los casos analizados en el informe —incluyendo los de las periodistas Ángel Camarillo e Isabel Ortega, y el de la analista Denise Dresser— muestran, según el documento, que las sanciones recaen con mayor peso y visibilidad sobre quienes informan que sobre funcionarios o figuras políticas que cometen agresiones similares o más graves. El informe cita al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, quien advierte sobre la existencia de una “alergia a la crítica” periodística que se traduce en una aplicación más rigurosa de la VPMRG en el ámbito mediático que en el político.
Frente a ello, el documento llama a que su implementación “se armonice con el respeto a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico y al derecho de la ciudadanía a acceder a información relevante”, diferenciando la crítica legítima de la agresión basada en estereotipos de género.
El Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC acompañó en 2025 a 82 mujeres periodistas procedentes de 19 entidades federativas. Nueve se encontraban en situación de desplazamiento forzado interno o exilio. El programa realizó 313 acciones de atención y acompañamiento integral feminista, incluyendo representación ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, atención psicosocial especializada, asesoría jurídica, fondos de emergencia y apoyo en procesos de acogida temporal fuera del país.
El informe cierra con una afirmación que sus autoras presentan no como consuelo sino como señalamiento de una falla estructural del Estado: “mientras el poder falla en garantizar derechos humanos, son las propias mujeres quienes sostienen la defensa de la libertad de expresión”.
El informe completo Entre el discurso y la desprotección está disponible aquí.
