Chiapas. La violencia en aumento ha causado el desplazamiento interno de 32 familias, entre ellas niñas y niños.
Por Mary Borja / Somos el medio
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 7 de octubre de 2022. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció los hechos de violencia que se han presentado en la Fracción Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas desde el pasado 29 de septiembre del año en curso; donde se han confirmado 250 personas en desplazamiento forzado interno (32 familias); entre ellas hay niñas, niños y adolescentes, y personas de tercera edad. A ello se suma decenas de casas quemadas; y aún no hay datos precisos respecto al número de personas heridas y asesinadas.
“Desde las montañas colindantes con el ejido Santa Martha se pueden observar columnas de humo, son las de las casas que están siendo quemadas, abrieron hoyos en los caminos para que nadie pueda entrar y nadie pueda salir”, explicó uno de los habitantes de la zona a través de un mensaje.
Quienes lograron salir luego de varias horas de esconderse y caminar entre las montañas, llegaron al poblado de Polhó, ubicada a unos 37 kilómetros, en donde también la población está dividida a causa de la aceptación o no, de los grupos de civiles armados, y su participación en ellos.
A través de un comunicado el Frayba detalló que la descomposición social emana tanto del conflicto político-militar irresuelto, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.
Los actores son diversos, desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; a todo esto se suma la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional.
Por su parte los gobiernos estatal y federal han mantenido silencio sobre esta situación, extraoficialmente una fuente oficial explicó que se rompió toda negociación con este grupo que se había comprometido a “ya no disparar”, a fin de distender las agresiones armadas que en su momento se dirigieron contra sus vecinos de Aldama, pero que ahora se viven al interior de Santa Martha, por diferencias entre el mismo grupo armado.
“Los de Santa Martha ya no quieren comunicarse con el gobierno, dicen que van a arreglar todo a su modo, la idea de ellos es acabar con la vida de los que no están de acuerdo. Las familias que acá vivimos estamos encerradas”, narró a través de un mensaje uno de los indígenas del lugar.
Según el Frayba, la violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales.
Por tal razón, el Frayba exigió al Estado mexicano adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas para disfrutar de una vida digna y en paz, además de iniciar una investigación diligente respecto a la actuación de los grupos armados que abone a su desarticulación y desarme.
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