Madres y padres marcharon por Paseo de la Reforma rumbo al Hemiciclo a Juárez, donde denunciaron la falta de avances reales, acusaron al Estado de mentir y exigieron abrir los archivos del Ejército para conocer la verdad.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías: Erik Salinas / @erik.skelter y Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 26 de enero 2026.- Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marcharon este lunes sobre avenida Paseo de la Reforma rumbo al Hemiciclo a Juárez, al cumplirse 136 meses del crimen de Estado ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Durante la movilización, las familias realizaron el pase de lista en el Antimonumento +43, recordaron a los estudiantes desaparecidos y a los caídos, y reiteraron que el Estado mexicano sigue sin ofrecer respuestas creíbles ni avances sustantivos en la investigación. En el mitin político frente al Hemiciclo, las voces de las madres y padres volvieron a señalar la impunidad, la opacidad militar y la simulación institucional.
Doña Metodia, madre de Luis Ángel Abarca, tomó el micrófono con un mensaje a la presidenta de México: “En Dios que voy a encontrar a los 43 porque quiero ver de vuelta a mi hijo, que regrese a mi casa. Ya son 11 años de sufrimiento y el gobierno no nos dice la verdad. Nosotros no vamos a dejar de luchar hasta saber qué hicieron con nuestros hijos”.
La madre recordó que los normalistas no eran delincuentes, sino jóvenes campesinos que estudiaban para ser maestros rurales. “Nuestros hijos no eran criminales. Eran estudiantes que querían apoyar a sus padres. Somos campesinos y ellos son hijos de campesinos. Una madre nunca olvida a su hijo, lo voy a llevar siempre en el corazón”, dijo ante cientos de personas que acompañaron la protesta.
Doña Metodia también cuestionó los discursos oficiales y las reuniones sin resultados: “Nos dicen que en la otra reunión, que después, pero no hay nada. Son puras mentiras. Ya queremos una respuesta, porque ya es mucho. Vamos a seguir en la calle gritándole al gobierno hasta encontrar la verdad”.
Por su parte, Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González, denunció que tras 11 años no existe ningún avance que satisfaga la demanda central de las familias. “No existen avances absolutamente que respondan a nuestra exigencia. El gobierno mexicano se ha limitado a culpar a algunos, pero no ha querido sacar la información donde realmente está: en el Ejército mexicano”, afirmó.
Navarrete recordó que el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se debió a la negativa del Ejército a entregar información clave. “Si el gobierno realmente quiere verdad y justicia, tiene que abrir los archivos militares. La respuesta está ahí. Mientras no lo hagan, todo es simulación”,señaló.
El padre de familia fue contundente al denunciar la desigualdad estructural del sistema de justicia: “En este país, los malhechores tienen más derechos que las personas desaparecidas. Esa es la realidad. No es incapacidad: es que no quieren tocar a los de alto rango involucrados”.También criticó la política de señalar al gobierno anterior sin ejercer acciones legales reales contra los responsables.
Emiliano Navarrete cuestionó además la actuación de las instituciones de derechos humanos: “¿Qué está pasando con el caso Ayotzinapa? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe exigir que el Estado cumpla las recomendaciones del grupo de expertos. Hoy no vemos ese respaldo”. Aun así, reiteró que las familias no están solas: “Seguiremos de la mano del pueblo y de los estudiantes. No vamos a descansar hasta las últimas consecuencias”.
La movilización concluyó con el mensaje: “VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”.
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, tras una serie de ataques armados perpetrados por policías municipales, con la participación del crimen organizado y la omisión —y presunta implicación— de fuerzas estatales y federales. Desde entonces, el caso se convirtió en un símbolo internacional de la crisis de derechos humanos, la impunidad estructural y la colusión entre Estado y crimen organizado en México.
A lo largo de estos 11 años, investigaciones independientes han documentado tortura, fabricación de pruebas, encubrimiento institucional y la negativa sistemática del Ejército a abrir sus archivos. La llamada “verdad histórica” fue desmontada, pero sustituida por nuevas narrativas oficiales que no han logrado esclarecer el paradero de los estudiantes ni sancionar a todos los responsables.
