Comunidades nahuas de la región Izta-Popo acordaron una agenda común para frenar la tala, el saqueo del agua y el despojo territorial, denunciando la criminalización de los pueblos y la complicidad de autoridades con intereses privados.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
San Mateo Ozolco, Puebla.- Comunidades nahuas de la región de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl acordaron una agenda común de defensa del agua, el bosque y la vida, tras el Encuentro de Pueblos en Defensa del Agua y el Bosque, realizado el 25 de enero de 2026 en la plaza principal de San Mateo Ozolco. El acuerdo central de la asamblea fue contundente: “Ni un árbol más, ni un pozo profundo más”, como ley de los pueblos frente al despojo territorial y la mercantilización de los bienes comunes.
Reunidos en territorio nahua, habitantes de San Mateo Ozolco —acompañados por comunidades de la región cholulteca y de los volcanes— expusieron las amenazas que enfrentan sus bosques y manantiales, particularmente la tala de árboles sin autorización comunitaria, atribuida a un descendiente de antiguos hacendados de apellido Aizpuru. La asamblea informó que la tala se mantiene detenida por la acción directa del pueblo y advirtió que permanecerán vigilantes hasta su cancelación definitiva.
Desde una dimensión espiritual y política, el encuentro inició con un acto colectivo de petición de perdón a la montaña y a la madre tierra, reconociendo los daños históricos y renovando el compromiso de cuidado intergeneracional. “Sembramos hoy un árbol que apenas veremos joven cuando seamos viejos”, expresaron, subrayando el carácter de largo plazo del ciclo forestal y la responsabilidad comunitaria en su preservación.
Las comunidades insistieron en que defender el bosque no se reduce a impedir la tala, sino que implica atender enfermedades forestales, prevenir incendios, frenar la caza, respetar los ciclos propios de reforestación y sostener una vigilancia comunitaria permanente. Denunciaron además un doble rasero institucional: mientras se criminaliza a carboneros locales por aprovechar ramas o árboles viejos, se tolera la extracción de árboles sanos —algunos centenarios— por intereses privados amparados en permisos gubernamentales.
Durante el encuentro también se señalaron actos de intimidación por parte de autoridades auxiliares y municipales. De acuerdo con los testimonios, una presidenta auxiliar acudió con policías armados para reclamar la realización del evento, pese a que la comunidad aseguró haber notificado previamente. Para los pueblos, este hecho confirma un patrón de amedrentamiento institucional contra la organización comunitaria.
El diálogo regional permitió visibilizar conflictos históricos por el saqueo del agua que afectan a pueblos vecinos como Nealtican, Santa María Acuexcomac y San Miguel Xoxtla. Las comunidades recordaron el incumplimiento de acuerdos gubernamentales de 1994 y 1997, así como el uso de la criminalización —incluido el intercambio de presos por agua— para imponer el suministro a la ciudad de Puebla. A ello se suman la problemática del basurero, las descargas de aguas negras y la omisión de autoridades frente a intereses privados.
La asamblea también retomó la lucha contra el gasoducto en las faldas del Popocatépetl y la memoria del comunicador y defensor nahua Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019 en el contexto del Proyecto Integral Morelos. Lejos de desarticular la organización, señalaron, su asesinato fortaleció la memoria y la resistencia; por ello, las comunidades anunciaron su participación en las Jornadas en memoria de Samir del 19 al 22 de febrero.
Uno de los ejes del debate fue la deuda histórica de justicia agraria en la región Izta-Popo. Los pueblos cuestionaron el origen de la propiedad de antiguas haciendas —como Buenavista— y recordaron que la Revolución Mexicana no restituyó plenamente tierras y aguas a sus legítimos dueños. “El bosque es sagrado para nuestros abuelos; verlo como mercancía es negar nuestra historia”, afirmaron.
Al preguntarse quién manda en los pueblos, la asamblea identificó la injerencia de autoridades, cacicazgos y, en algunos territorios, del crimen organizado. Frente a ello, acordaron fortalecer la educación comunitaria, la unidad intercomunitaria y la articulación regional como base de la autodeterminación.
Como acuerdos finales, las comunidades ratificaron su acompañamiento mutuo, anunciaron su presencia en la asamblea por el 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena y convocaron a un nuevo encuentro regional el próximo 12 de abril en San Lucas Atzala, para avanzar en la conformación de una unión de ejidos y comunidades de las montañas Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
La declaratoria concluyó reafirmando que la defensa del agua y el bosque no es un reclamo sectorial, sino una lucha por la vida, sustentada en normas comunitarias y en la memoria histórica de los pueblos originarios.
