Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario indígena nahua y defensor del territorio en Amilcingo, Morelos, fue asesinado el 20 de febrero de 2019 afuera de su casa. Su homicidio no puede leerse como un hecho aislado: ocurrió en medio del conflicto social por el Proyecto Integral Morelos (PIM) y la termoeléctrica de Huexca, y desde entonces se ha convertido en un símbolo de la violencia que enfrentan quienes defienden la tierra, el agua y el derecho a informar desde las comunidades.
Por Redacción / @Somoselmedio
Samir Flores, comunicación comunitaria y defensa del territorio
Samir Flores era reconocido por su papel como fundador de la radio comunitaria Radio Amiltzinko 100.7 FM y por su trabajo como defensor de derechos humanos en la región. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lo describió como fundador y periodista de esa radio, además de impulsor de proyectos comunitarios y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua opuesto al PIM. Artículo 19, organización especializada en libertad de expresión, también documentó su labor como comunicador comunitario y pidió investigar el caso sin criminalizar su trabajo.
La importancia de Samir no radicaba únicamente en su presencia en movilizaciones, sino en la función política de la comunicación comunitaria: producir información desde el territorio, sostener memoria local, desmentir versiones oficiales y acompañar la organización social. En contextos de megaproyectos, esa tarea disputa poder porque disputa legitimidad.
Qué es el Proyecto Integral Morelos y por qué está en el centro del conflicto
El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético impulsado desde 2012 que, de acuerdo con investigaciones académicas, integra un gasoducto para suministrar gas a la termoeléctrica, un acueducto (conducciones de agua asociadas a la operación/enfriamiento) y una red de transmisión eléctrica vinculada al sistema nacional, con la termoeléctrica de Huexca como infraestructura clave.
El conflicto no se explica solo por la ingeniería del proyecto, sino por lo que supone en términos de derechos: comunidades que denuncian afectaciones y riesgos, reclaman información completa, participación efectiva y garantías de seguridad frente a hostigamientos y violencia. Samir Flores fue una de las voces más visibles de esa oposición y, por eso, su asesinato impactó más allá de Morelos: mostró cómo la disputa por el territorio puede convertirse en disputa por la vida.
El asesinato del 20 de febrero de 2019: lo verificable y lo que sigue pendiente
Samir Flores fue asesinado con armas de fuego el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. Artículo 19 emitió un posicionamiento público ese mismo día, identificándolo como defensor y fundador de Radio Amiltzinko, y ONU-DH condenó el crimen y pidió investigar considerando su labor y el contexto del conflicto por el PIM.
Lo que permanece en disputa —y por eso debe narrarse con rigor y atribución de fuentes— es el esclarecimiento judicial integral: quiénes son los responsables materiales e intelectuales y cuáles fueron las motivaciones probadas en sede judicial. En distintas conmemoraciones, integrantes del Frente han sostenido que el caso no se ha esclarecido y que hay exigencias de justicia pendientes; La Jornada reportó, por ejemplo, que en el marco de los cinco años del asesinato se señalaba que sólo había una persona detenida como presunto autor material y que no se había desentrañado la autoría intelectual.
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Pocos días después del asesinato, el gobierno federal difundió los resultados de una consulta sobre la operación de la termoeléctrica de Huexca. En cifras oficiales, se informó que 59.5% votó a favor del “sí” y el resto por el “no”, con decenas de miles de participantes. Diversos medios y el propio gobierno federal publicaron esos datos, mientras organizaciones y sectores críticos cuestionaron el proceso, entre otros puntos, por la participación limitada de comunidades directamente afectadas.
La investigación del caso Samir Flores y el paso a la FGR
En agosto de 2023, La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la indagatoria, y un juez federal reconoció indicios de que el homicidio estaría relacionado con la labor de Samir como informador comunitario y su oposición al PIM. Otros medios nacionales también consignaron el traslado del caso a ámbito federal.
Sin embargo, reportes posteriores han descrito que el cambio de jurisdicción no se tradujo automáticamente en resultados. En diciembre de 2024, familiares denunciaron que no observaban “grandes avances” tras el paso del caso a la FGR, lo que reafirma una de las dimensiones estructurales del expediente: la impunidad como forma de violencia prolongada.
Por qué el caso Samir Flores es una referencia obligada para derechos humanos
El asesinato de Samir concentra dos campos de riesgo históricamente atacados en México: la defensa del territorio y la libertad de expresión. En el plano institucional, el Estado cuenta con un marco específico para protección: la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que crea el Mecanismo federal de protección y establece obligaciones para implementar medidas preventivas y urgentes ante agresiones vinculadas con la defensa de derechos y el periodismo.
En el plano regional, el Acuerdo de Escazú —tratado sobre acceso a información, participación pública y justicia en asuntos ambientales— entró en vigor el 22 de abril de 2021 y contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras ambientales. En otras palabras, el marco jurídico existe; el problema es la brecha entre norma y realidad, especialmente cuando la violencia se cruza con intereses económicos y decisiones de Estado.
Recordar a Samir Flores no es solo un acto conmemorativo: es una forma de sostener que el territorio no es “recurso” sino vida comunitaria, y que la comunicación comunitaria no es “opinión” sino derecho a la verdad desde abajo. Mientras el caso no se esclarezca plenamente, el crimen continúa funcionando como mensaje intimidatorio hacia pueblos que se organizan, hacia radios comunitarias que informan y hacia quienes cuestionan megaproyectos en nombre del agua, la salud y la autonomía. Ese es el sentido político de su memoria: exigir justicia no solo por Samir, sino por el derecho colectivo a defender el territorio sin ser asesinados.
