Durante la protesta, familiares de las víctimas del caso Narvarte, pegaron carteles en la puerta de la Fiscalía con frases estigmatizantes y victimizantes que por más de siete años han sido dichas por autoridades en contra de las víctimas y sus familiares.
La tarde de este domingo, familiares, amigos, periodistas y organizaciones sociales, se reunieron frente al edificio ubicado en la calle Luz Saviñón número 1909 de la colonia Narvarte, para exigir justicia por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa.
Antonio de la Cruz estaba acompañado por su hija, Cinthya de la Cruz, durante el ataque que le quitó la vida; el día de hoy su hija falleció en un hospital donde luchaba por su vida.
Antonio de la Cruz fue asesinado y su hija fue herida de gravedad en un ataque directo con arma de fuego afuera de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
