El pasado 11 de febrero se presentó el reglamento interno de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en San Luis Acatlán, Guerrero, donde estuvieron 27 comisarios municipales de 33 que pertenecen al sistema de justicia comunitario, 32 consejeros locales y regionales, así como comisariados ejidales y comunales.
Ejidatarios de Las Margaritas piden que el Estado mexicano detenga el proceso encaminado a repartir y vender sus tierras de uso común, que forman parte crucial del lugar sagrado de Wirikuta.
En la exigencia por la libertad de sus compañeros, las mujeres mazatecas han enfrentado innumerables actos de omisión y corrupción por parte de distintas autoridades.
Después de ocho días de bloqueos en San Gregorio Atlapulco, el Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a cancelar las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).
Con un foro, baile y música la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México festejó el Día de la Resistencia y la Dignidad Indígena y los dos años de la toma del Instituto Nacional Indígena.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
