La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el alarmante número de asesinatos de defensores de derechos humanos en América Latina en el 2022. Según la CIDH, se registraron 126 asesinatos, de los cuales 42 ocurrieron en los últimos cuatro meses del año.
Por Redacción / @Somoselmedio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de 126 personas defensoras de derechos humanos en el 2022, y ha pedido a los Estados que tomen medidas urgentes para garantizar su protección.
Los últimos cuatro meses del año fueron particularmente letales, con 42 asesinatos registrados por la CIDH, mientras que de enero a agosto fueron 84. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y aquellos que defienden el medio ambiente y territorios fueron especialmente vulnerables.
Brasil y Colombia registraron el mayor número de casos, y la OACNUDH informó de ocho asesinatos en Brasil, entre ellos los de Raimundo Nonato Silva de Oliveira, miembro del Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) en Tocantins, y Nhandesy Estela Verá, defensora indígena Guaraní en Japorã. En Colombia, el líder social Filadelfo Anzola Padilla y la lideresa indígena Yermi Chocué Camayo figuran entre los asesinados.
En Colombia, la OACNDUH verificó 26 casos, y 20 que se encontraban en proceso de confirmación. Además de los mencionados anteriormente, entre noviembre y diciembre, fueron asesinados el líder comunal Edgar Omar Ayala Pinto en Cúcuta, Norte de Santander; el líder indígena Juvencio Cerquera en Sotará, Cauca; los líderes indígenas Francisco Sarco Pipicay y Carlitos Urágama Cano en Quibdó, Chocó; y el líder social Carlos Andrés Posada en el municipio de Ituango, Antioquia.
Entre septiembre y octubre, el líder social Natanael Díaz fue asesinado en Magangué, Bolivar, y el líder social afrodescendiente Edinson Murillo Ararat en Santander Quilichao, Cauca.
Otros líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia incluyen al líder social Rigo Alape en Puerto Leguízamo, Putumayo; al líder social Ferney Morales en Puerto Leguízamo, Putumayo; al líder social afrodescendiente Fredy Mena Oregón en Lloró, Chocó; al líder comunal afrodescendiente Silvio Landazury Castillo en Mocoa, Putumayo; al líder comunal Rafael Emiro Moreno Garavito en Montelíbano, Córdoba; al líder social Gildardo Alonso Ríos en Fortul, Arauca; y al líder social Sócrates Sevillano y su esposa en Orito, Putumayo.
La CIDH también ha destacado que se necesita protección para los defensores de derechos humanos en toda la región. La falta de protección y justicia para los defensores de derechos humanos está creando un ambiente en el que pueden ser atacados sin temor a las consecuencias.
El Defensor del Pueblo registró un total de 215 asesinatos de personas defensoras durante el 2022, lo que lo convierte en el año con el mayor número de casos desde el 2016.
En Guatemala, de acuerdo con información pública, fue asesinado Tereso Cárcamo Flores integrante de Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en Aldea de La Paz en el sector Jiménez, Jalapa, en diciembre. El Estado guatemalteco informó a la Comisión que se encuentra realizando la investigación penal correspondiente, conduciendo las respectivas diligencias a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos e individualización de las personas responsables.
En Honduras, OACNUDH registró el asesinato de al menos dos personas defensoras en los últimos cuatro meses del 2022. En diciembre, fue asesinado Mauricio Esquivel, defensor de derechos humanos de la tierra y el medio ambiente, Tocoa, departamento de Colón. En octubre, fue asesinada Melisa Núñez, defensora en Morocelí, departamento de El Paraíso.
En México, cifras de OACNUDH indicó que al menos 4 personas defensoras fueron asesinadas. En noviembre, fue asesinada María del Carmen Vázquez, madre buscadora, en Abasolo, Guanajuato. En octubre fueron asesinados el defensor ambiental Jesús Manuel García en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; el defensor ambiental Filogonio Martínez Merino, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca; y Esmeralda Gallardo, madre buscadora, en Puebla, Puebla.
Finalmente la CIDH llamó a los Estados a que investiguen de forma exhaustiva, seria e imparcial, y tomen como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa.
