Defensoras de derechos de las mujeres y víctimas de agresiones sexuales se unen para denunciar a Francisco Regino Montes, hermano del titular del INPI, por hostigamiento y acoso sexual.
Este miércoles 23 de agosto el tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México declaró culpable a Diego Helguera por el asesinato de Polly Gómez el pasado 12 de junio del 2021 en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.
La Fiscalía de Guanajuato formalizó la imputación por feminicidio agravado contra Miguel de Jesús Octavio, acusado del crimen de Milagros Monserrat en la ciudad de León.
La policía de Berlín localizó el cuerpo de María Fernanda Sánchez, una estudiante de 24 años originaria de México, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado mes de julio.
Leticia Valdés Martell, madre de un joven que fue víctima de violación sexual hace 17 años cuando tenía tan solo cuatro años, hizo llamado a las autoridades mexicanas para que se haga justicia en el caso que ha permanecido impune durante todos estos años.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
