Defensoras de derechos de las mujeres y víctimas de agresiones sexuales se unen para denunciar a Francisco Regino Montes, hermano del titular del INPI, por hostigamiento y acoso sexual. Exigen acciones y rendición de cuentas en un caso que conmueve a la sociedad oaxaqueña, instando a la Fiscalía y a las instituciones a tomar medidas urgentes.
Por Redacción / @Somoselmedio
En una rueda de prensa celebrada frente al Palacio de Gobierno, defensoras de los derechos de las mujeres, activistas y víctimas de agresiones sexuales se unieron para exigir justicia y rendición de cuentas en un caso de acoso sexual. La denuncia se centra en Francisco Regino Montes, hermano y operador político del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Acompañada por Yésica Sánchez Maya, del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, representantes de la Colectiva Chicatanas, la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI) y Aracely Cruz Jiménez, también víctima de violencia sexual, Adriana Hernández Vásquez, excolaboradora del INPI, reveló detalles sobre su experiencia de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte de Francisco Regino.
La pesadilla de Adriana comenzó en enero de 2021 cuando comenzó a recibir mensajes inapropiados a través de WhatsApp por parte de Francisco Regino. Lo que comenzó como un acoso virtual pronto se convirtió en una pesadilla personal e institucional. En agosto de ese mismo año, Francisco Regino la convocó a un departamento en la agencia Donají, propiedad supuesta de su hermano Adelfo Regino, bajo el pretexto de “aclarar su situación laboral”. Sin embargo, al llegar allí, Adriana se enfrentó a una situación extremadamente incómoda en la que se le ofrecieron objetos sexuales y se le pidió que los utilizara mientras él observaba. Su negativa resultó en represalias laborales, incluyendo la prohibición de participar en actividades públicas y la asignación de tareas menores en la oficina.
Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca, destacó la valentía de Adriana al no quedarse en silencio y buscar vías diplomáticas para resolver la situación. También llamó la atención sobre la responsabilidad del titular del INPI, Adelfo Regino Montes, para tomar medidas en este caso y no tolerar a agresores dentro de su equipo de trabajo, haciendo hincapié en la importancia de la justicia y la rendición de cuentas.
Las defensoras y activistas presentes en la conferencia de prensa exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que acelere las denuncias presentadas por Adriana y otras víctimas de violencia de género, incluida Aracely Cruz Jiménez, víctima de Donato Vargas. Además, hicieron un llamado a la acción al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Secretaría de la Mujer de Oaxaca para no permanecer omisas en este caso.
En un contexto electoral, donde las candidatas mujeres son protagonistas, se subrayó la importancia de investigar, sancionar y separar de la militancia a aquellos que ejercen violencia y acoso sexual, sin importar su posición o influencia política.
Aracely Cruz Jiménez también expresó su decepción por la falta de acción de la diputada Irma Juan Carlos, instándola a que se enfoque en verdaderas acciones a favor de las mujeres indígenas en lugar de utilizar la causa de manera oportunista.
La denuncia de Adriana Hernández Vásquez y las demandas de justicia en este caso resonaron profundamente en la conferencia de prensa, dejando claro que la lucha contra el acoso y la violencia sexual es una prioridad urgente en la sociedad oaxaqueña.
