La CNTE en paro indefinido, el IPN tomado y la UACM con nueve horas de plantón frente a la SEP. No son tres conflictos distintos: son la misma crisis con tres rostros.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografia de portada: Emmanuel Rosas / apocalipstick.nau
Esta semana, la Ciudad de México amaneció con calles cortadas, contingentes marchando y plantones instalados en el corazón del Centro Histórico. No es una imagen nueva. Pero lo que ocurre en estos días tiene una particularidad que merece análisis: actores distintos, con agendas distintas y sin coordinación aparente, están confluyendo en el mismo espacio de disputa. Todos le hablan a la misma institución: la Secretaría de Educación Pública. Todos exigen lo mismo en el fondo: que el Estado cumpla su obligación constitucional con la educación pública.
El 25 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arrancó un paro indefinido de labores acompañado de movilizaciones simultáneas en Oaxaca y la Ciudad de México. Sus demandas no son nuevas: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa de 2019, mejoras salariales y laborales, y la instalación de una mesa tripartita de negociación con autoridades federales y estatales. Son las mismas demandas que el magisterio disidente lleva años planteando sin resolución. El gobierno de Claudia Sheinbaum, que llegó al poder con promesas de transformación, no ha ofrecido una respuesta estructural.
Mientras tanto, en el Politécnico Nacional, los estudiantes mantienen protestas y paros que rodean acusaciones de corrupción y presunto peculado dirigidas hacia el director general, Arturo Reyes Sandoval. El pliego petitorio incluye auditorías externas al IPN y a la Fundación Politécnico, incremento presupuestal, modernización de laboratorios y equipos, protocolos efectivos contra acoso, democratización interna y la desaparición de los cuerpos de seguridad privada identificados como COPS. No son caprichos estudiantiles. Son señales de una institución que acumula deudas históricas con quienes la sostienen.
Y hoy, 27 de mayo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México marcha también. La razón es más directa aún: la SEP simplemente no ha transferido los recursos que le corresponden por ley. Trescientos millones de pesos comprometidos mediante el Convenio U080, que se firma anualmente desde 2013, permanecen retenidos. La omisión pone en riesgo la operación de una universidad que atiende a casi 20,000 estudiantes, muchos de ellos en zonas de alta vulnerabilidad social, y que desde su fundación ha garantizado el acceso irrestricto y gratuito a la educación superior, derecho que apenas en 2019 alcanzó rango constitucional.
Lo que une a estos tres momentos no es una conspiración ni una coordinación política. Es algo más estructural y más preocupante: la educación pública en México está siendo administrada con una lógica que la subordina a otras prioridades. El episodio del calendario escolar lo ilustra sin ambigüedades. La SEP adelantó el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, argumentando la ola de calor y la realización del Mundial de Futbol 2026. La CNTE acusó que la medida no era pedagógica sino política, orientada a debilitar al movimiento magisterial en el contexto de su llamado a huelga nacional. La presión social obligó a dar marcha atrás: el Consejo Nacional de Autoridades Educativas terminó ratificando el calendario original, con los 185 días efectivos de clase. Pero el daño ya estaba hecho en términos de credibilidad: un secretario de educación que propone recortar el ciclo escolar para facilitar la logística de un torneo de futbol no está gobernando la educación; está administrando otra cosa.
Este panorama no puede leerse como una suma de conflictos sectoriales. Es la expresión de una crisis sistémica en la que el Estado no cumple sus compromisos presupuestales con las instituciones educativas, las comunidades escolares se organizan porque no tienen otra salida, y el gobierno responde con mesas de diálogo que los propios estudiantes del IPN rechazaron por no ofrecer soluciones palpables a sus demandas.
La educación pública en México se sostiene, en buena medida, gracias a quienes la defienden desde adentro: maestros que no se rinden, estudiantes que se organizan, comunidades universitarias que salen a las calles. No debería ser así. Un Estado que reconoce en su constitución el derecho a la educación superior tiene la obligación de financiarla, no de negociar su operación año con año ni de retener los fondos que la sostienen mientras el secretario de turno atiende otro tipo de agenda.
Lo que ocurre esta semana en las calles de la Ciudad de México no es ruido. Es el sistema educativo público diciéndole al Estado, una vez más, que está fallando.
