El Comité ¡EUREKA! denunció la demolición del complejo policial de Tlaxcoaque, declarado Sitio de Memoria en 2022, y advirtió que la destrucción del inmueble vulnera el derecho a la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas de la represión estatal.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 11 de febrero 2026.- El Comité ¡EUREKA! emitió un comunicado para denunciar la demolición del complejo policial de Tlaxcoaque, espacio reconocido oficialmente como Sitio de Memoria el 2 de octubre de 2022, durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo como Jefa de Gobierno de la capital.
El lugar, donde funcionaron las instalaciones de la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Departamento del Distrito Federal entre 1957 y 1989, fue señalado históricamente como centro de detenciones arbitrarias, tortura y represión política durante la llamada “guerra sucia” en México.
En su posicionamiento, el Comité lamentó que actualmente “ya no quede ninguna edificación en la superficie de este lugar, ni los túneles que existían bajo tierra”, y advirtió que la destrucción del complejo representa una afectación directa al derecho a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas.
Tlaxcoaque: de centro represivo a Sitio de Memoria
El 3 de octubre de 2021, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el proyecto del memorial colectivo “Tlaxcoaque: Sitio de Memoria”, con el objetivo de reivindicar y honrar a las víctimas que fueron llevadas a los sótanos del complejo policial.
En ese acto, la entonces jefa de Gobierno sostuvo que el propósito era reconstruir la memoria histórica y garantizar que estos hechos no se repitieran. Posteriormente, el 2 de octubre de 2022, el sitio fue declarado formalmente Sitio de Memoria.
En paralelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió el Decreto para la creación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, bajo la coordinación del entonces subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.
El proyecto contemplaba la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar reconocimientos forenses y documentales en el inmueble, así como la construcción de un memorial colectivo con participación de familiares y sobrevivientes.
“No es sólo un daño material”
En su comunicado, el Comité ¡EUREKA! sostuvo que cambiar, alterar o destruir un Sitio de Memoria “afecta el propósito para lo que fue declarado”, pues estos espacios cumplen la función de conservar el recuerdo de hechos, personas y tragedias que marcaron la historia nacional.
“Tlaxcoaque, al igual que todos los centros de tortura y de detención clandestina o desaparición forzada en México, son lugares ligados a injusticias, violencia y sufrimiento. Son testigos físicos del pasado”, señala el documento.
El Comité advirtió que la demolición no sólo implica la pérdida de un inmueble, sino una ruptura del acuerdo social que reconoce estos espacios como patrimonio simbólico de la memoria colectiva y no como propiedad administrativa de un gobierno en turno.
Asimismo, alertó que la alteración del sitio interfiere con la preservación de la verdad histórica y abre la puerta a interpretaciones que distorsionen lo ocurrido durante la etapa represiva del Estado mexicano en la segunda mitad del siglo XX.
En los sótanos de Tlaxcoaque operaban los llamados “separos”, donde personas detenidas eran retenidas antes de ser presentadas ante un juez. Diversos testimonios documentaron prácticas de tortura, tratos crueles y la fabricación de delitos. En ese periodo, ejecuciones y desapariciones forzadas fueron encubiertas como suicidios o casos sin resolver.
El proyecto de memorial fue impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en coordinación con instancias federales y con la colaboración del Museo Casa de la Memoria Indómita.
Para el Comité ¡EUREKA!, la demolición del complejo policial contradice el espíritu del decreto de memoria y justicia impulsado por el gobierno federal y capitalino en años recientes.
En su conclusión, el organismo afirmó que el complejo policial de Tlaxcoaque —reconocido como espacio de represión estatal y vinculado a graves violaciones a derechos humanos— fue demolido, lo que constituye “no sólo un daño material, sino un atropello a la historia, al derecho a la verdad y a la memoria social”.
