Un ejercicio de documentación en comunidades purépecha, zapoteca y yaqui señala a autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las fuerzas armadas entre los responsables de las desapariciones, y advierte que la violencia digital se ha vuelto una nueva herramienta contra quienes defienden el territorio.
Por Alejandra González / @summer.daisies.a
Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- Los registros oficiales no reflejan la magnitud real de las desapariciones de personas indígenas en México, y entre los responsables no figura únicamente el crimen organizado, sino también autoridades municipales, estatales y federales, incluidas las fuerzas armadas. Así lo documentó la organización Voces del Territorio, que este miércoles presentó los resultados de un ejercicio realizado directamente en los pueblos originarios, con el que busca visibilizar una realidad que permanece oculta en los registros institucionales.
El señalamiento sobre la responsabilidad del Estado fue central. “Los testimonios señalan no solamente al crimen organizado como perpetrador de las desapariciones, sino también a autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo a las fuerzas armadas, ya sea por participación directa, colaboración o aquiescencia”, afirmó Anabela Carlón Flores, directora de la organización.
La presentación ocurrió en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a unas semanas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El ejercicio se sostiene en 152 encuestas y 45 entrevistas aplicadas a familiares que buscan a sus desaparecidos en comunidades purépecha de Michoacán, zapoteca de Oaxaca y yaqui de Sonora. Casi la mitad de las personas desaparecidas tenía entre 18 y 30 años.
Los datos dibujan el abandono institucional que enfrentan las familias. El 77.8 % no conoce el paradero de su ser querido. Aunque el 60 % presentó una denuncia formal, el 84.4 % aseguró no haber recibido ningún apoyo gubernamental pese a haberla interpuesto, y casi la mitad —el 47.7 %— realiza la búsqueda por cuenta propia. Otro 28.9 % ni siquiera denunció, por desconocimiento de las instituciones, desconfianza en las autoridades o la lejanía de los servicios.
A la ausencia del Estado se suma la violencia directa contra quienes buscan. El 65.1 % de las familias fue víctima de amenazas de muerte, [5.1 %] recibió amenazas de secuestro o desaparición y el 48.8 % reportó afectaciones a su salud mental. La documentación registró además 21 casos de asesinato de personas cercanas o de encarcelamiento, un reflejo de la violencia que rodea a las comunidades indígenas tanto en la defensa de sus territorios como en la búsqueda de sus familiares.
El estudio dedica un apartado a la violencia digital, que las comunidades no viven como un hecho aislado, sino como una prolongación de la violencia territorial. El acceso desigual a una vida digital segura —marcado por la falta de infraestructura, electricidad e internet— agrava el riesgo, y son las mujeres indígenas quienes con mayor frecuencia enfrentan agresiones en línea, atravesadas por discursos racistas y machistas. La mayoría de las personas de estas comunidades, señala la documentación, no cuenta con herramientas ni formación para defenderse de esos ataques.
Buena parte de esas agresiones responde a intereses políticos, empresariales y del crimen organizado, orientados a frenar o debilitar las luchas por la defensa del territorio. Frente a ello, las comunidades han construido sus propias estrategias de resistencia: medios independientes, mecanismos de filtrado de información y distintas formas de organización colectiva.
Esa autonomía también marca la búsqueda. Las comunidades reconocieron que no existe un protocolo estandarizado, porque cada territorio es distinto y opera con sus propios métodos. Ante un caso local de desaparición, convocan asambleas o consejos de seguridad para decidir los siguientes pasos, y son ellas mismas quienes asumen la búsqueda de soluciones ante la escasa respuesta de las autoridades.
Finalmente, las organizaciones exigieron a las autoridades generar información desagregada por condición étnica y de género, que permita dimensionar las violencias que enfrentan los pueblos indígenas y diseñar políticas públicas con pertinencia cultural. Insistieron en que la documentación comunitaria demuestra la necesidad de fortalecer los registros oficiales para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia, y en facilitar a las familias el acceso a las carpetas de búsqueda para localizar a sus desaparecidos desde un espacio informado y seguro.
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Esta nota es resultado del Programa de Periodismo Juvenil 2026, un proceso formativo impulsado por ARTICLE 19 y Somoselmedio para fortalecer las herramientas de jóvenes interesados en el periodismo y la comunicación.
