El 28 de mayo de 2004, 57 personas fueron detenidas, torturadas y fabricadas de delitos. 22 años después, los responsables acumularon cargos. Ninguno fue sancionado.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
A 22 años de la represión ocurrida el 28 de mayo de 2004 durante las protestas contra la III Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea en Guadalajara, la Coordinadora 28 de Mayo y organizaciones de derechos humanos mantienen la exigencia de justicia y reparación integral para las víctimas. Ninguno de los responsables ha sido sancionado.
En aquel operativo, las fuerzas policiales estatales y municipales detuvieron a 57 personas de forma injustificada, de las cuales 13 fueron mujeres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 73 retenciones ilegales, 19 casos de tortura, 55 denuncias por trato cruel y degradante, y 73 personas que permanecieron incomunicadas y a quienes se les fabricaron delitos y confesiones. A los extranjeros detenidos se les trasladó a las oficinas de migración y fueron deportados bajo amenaza, obligados a firmar declaraciones en blanco.
Arcadia Lara, integrante de la Coordinadora 28 de Mayo, ha documentado las condiciones en que se desarrollaron las detenciones: los detenidos fueron trasladados con amenazas de desaparición, retenidos de manera ilegal toda la noche en los sótanos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, privados de alimento y agua, y sometidos a tratos crueles. A las mujeres se les obligó a desnudarse y se les amenazó con violación sexual.
La marcha convocada ese día partió de la Glorieta de la Minerva con destino al Templo de Aranzazú, donde se leería un comunicado y se realizaría una clausura con evento cultural. Los contingentes fueron detenidos por una valla de policías antimotines antes de llegar a la calle 16 de septiembre y Juárez. Como respuesta a la represión, se creó la Coordinadora 28 de Mayo, que instaló un plantón por más de un año, hasta que fue liberado el último de los detenidos.
A dos décadas y dos años de los hechos, ninguna autoridad estatal abrió una investigación formal. La frase del entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña sintetizó la postura institucional: “Nadie me obliga a dar ninguna respuesta a los organismos de Derechos Humanos”.
La impunidad no se limitó a la ausencia de sanciones. Los funcionarios señalados como responsables acumularon cargos y ascensos en los años siguientes.
Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco, fue nombrado Secretario de Gobernación en el gabinete de Felipe Calderón entre 2006 y 2008. En las elecciones de junio de 2024, con 73 años, fue electo senador de la República por el PAN con el principio de primera minoría por Jalisco, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2024 y ejerce actualmente en la LXVI Legislatura.
Emilio González Márquez, entonces presidente municipal de Guadalajara, heredó la gubernatura de Jalisco de Ramírez Acuña y la ejerció de 2007 a 2013.
Luis Carlos Nájera, encargado del operativo del 28 de mayo de 2004, fue posteriormente Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Emilio González Márquez, luego Fiscal General y finalmente Secretario del Trabajo en la administración de Aristóteles Sandoval.
Filiberto Ortiz Amador, entonces subsecretario de Seguridad Pública del Estado e identificado como uno de los perpetradores de la tortura, continuó en funciones dentro de la policía de Guadalajara durante administraciones sucesivas. Reportes periodísticos lo documentaron como jefe del área de investigaciones de la Comisaría de Guadalajara y comandante en operativos del Estadio Jalisco bajo la gestión de Enrique Alfaro. No existe información pública que confirme su separación del cargo a la fecha.
Gerardo Octavio Solís Gómez, quien era procurador del Estado entre 2001 y 2005 y acumuló más de cinco mil denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por violaciones a los derechos humanos, fue designado Fiscal General de Jalisco en diciembre de 2018. Renunció al cargo en febrero de 2022 por motivos de salud, según informó en ese momento. En su lugar, el gobernador Pablo Lemus Navarro designó a Salvador González de los Santos como titular de la Fiscalía General del Estado, cargo que asumió en diciembre de 2024 y ejerce actualmente.
22 años, cero condenas
La Coordinadora 28 de Mayo ha sostenido durante más de dos décadas que la ausencia de justicia no es una omisión sino una decisión. Las organizaciones de derechos humanos que acompañaron el caso señalan que la trayectoria ascendente de los funcionarios señalados constituye en sí misma una forma de mensaje institucional hacia quienes se movilicen.
El patrón documentado en 2004 —detención arbitraria, tortura, fabricación de delitos, incomunicación— ha sido identificado por organismos civiles en episodios posteriores de represión en Jalisco, incluyendo el llamado “halconazo” del 6 de junio de 2020, cuando presuntos agentes de la Fiscalía del Estado realizaron detenciones de manifestantes que exigían justicia por la muerte de Giovanni López.
