Académicos de la Universidad de Guadalajara denunciaron que el agua en la ZMG presenta organismos vivos, alta turbiedad y posibles fallas de cloración. Señalan una “gobernanza tóxica” con infraestructura colapsada, fuentes contaminadas y silencio institucional que vulnera derechos humanos.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Guadalajara, Jalisco,18 de marzo 2026.- La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara no es un episodio aislado ni reciente. Es, de acuerdo con académicos de la Universidad de Guadalajara, el resultado de una gestión estructural fallida que hoy se expresa en una posible crisis sanitaria, infraestructura colapsada y omisiones institucionales que vulneran derechos humanos.
En la rueda de prensa La verdad del agua en la ZMG: alerta y lo que la población debe saber, especialistas advirtieron que el agua que llega a los hogares no solo presenta mala calidad, sino evidencia de falta de tratamiento adecuado, incluyendo la presencia de organismos vivos y parámetros fuera de norma.
La doctora Aida Alejandra Guerrero de León presentó uno de los hallazgos más graves: la detección de vida microscópica en agua de uso doméstico, lo que sugiere fallas en el proceso de potabilización.
“Encontramos microbiota como algas, restos vegetales, anélidos y macroinvertebrados en el agua de domicilio. Esto nos evidencia que no hay tratamiento, porque estos organismos deberían eliminarse con la cloración. Además, registramos niveles de turbiedad muy por encima de la norma, lo que confirma que el agua no es apta para consumo.”
Los análisis, explicó, muestran valores muy por encima de los establecidos por la NOM-127, con niveles de turbiedad cercanos a 40 cuando el límite permitido es 3. La advertencia es directa: el agua distribuida en distintas zonas de la ciudad no cumple condiciones básicas de potabilidad.
Para la doctora Alicia Torres Rodríguez, el problema no es técnico sino político y estructural. Lo definió como una forma de gestión que reproduce contaminación, desigualdad y riesgo.
“Yo la denomino la gobernanza tóxica del agua. Tenemos fuentes de abastecimiento contaminadas, plantas potabilizadoras que no cumplen la norma y una red de distribución obsoleta. Todo esto genera un sistema que no garantiza agua de calidad para la población.”
Desde esta perspectiva, el modelo actual no solo falla en garantizar el servicio, sino que traslada los costos a la población.
El maestro Eduardo Juárez Carrillo expuso la magnitud del deterioro del sistema: cerca del 50% del agua tratada se pierde antes de llegar a los hogares.
“Cerca del 50% del agua que se potabiliza se pierde en el trayecto de la planta a las casas. Estamos hablando de más de 100 millones de metros cúbicos de agua tratada que se van al subsuelo. Tiramos prácticamente la mitad del agua por una mala red de distribución.”
A esto se suma una capacidad operativa limitada. Según lo expuesto, el sistema cuenta con apenas cuatro o cinco muestreadores para una ciudad de millones de habitantes, lo que evidencia una grave insuficiencia para monitorear la calidad del agua.
Uno de los puntos más críticos de la conferencia fue la denuncia de contradicciones entre la evidencia científica y el discurso oficial. Los académicos cuestionaron que, pese a los hallazgos, no se haya emitido una alerta sanitaria ni información clara para la población.
“El secretario de salud dijo que no hay problema con el agua. ¿En serio? ¿Cuánta gente confía en eso y la sigue usando? Esto es muy grave porque estamos hablando de riesgos a la salud.”
La crítica apunta a una falta de transparencia que, en lugar de contener la crisis, podría profundizarla. La crisis tiene efectos directos en la vida cotidiana. Ante la desconfianza en el suministro, la población ha tenido que modificar sus hábitos y asumir costos adicionales.
“El 96% de las personas no utiliza el agua de la llave para cocinar. La gente compra agua de garrafón, lo que implica un gasto constante. El agua ya está privatizada de facto.”
Para los especialistas, esto representa una violación al derecho humano al agua, al saneamiento y a la salud, al obligar a las familias a pagar por un recurso que el Estado debería garantizar.
¿Crisis o bancarrota hídrica?
Los académicos también advirtieron que Guadalajara podría acercarse a un escenario más grave: la llamada bancarrota hídrica, en la que ya no existen fuentes de agua limpia suficientes para cubrir las necesidades básicas.
El deterioro de Chapala, el Río Santiago y otros cuerpos de agua, junto con la sobreexplotación y contaminación, plantea un escenario en el que las soluciones ya no pueden limitarse a nuevas obras de extracción.
La conferencia cerró con un llamado directo a la rendición de cuentas. Los académicos señalaron que la crisis no puede seguir tratándose como un problema técnico sin consecuencias políticas.
“Debe haber una sanción política y jurídica para los responsables. Se están violando derechos humanos: el derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.
No podemos normalizar que la población reciba agua contaminada.”
Además, plantearon la necesidad de un diagnóstico independiente, con participación de universidades y sociedad civil, así como un plan integral que priorice la rehabilitación del sistema antes de impulsar nuevas obras.
La noción de “gobernanza tóxica” expone que el problema del agua en Guadalajara no es solo hidráulico. Es también una crisis de poder: de decisiones públicas, de prioridades presupuestales y de responsabilidad institucional.
Mientras la infraestructura se deteriora y las fuentes se contaminan, la población enfrenta un escenario en el que el acceso al agua segura deja de ser un derecho garantizado y se convierte en una carga económica y sanitaria.
La advertencia de los académicos es que sin cambios estructurales, la crisis no solo continuará, sino que podría profundizarse hasta volverse irreversible.
