Mientras Jalisco se presenta como pionero en política de cuidados, la crisis del agua expone la distancia entre el discurso institucional y las condiciones materiales que sostienen la vida.
Por Josefina Gómez
Sería un absurdo negar que el movimiento feminista y de mujeres ha sido uno de los movimientos sociales más importantes del último siglo. Los avances en materia de igualdad, desde el derecho a votar y ser votadas, hasta la incorporación de los derechos sexuales, reproductivos y de cuidados en la agenda pública, no han sido concesiones, sino resultado de décadas de organización, incidencia y persistencia de generaciones de mujeres.
Es precisamente dentro de esos esfuerzos sostenidos donde se inscribe el derecho a cuidar y ser cuidadas, una agenda que se ha posicionado con mayor fuerza en los últimos años y que adquirió mayor visibilidad a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19. La pandemia dejó al descubierto la importancia de los cuidados para el sostenimiento y la reproducción de la vida, así como las profundas desigualdades en la forma en que históricamente han sido distribuidos.
En los últimos años, los gobiernos han incorporado el lenguaje de los cuidados en sus discursos y políticas públicas. Jalisco no fue la excepción: se convirtió en la primera entidad federativa en contar con un Sistema Integral de Cuidados, y los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto han comenzado a desarrollar políticas, programas y mecanismos institucionales para avanzar hacia la consolidación de sistemas locales de cuidados. Sin embargo, a pesar de estos avances, estas acciones responden más a una lógica utilitaria que a un compromiso real con la agenda de género.
Una de esas condiciones fundamentales para cuidar y sostener la vida es el acceso al agua. De acuerdo con un informe conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, las crisis de agua afectan de manera diferenciada a las mujeres debido a la división sexual del trabajo, que históricamente les ha asignado la responsabilidad principal de las labores domésticas y de cuidados. Cuando el acceso al agua es limitado, insuficiente o de mala calidad, son las mujeres, niñas y adolescentes quienes enfrentan mayores impactos, pues sobre ellas recae la gestión cotidiana de las tareas necesarias para sostener la vida, como la preparación de alimentos, la limpieza y el cuidado de niñas, niños, personas enfermas, adultas mayores o con alguna condición de discapacidad.
La precariedad en el acceso al agua incrementa el tiempo y trabajo no remunerado que realizan, profundizando desigualdades existentes. En los hogares sin acceso suficiente o constante al agua, son principalmente mujeres y niñas quienes asumen las tareas de abastecimiento y gestión del recurso, afectando su autonomía, bienestar y disponibilidad de tiempo para otras actividades.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del INEGI, las mujeres destinan 66.8% de su tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas, frente a 33.2% en el caso de los hombres; en el trabajo doméstico específicamente, la brecha alcanza 16.7 horas semanales. Esta desigualdad evidencia que estas responsabilidades continúan recayendo de manera desproporcionada sobre ellas. Esto significa que cualquier crisis que afecte las condiciones básicas para sostener la vida, como la falta de agua, su mala calidad o la insuficiencia de servicios públicos, impacta de manera diferenciada a quienes ya cargan con una responsabilidad históricamente feminizada.
Por ello, resulta contradictorio que los gobiernos coloquen el discurso de los cuidados como una prioridad mientras omiten incorporar una verdadera perspectiva de género en la toma de decisiones públicas. En Jalisco, donde se han impulsado sistemas y políticas de cuidados, la crisis hídrica evidencia una deuda pendiente: no basta con promover acciones de cuidado si no se garantizan las condiciones materiales que permiten cuidar y sostener la vida dignamente.
Más aún, resulta contradictorio que mientras los gobiernos hablan de cuidados, las respuestas frente a la crisis hídrica sigan planteándose desde una lógica que privilegia soluciones técnicas o de mercado, sin discutir las desigualdades que atraviesan el acceso al agua. Privatizar, concesionar o trasladar la gestión del agua hacia esquemas que reduzcan su carácter de derecho humano no puede presentarse como una política de cuidados.
Una política de cuidados no puede estar separada de la protección del agua, del territorio y del derecho de las personas a vivir en entornos seguros y saludables.
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Fuentes consultadas: OMS-UNICEF, Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022: Special focus on gender (2023); INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 2024.
