Ejidatarios y organizaciones del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco acusaron a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno de Zacatecas de violar sus derechos colectivos mediante engaños y amenazas para reactivar el megaproyecto de la Presa Milpillas, cancelado desde 2019 por falta de permisos y oposición comunitaria.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Zacatecas, México.- A casi una década del anuncio oficial de la Presa Milpillas, comunidades del municipio de Jiménez del Teúl y ejidos del río Atenco volvieron a denunciar intentos de imposición del megaproyecto hídrico por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y autoridades municipales.
Integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco informaron que el 3 de octubre realizaron una visita informativa a las comunidades de Carretas, Bocas y Mezquite Blanco, donde desmintieron rumores de que los ejidos habrían aceptado el proyecto. Según su comunicado, funcionarios federales y estatales han buscado reactivar la presa mediante presiones, amenazas y desinformación.
Los pobladores denunciaron que personal de CONAGUA ofrece construir pequeñas represas que las comunidades “nunca solicitaron” y ha acusado falsamente a los ejidatarios de “robar agua del río o usarla sin permiso”, con el argumento de que “todo quedará bajo control de la institución”.
El Movimiento señaló también la complicidad del presidente municipal de Jiménez del Teúl, Daniel Cisneros Esparza, quien, según testimonios, ha pedido a las y los pobladores que “no digan nada, solo escuchen”, negándoles su derecho a la participación y ocultando información sobre las consecuencias sociales y ambientales del proyecto.
Un megaproyecto rechazado desde su origen
La Presa Milpillas fue anunciada en 2015 por el entonces gobernador Miguel Alonso Reyes como “la solución al desabasto de agua” en el corredor urbano-industrial Fresnillo–Zacatecas–Guadalupe. El plan incluía una cortina de 88 metros y un acueducto de 166 kilómetros para extraer agua del río Atenco y abastecer la zona conurbada.
Sin embargo, desde sus primeras etapas, al menos 19 ejidos —entre ellos Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales— rechazaron el proyecto, argumentando que afectaría sus ecosistemas, agravaría el estrés hídrico y abriría la puerta a la explotación del agua por parte de mineras y cerveceras, como Grupo Peñoles, Fresnillo PLC y Grupo Modelo.
Especialistas han advertido desde 2016 que el proyecto era técnicamente inviable, ya que los costos energéticos para bombear el agua serían insostenibles y no existían estudios científicos que demostraran la recuperación de los acuíferos.
En 2019, la CONAGUA canceló oficialmente una inversión de 504 millones de pesos destinada a la obra, argumentando incumplimientos del convenio de coordinación firmado en 2018: falta de permisos ambientales, terrenos sin liberar y ausencia de indemnización a los ejidos.
El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sostiene que la insistencia de CONAGUA y el gobierno de Zacatecas viola los derechos humanos y colectivos reconocidos en la Constitución mexicana y tratados internacionales. Entre ellos, mencionan:
El derecho de los ejidatarios a decidir en Asamblea Agraria sobre el uso de sus tierras (Art. 27 Constitucional y Ley Agraria).
El derecho al acceso a la información y participación ciudadana, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En su pronunciamiento, las comunidades afirmaron que “No necesitamos megaproyectos que despojan y fragmentan, sino programas que fortalezcan la vida comunitaria, garanticen la sustentabilidad y respeten nuestros derechos humanos”.
Desde 2015, las comunidades del río Atenco han mantenido una resistencia pacífica y organizada, basada en la autodeterminación y la defensa del territorio. Han denunciado agresiones, campañas de desinformación y criminalización, pero también han logrado visibilizar el caso como un ejemplo nacional de resistencia frente al despojo hídrico.
Ejidatarios han insistido que la cancelación del proyecto no fue un logro gubernamental, sino resultado de la movilización comunitaria y la articulación social. Hoy, ante los nuevos intentos de reactivarlo, reiteran su postura:
“La última palabra sobre el uso de las tierras ejidales corresponde a las Asambleas”.
El Movimiento exigió al gobierno federal y estatal la cancelación definitiva del proyecto Milpillas y el respeto pleno a los derechos de los pueblos del río Atenco.
