Por Max González Reyes
Desde que empezó a gobernar la llamada Cuarta Transformación en 2018, ha propuesto iniciativas que buscan acomodar las leyes a su forma de percibir la realidad. Es bastante conocido que el gobierno anterior, el de Andrés Manuel López Obrador, buscó a toda costa concentrar el poder a través de la desaparición de los órganos autónomos, así como controlar el Poder Judicial, lo cual no se logró durante ese gobierno, pero sí iniciado este sexenio. Esa tendencia continúa en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Apenas iniciado el actual periodo ordinario, la titular del poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley, la cual busca reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales, la cual tiene como objeto “establecer expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el requisito de no tener ni adquirir una nacionalidad distinta de la mexicana para acceder y ejercer los cargos de presidenta o presidente de la República, gobernadora o gobernador de una entidad federativa y jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, salvo que se renuncie a ella en los términos que establezca la ley antes del registro de la candidatura ante la autoridad electoral competente. La iniciativa busca asegurar que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan, antes y durante el ejercicio del cargo, un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano. Para ello, establece una condición de elegibilidad específica, objetiva y verificable, justificada por la naturaleza de estas altas responsabilidades públicas”.
A simple vista, la iniciativa parece apropiada, pero cuando se analiza con un poco de detenimiento tiene varias aristas. De entrada, la propuesta va en contra del principio de progresividad, establecido en el artículo primero de la Constitución Política, que se refiere a que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, es decir, las reformas a las leyes deben buscar ampliar los derechos humanos y no restringirlos. Esta iniciativa pretende restringir el derecho de la doble nacionalidad.
Aunado a lo anterior, una vez que un derecho humano es reconocido por las leyes no puede haber un retroceso, no puede ser reducido o eliminado, eso que en el mundo jurídico se conoce como principio pro persona.
Cabe señalar que el artículo 32 de nuestra Constitución establece que para el ejercicio de los cargos y funciones se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, sin embargo, no prohíbe a quienes previamente hayan adquirido otra nacionalidad para hacerse cargo de una responsabilidad. Aunado a ello, el artículo 82 señala los requisitos para ser presidente y no menciona algo sobre la doble nacionalidad.
La explicación de la propuesta presidencial se debe entender en el afán de hacer leyes a modo que busquen eliminar a posibles adversarios. Se ha mencionado que uno de los destinatarios de esta iniciativa es el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien posee la nacionalidad estadounidense. De ser aprobada la iniciativa incluso limitaría a miembros de la coalición gobernante como Javier Bonilla, ex gobernador de Baja California, quien también tiene la nacionalidad estadounidense, e incluso al secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien tiene la nacionalidad francesa.
Además, la propuesta contrasta con lo que la propia Cuarta Transformación propuso en 2019 cuando promovió una reforma para permitir que un ciudadano naturalizado pudiera asumir un cargo público. Como se recordará Paco Ignacio Taibo II fue designado titular del Fondo de Cultura Económica, cargo que se refrendó en este sexenio. Hoy la iniciativa es diametralmente opuesta.
Lo más grave del caso es que se está ocupando la Constitución como un instrumento político para descartar o apoyar adversarios o aliados. Las reformas a la Constitución no deben tener dedicatoria o deben limitar a ciertas personas o grupos. Lamentablemente hemos visto que la coalición gobernante utiliza su mayoría legislativa para obstaculizar a unos y apoyar a otros. Ahí está el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco o del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
La iniciativa de la doble nacionalidad ya se presentó y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Según declaraciones del coordinador Ricardo Monreal, la propuesta se analizaría en dicha Comisión y podría ser aprobada por el Pleno durante la segunda quincena de septiembre, pasadas las celebraciones por la Independencia.
No será extraño que en la Comisión se apruebe al vapor y una vez presentada en el Pleno corra la misma suerte sin entrar al fondo del asunto. Legislar con dedicatoria es igual de grave que aprobar sin conocer lo que se vota.
Esta propuesta no nace de una demanda popular o del reclamo ciudadano, no es urgente, pues no hay en el horizonte alguna amenaza. Sin embargo, por venir del Ejecutivo, los legisladores le darán prioridad. Pero la iniciativa tiene un sesmo meramente partidista. La función de una Constitución es establecer las reglas de convivencia política, pero tristemente cada vez se le agregan componentes políticos.
