Más de 90 colectivos de familias buscadoras exigieron al Estado mexicano pasar de administrar la crisis de desapariciones a erradicarla. El posicionamiento llegó un día después del ataque armado contra la buscadora Alma Rosa Rojo Medina en Culiacán.
Por Redacción / @Somoselmedio
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) presentó este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un posicionamiento en el que sostiene que el país ya cuenta con leyes, protocolos y registros, pero no con resultados. “La existencia de un registro no encuentra a una persona; la apertura de un expediente no sustituye una investigación; una recomendación no transforma la realidad si no se cumple”, escribieron las familias en el comunicado difundido en el marco de la Jornada de Lucha.
El planteamiento no es abstracto. Se dirige contra la lógica administrativa con la que el Estado mexicano ha respondido a la desaparición durante casi dos décadas: producir instrumentos normativos y bases de datos sin que ello se traduzca en localizaciones, identificaciones o sentencias. “No basta con cifras, registros, folios y protocolos. Exigimos prevención, búsqueda, identificación y justicia”, señalaron. Y remataron con la frase que ha sostenido al movimiento desde su fundación: “No buscamos números. Buscamos personas”.
El ataque contra Alma Rosa Rojo Medina
El comunicado se publicó un día después de que Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fuera atacada a balazos en Culiacán, Sinaloa. La agresión ocurrió la tarde del sábado 29 de agosto en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de la capital sinaloense, cuando viajaba en un vehículo junto con su hija —también integrante del colectivo— y sus tres nietas. Rojo Medina, quien comenzó a buscar tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel Rojo el 4 de julio de 2009, fue reportada estable con una herida de bala en el brazo. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por tentativa de feminicidio.
“Este 29 de agosto, nuestra compañera Alma Rosa Rojo Medina […] fue atacada a balazos en Culiacán, Sinaloa, mientras se encontraba con integrantes de su familia”, consignó el MNDM, que exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial. Las familias vincularon el atentado con una demanda que arrastran desde hace años: “Buscar a una persona desaparecida no puede convertirse en una actividad que exponga a quienes la realizan a nuevas violencias”.
El caso se inscribe en una continuidad reconocible en Sinaloa. En 2014 fue asesinada en Culiacán Sandra Luz Hernández, madre buscadora que rastreaba a su hijo Édgar García Hernández. Doce años después, la protección institucional para quienes buscan sigue sin funcionar.
Dos organismos internacionales, un mismo diagnóstico
El posicionamiento del MNDM se apoya en dos resoluciones internacionales recientes. El 11 de mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Desapariciones en México”, con 40 recomendaciones al Estado mexicano. En su presentación, la vicepresidenta y relatora para México, Andrea Pochak, señaló que al corte de junio de 2025 la Comisión contabilizó más de 128 mil personas desaparecidas —frente a las 132 mil del Registro Nacional— y que conteos independientes estiman más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. Pochak describió el fenómeno como generalizado e indiscriminado, y afirmó que la dimensión de la crisis mexicana no tiene precedente regional.
La segunda vía es más grave y el comunicado la menciona sin nombrarla del todo. El 19 de marzo de 2026 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención, y el 12 de mayo el secretario general António Guterres transmitió la nota A/80/737 a los Estados miembros de la Asamblea General. En su decisión, el Comité concluyó que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El MNDM pidió que esa ruta no se reduzca a una controversia diplomática. “Esta ruta no debe reducirse a una controversia política o diplomática ni minimizarse”, escribieron, y llamaron al Estado mexicano a no enfocarse “en las diferencias entre instituciones ni en las controversias entre gobiernos”. La formulación responde a la reacción oficial: desde abril de 2025, la respuesta del gobierno federal ante el artículo 34 ha oscilado entre el cuestionamiento al procedimiento y la disputa sobre la calidad de las cifras del registro.
Lo que exigen las familias
El documento enumera seis exigencias concretas: prevención efectiva, búsqueda inmediata activada desde las primeras horas y sin disputas de competencia, investigación articulada con la búsqueda, identificación con certeza científica, justicia sin dilaciones y verdad con participación efectiva de las familias. El llamado se dirige a autoridades federales, estatales y municipales, fiscalías, comisiones de búsqueda, instituciones forenses y poderes judiciales.
También interpela a la sociedad. “Ninguna desaparición debe volverse normal. Ninguna familia debería buscar sola a quien ama”, escribieron. Y colocaron una crítica que el Estado no ha respondido: “Basta de normalizar que las familias tengamos que asumir tareas de búsqueda que corresponden al Estado”.
El MNDM está conformado por más de 90 colectivos de 26 estados de la República, de tres países de Centroamérica y de Estados Unidos. El comunicado cierra con la fórmula que las familias repiten cada 30 de agosto desde hace más de una década: “Hasta encontrarles”.
