Miles de personas, en su mayoría jóvenes, tomaron las calles de Lima y otras regiones del Perú en una jornada histórica de protesta ciudadana contra la inseguridad, la impunidad y el nuevo presidente interino.
Por Redacción / @Somoselmedio Fotografías: Wayka
Lima, Perú – 15 de octubre de 2025.- En una de las mayores movilizaciones juveniles de los últimos años, miles de ciudadanos peruanos, liderados por la Generación Z, protagonizaron una multitudinaria protesta nacional para exigir la renuncia del presidente interino José Jerí y la derogación de leyes que, según diversos sectores, favorecen el crimen organizado. La manifestación, conocida como la “Marcha Nacional”, tuvo como epicentro la ciudad de Lima, aunque también se replicó en más de 15 regiones del país.
La convocatoria, iniciada por colectivos estudiantiles, sindicatos, artistas, organizaciones feministas y ciudadanos autoconvocados, comenzó con movilizaciones pacíficas desde cinco puntos clave de la capital: Plaza Dos de Mayo, Plaza San Martín, Campo de Marte, Parque Kennedy y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Cientos de jóvenes, muchos portando banderas del Perú y estandartes negros con calaveras al estilo del anime One Piece, avanzaron hacia el Congreso de la República para exigir reformas profundas. Las principales consignas: “¡Fuera José Jerí!”, “¡Derogación de las leyes pro-crimen ya!” y “¡Constituyente ahora!”.
Al caer la noche, se registraron enfrentamientos cerca del Parlamento, donde la Policía Nacional lanzó gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes que intentaba cruzar las vallas de seguridad. El saldo oficial: al menos 15 policías heridos y varios detenidos. Pese a estos hechos, la mayoría de la protesta se mantuvo pacífica.
¿Qué exigen los manifestantes?
Las demandas de la ciudadanía, amplificadas por las redes sociales con hashtags como #15O, #GeneraciónZ y #MarchaNacional, se centran en:
- La renuncia de José Jerí, presidente interino tras la destitución de Dina Boluarte.
- La derogación inmediata de leyes “pro-crimen” aprobadas por el Congreso.
- La disolución del Congreso y convocatoria a una Asamblea Constituyente.
- Reformas en seguridad ciudadana y lucha efectiva contra la corrupción.
- Justicia para las víctimas de represión estatal y alto a la criminalización de la protesta.
Las leyes señaladas por los manifestantes incluyen normas que limitan la detención preliminar, dificultan la incautación de bienes a mafias, debilitan la colaboración eficaz y restringen investigaciones a partidos políticos por crimen organizado.
Juristas y colectivos ciudadanos acusan al Congreso de haber aprobado estas normas para blindarse ante investigaciones por corrupción, mientras la criminalidad y la impunidad se disparan en todo el país.
Hasta el momento, el Congreso no ha mostrado disposición a derogar las leyes cuestionadas ni a considerar la renuncia de José Jerí. Por el contrario, se ha limitado a condenar los actos violentos ocurridos en Lima y a respaldar al gobierno de transición.
José Jerí, por su parte, ha declarado en redes sociales que respalda el derecho a protestar, pero no la violencia, y ha reiterado que su prioridad es declarar la guerra al crimen. Sin embargo, su permanencia en el cargo, su historial legislativo y una denuncia de agresión sexual archivada en su contra han minado la confianza ciudadana.
Con siete presidentes en nueve años, una crisis de inseguridad sin precedentes y un Congreso desacreditado, Perú vive un momento clave. Los manifestantes no planean detenerse. Voces desde la sociedad civil han propuesto que un congresista independiente asuma el gobierno de transición hasta las elecciones de 2026.
