Por Redacción/@Somoselmedio
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que debido al Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad por la pandemia de Covid-19, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se vera obligada a detener sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
A través de un comunicado de prensa, la comisión encargada de la atención a víctimas, detalló que en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal, la CEAV resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento debido a que no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado con plazas eventuales y de outsourcing. Además de enfrentar 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.
A pesar de que la CEAV se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizará una reducción del 75 por ciento del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, el cual asciende a 139.4 millones de pesos.
Ante esto, la institución denunció que con esta reducción a su presupuesto no logrará garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
Por todo lo anterior la CEAV explicó que el impacto que tendrá el recorte del 75% provocará un ajuste en la nómina; no será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
El recorte a su presupuesto también pone en riesgo el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.
