En su declaración de cierre de misión, el Relator Especial de la ONU Marcos A. Orellana señaló que en México existen “zonas de sacrificio” asociadas a la contaminación por sustancias tóxicas, incluyendo casos documentados en ríos como el Santiago, Lerma y Atoyac. El experto afirmó que “no existe un derecho adquirido a contaminar” y llamó al Estado mexicano a fortalecer acciones de justicia ambiental, garantizar acceso a la información y avanzar en la reparación de daños a comunidades afectadas.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 20 de marzo 2026.- El Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos A. Orellana, señaló que en México existen “zonas de sacrificio, donde los esfuerzos de las autoridades y las normas que protegen la salud y el medio ambiente han resultado insuficientes”, al presentar las conclusiones preliminares de su visita oficial.
El experto realizó una misión del 9 al 20 de marzo de 2026, durante la cual sostuvo reuniones con autoridades de distintas dependencias, organismos autónomos, Poder Judicial, empresas, organizaciones y comunidades, además de visitar diversos estados del país.
En su declaración, indicó que en estas zonas “se ha normalizado la enfermedad, el cáncer, abortos espontáneos, autismo, y el dolor”, y citó testimonios recabados durante la visita, entre ellos: “vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo”.
El relator contextualizó estos hallazgos en un escenario nacional con 1,142 sitios registrados en el Inventario Nacional de Sitios Contaminados, actualizado a junio de 2025.
Orellana señaló que México cuenta con legislación ambiental que reconoce el derecho a un medio ambiente sano, pero indicó que persisten brechas en su aplicación.
Mencionó que algunas normas relacionadas con sustancias tóxicas están desactualizadas y señaló casos como la falta de clasificación de presas de jales como residuos peligrosos y la ausencia de regulación sobre el uso de drones en fumigación.
En este contexto, afirmó: “no existe un derecho adquirido a contaminar”.
El relator indicó que el acceso a la información es un componente central para la protección de derechos en contextos de contaminación. Señaló que recibió información sobre posibles restricciones en materia de transparencia, incluyendo la reserva de datos sobre impactos ambientales.
También destacó la necesidad de fortalecer el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y garantizar que la información sea accesible para la población.
En relación con el acceso a la justicia, señaló que las personas expuestas a sustancias tóxicas deben contar con condiciones para presentar reclamaciones y que los tribunales deben disponer de apoyo técnico. Añadió que las víctimas “deben quedar eximidas de la carga de probar un nexo causal” en casos donde exista evidencia de exposición.
El informe preliminar identifica la contaminación de ríos como un problema relevante. El relator mencionó los ríos Atoyac, Lerma, Tula y Santiago, señalando descargas industriales.
También se refirió al Río Sonora y señaló que persisten condiciones de exposición y falta de reparación integral tras el derrame ocurrido en 2014.
Orellana señaló que actividades como la minería, la agricultura y el sector de hidrocarburos generan sustancias peligrosas y residuos. Indicó que en distintas regiones existe exposición simultánea a múltiples contaminantes, lo que describió como “cócteles químicos”.
El relator señaló la existencia de basureros sin control adecuado, quema de residuos y prácticas de co-procesamiento. También indicó que México recibe residuos plásticos del extranjero.
En materia de plaguicidas, señaló que no existe una Ley General de Plaguicidas y que persisten riesgos asociados a sustancias altamente peligrosas.
Entre sus observaciones, el relator señaló la necesidad de fortalecer el marco legal, garantizar coordinación entre autoridades y asegurar el cumplimiento de normas. También llamó a fortalecer la implementación del Acuerdo de Escazú, garantizar acceso a la información y participación pública.
Indicó la necesidad de avanzar hacia medidas como la “descarga cero” de contaminantes en procesos industriales. El informe completo será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2026.
Como parte de su declaración, el relator citó a un estudiante en Campeche: “La paz no es ausencia de guerra… paz es poder respirar aire limpio, tener comida sana, tomar agua limpia.”
