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Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán denuncia tortura, detenciones arbitrarias y campaña mediática de odio en Querétaro

El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Querétaro, acusa al Estado mexicano de criminalizar a defensores del agua, torturar a la activista Estela Hernández y manipular la información mediante medios afines al poder. Exigen justicia y vigilancia internacional.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 11 de junio 2025.- El Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, en Amealco, Querétaro, denunció este 10 de junio una escalada de violencia estatal contra su comunidad, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias y una campaña mediática de estigmatización. En un comunicado, señalaron que estos hechos forman parte de una estrategia sistemática para silenciar la resistencia contra la privatización del agua y el despojo territorial.

Entre los casos más graves destacan la tortura física y sexual contra Estela Hernández, defensora ñhöñhö (otomí), quien fue agredida por policías estatales el 4 de junio durante un operativo ilegal en su comunidad. Según el testimonio documentado, al menos 10 agentes la golpearon, patearon sus genitales y le arrancaron ropa, mientras la insultaban con frases racistas como “pinches indios, eso es lo que quieren”. Además, le robaron $3,000 pesos y su credencial.

El operativo —realizado sin órdenes judiciales— dejó siete detenidos, entre ellos jóvenes capturados al salir de sus casas. El Concejo vinculó estos hechos con el “Plan de Orden” del gobernador Mauricio Kuri, que promueve tácticas represivas con entrenamiento de policías colombianos y estadounidenses. “Es un mensaje para que nos sometamos al autoritarismo”, acusaron.

El comunicado responsabilizó a medios como PublimetroEl Sol de San Juan y Diario de Querétaro de difundir versiones oficiales que justifican las agresiones y omiten la voz de las víctimas. Señalaron que estas plataformas reproducen lenguaje racista y estigmatizante, alineado con los intereses del gobierno y empresas saqueadoras de agua.

Como ejemplo, citaron notas que describieron las detenciones como “apegadas a protocolo” y afirmaron que los activistas “alteraron el orden público”, sin mencionar la tortura. “Los medios del poder nunca publican en nuestra lengua ni con nuestro permiso”, denunciaron.

El Concejo recordó que el 10 de junio de 2022, tres jóvenes otomíes fueron detenidos y agredidos por protestar contra la privatización del agua, mientras funcionarios como el alcalde FeliFer Macías celebraron la represión en redes sociales. También mencionaron el asesinato del defensor Samir Flores en Morelos, tras ser señalado por el presidente López Obrador.

El Concejo pidió el acompañamiento de Artículo 19 para documentar violaciones mediáticas, así como de redes internacionales de derechos humanos. Hicieron un llamado a vigilar los vínculos entre el gobierno, empresas y medios, y exigieron derecho de réplica para rectificar las notas difamatorias.

Conflicto agrario en Guerrero: Ejido de Carrizalillo acusa a Equinox Gold de violar leyes y abandonar mina Los Filos

La Mesa Agraria de Carrizalillo denuncia irregularidades en la suspensión indefinida del proyecto minero, demandas judiciales “burlescas” y daños ambientales. Exigen acción federal y advierten sobre riesgos para la población.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 11 de junio 2025.- La Mesa Agraria de Carrizalillo emitió un comunicado denunciando el escalamiento del conflicto con la empresa minera canadiense Equinox Gold, operadora del proyecto “Los Filos”. Los ejidatarios, que mantienen el yacimiento en suspensión indefinida desde el 31 de marzo de 2025, acusaron a la compañía de una “postura racista” y de múltiples violaciones a la normativa, lo que ha puesto en “riesgo la vida de nuestra población”.

El comunicado, difundido el lunes 9 de junio, subraya que la suspensión de operaciones por parte de Equinox Gold carece de sustento legal, ya que no se ha determinado una temporalidad ni se ha acreditado una causa de fuerza mayor, más allá del “no pagar la renta de las tierras”. Los ejidatarios señalaron que la falta de pericia y el nulo respeto de los empleados de la empresa, sumado a la intervención “inadecuada” de los gobiernos estatal y municipal, fueron el detonante del conflicto. Lamentaron que las instituciones públicas hayan priorizado los intereses empresariales, un hecho que, aseguraron, quedó manifiesto durante el foro minero en Chilpancingo el pasado 27 de mayo, donde se celebró la derrama económica sin abordar los derrames ambientales, los impactos sociales o la violación a los derechos laborales.

La confrontación entre la comunidad y Equinox Gold se ha intensificado, con un “diálogo totalmente cerrado” que los ejidatarios condicionan a la salida de los señores Ortega y Vergara del proyecto. La empresa ha respondido con una serie de acciones legales, incluyendo una demanda contra el ejido y 125 demandas individuales contra propietarios de parcelas. En un giro irónico, Equinox Gold solicitó medidas cautelares para ingresar a las tierras argumentando “despojo” y ofreció una fianza calificada de “irrisoria y hasta burlesca” por el magistrado del distrito 12, al representar solo $1.58 pesos mensuales por ejidatario.

A pesar de los intentos de la minera, el mismo magistrado condicionó las medidas cautelares a una fianza equivalente a la renta anual recibida por cada ejidatario, propuesta que Equinox Gold rechazó, inhabilitando así sus pretensiones. El equipo jurídico de la empresa, inconforme con los fallos, interpuso un amparo (554/2025 -IV) ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Acapulco, que en su fase inicial resultó infructuoso al negárseles la suspensión provisional. Un posterior recurso de queja (expediente 201/2025) también fue decretado improcedente, lo que, según la Mesa Agraria, demuestra la “burda violación” en la que está incurriendo la empresa.

Paralelamente a la batalla legal, la comunidad de Carrizalillo ha activado otros frentes. Han presentado peticiones ante diversas instancias del gobierno federal, particularmente las vinculadas con la actividad minera. Destacan la solicitud para que el gobierno federal ratifique o niegue la legalidad de la autosuspensión indefinida de la empresa. De fallar en contra de Equinox Gold, los ejidatarios planean alertar a sus accionistas, socios, bancos y a la bolsa de valores en Canadá sobre el riesgo de invertir en una empresa que “actúa ilegalmente, hace trampas y viola leyes”.

Una segunda línea de acción se enfoca en las violaciones ambientales y de procedimiento. Los ejidatarios enfatizaron que, a pesar de la suspensión de operaciones, la ley y los reglamentos obligan a la empresa a implementar una serie de acciones, incluyendo el manifiesto de impacto ambiental y el programa de cierre y post-cierre de mina, los cuales, aseguraron, no se han realizado. En este contexto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ingresó la semana pasada a los terrenos para una inspección derivada de una denuncia por daño ambiental. Durante esta inspección, acompañada por elementos militares, se revisó y retiró material explosivo de un sitio de alto riesgo, lo que ha generado sospechas en la comunidad sobre una posible “acción premeditada” por parte de la empresa.

Asimismo, la Procuraduría Agraria (PA) ha iniciado un proceso de deslinde agrario, considerado de “urgente prioridad” para esclarecer la ubicación de las tierras de uso común y parcelas individuales. Este paso busca no solo recuperar la legítima ubicación de sus tierras, sino también enviar un mensaje claro a la empresa sobre las violaciones a los procedimientos y leyes que, según los ejidatarios, han estado ocurriendo por al menos ocho meses.

Finalmente, la Mesa Agraria de Carrizalillo hizo pública su preocupación por la vulneración de sus derechos y el “riesgo para la vida de nuestra población”, al no tener ingresos ni tierras rehabilitadas para sembrar. La comunidad señaló que la empresa Equinox Gold, mientras “lagrimea por su baja producción” en México y responsabiliza a los ejidatarios, ha logrado una fusión con la también canadiense Calibre Mining, buscando convertirse en el segundo mayor productor de oro de Canadá. La Mesa Agraria ha enviado un mensaje de “bienvenida” al presidente de Calibre Mining, Blayne Johnson, advirtiéndole sobre las “arbitrariedades” de su nuevo socio y la necesidad de vigilar su parte del negocio.

Comunidad afromexicana de El Ticuiz logra reconocimiento de autonomía en Michoacán

El Tribunal Electoral de Michoacán emitió una sentencia pionera que garantiza los derechos a la libre determinación, autonomía e identidad cultural de la comunidad afromexicana de El Ticuiz, marcando un precedente en la lucha por la inclusión y justicia para los pueblos afrodescendientes en el estado.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 11 de junio 2025.- La comunidad afromexicana de El Ticuiz, en Michoacán, ha logrado una victoria histórica en la defensa de sus derechos colectivos y autonomía. El pasado 5 de junio, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) emitió la sentencia TEEM-JDC-172/2025, un fallo que no sólo reconoce sus derechos, sino que establece un precedente significativo en la entidad al ser el primer juicio ciudadano presentado por una comunidad afromichoacana.

El comunicado, difundido ayer 10 de junio por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), destacó que la sentencia del TEEMich es un hito. La resolución “reconoce los derechos a la libre determinación, autoadscripción, autonomía, desarrollo e identidad cultural de las comunidades afromexicanas, en el caso, de El Ticuiz”, lo que implica la posibilidad de decidir su forma interna de gobierno y organización comunitaria, así como el derecho a la consulta para el ejercicio del presupuesto directo.

Esta victoria es considerada “histórica” por varias razones clave. En primer lugar, evidencia la discriminación ejercida por el Gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado al excluir a la comunidad afromexicana de la reforma constitucional en materia indígena aprobada en diciembre pasado. El CSIM denunció que dicha reforma no fue debidamente armonizada ni consultada de manera apropiada, obligando a la comunidad a buscar justicia en los tribunales para obtener un reconocimiento que debió haber sido otorgado legislativamente.

En segundo lugar, el fallo del TEEMich subraya que la mayoría de los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEMich) “transgredieron y obstaculizaron derechos colectivos”, al discriminar, excluir e invisibilizar a la comunidad afromichoacana. Según el CSIM, el IEMich no interpretó las normas constitucionales y convencionales a favor de las comunidades afrodescendientes, lo que requirió la intervención del TEEMich para enmendar su proceder.

Adicionalmente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) intervino a través de un Amicus curiae, determinando que el IEMich vulneró los derechos humanos a la libre determinación y autogobierno, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, y a la igualdad y no discriminación de la comunidad de El Ticuiz. Paralelamente, la comunidad presentó una queja ante esta misma instancia por omisión legislativa e invisibilización, fortaleciendo su postura legal.

El CSIM aprovechó el comunicado para felicitar doblemente a la comunidad de El Ticuiz, ya que esta victoria judicial coincide con la celebración de su fiesta patronal y la primera edición de la Feria Afrocultural Ticuiz 2025. Estos eventos, buscan revitalizar su historia, cultura y herencia como pueblo afrodescendiente, reafirmando su identidad y resiliencia.

“¡Ni perdón ni olvido!”: A 54 años del Halconazo, estudiantes y colectivos marchan por justicia en CDMX

Organizaciones estudiantiles, colectivos y familiares de víctimas marcharon del Metro Normal al Zócalo este 10 de junio para exigir justicia por la masacre del Halconazo. Denunciaron la impunidad de los crímenes de Estado y su continuidad en casos como Ayotzinapa, Nochixtlán y Mactumatzá.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Fotografías: Alejandra González /@gonzalezsolisalejandra

Mario Marlo / @Mariomarlo

Ciudad de México, 10 de junio de 2025.— A 54 años de la masacre del 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo,  cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir justicia por este crimen de Estado y denunciar la impunidad que persiste en México. La movilización, encabezada por el Comité 68, contingentes estudiantiles, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, partió del Metro Normal y concluyó en el Zócalo capitalino con la consigna: “¡Ni perdón ni olvido!”

El Halconazo fue perpetrado por el grupo paramilitar “Los Halcones”, durante una manifestación estudiantil pacífica. A más de medio siglo de aquel ataque, que dejó decenas de muertos y heridos, las demandas por justicia y verdad siguen vigentes. Así lo expresó la Coordinación Permanente Contra la Represión en un comunicado difundido durante la jornada de protesta.

“El genocidio cometido el 10 de junio de 1971 es un caso jurídicamente activo, ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, afirmaron. “El Estado Mexicano cuenta con el marco jurídico y el aparato institucional para garantizar el pleno acceso a la justicia”.

Durante el mitin, también se denunció la continuidad de la represión estatal en casos recientes como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ejecución de Yanqui Khotan, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos, la desaparición de Carlos Eduardo Castro Matías, normalista de Tiripetío, y el asesinato de Jesús Alaín, de Mactumatzá, ocurrido apenas el pasado 15 de mayo.

Además, señalaron el hostigamiento sistemático contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), así como el desmantelamiento del proyecto educativo de las normales rurales mediante políticas de asfixia presupuestal y criminalización.

En ese sentido, exigieron justicia para las comunidades normalistas y respeto a sus derechos organizativos:

“Las y los normalistas son pilares de sus familias y comunidades. Demandamos la solución inmediata a todos los pliegos petitorios de las normales rurales agremiadas a la FECSM”, subrayaron.

Asimismo, destacaron el respaldo abierto a las luchas del magisterio democrático —en particular a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)—, así como a los pueblos originarios que se han organizado en defensa de sus territorios, como la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, los pueblos otomíes de Mexquititlán y las Bases de Apoyo Zapatistas, entre otros.

Durante el mitin en el Zócalo, el Comité 68, a través de su integrante Félix Hernández Gamundi —exdirigente del movimiento estudiantil de 1968—, exigió la reapertura de los procesos judiciales iniciados en 2003 para juzgar a los responsables del Halconazo, detenidos por la entonces Procuraduría General de la República.

“El poder judicial mexicano declaró prescritos los crímenes cometidos el 10 de junio de 1971, ignorando que los delitos de lesa humanidad deben ser perseguidos por cualquier gobierno del mundo, independientemente del tiempo y lugar en que hayan sido cometidos”, denunció Hernández Gamundi.

La Coordinación Permanente también repudió el homenaje que el Ejército mexicano rindió el pasado 12 de mayo al General Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez y considerado uno de los principales responsables de la política de contrainsurgencia que derivó en la represión del 10 de junio.

“Nos pronunciamos de manera enérgica contra el proceso de militarización que se ha profundizado en los últimos años. Es inaceptable que se rindan homenajes a quienes perpetraron crímenes de Estado”, apuntaron.

Finalmente, los colectivos convocantes denunciaron la criminalización de la protesta social, la represión contra periodistas, defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, y la violencia estructural que calificaron como una “guerra contra el pueblo”.

En un acto de solidaridad internacionalista, exigieron además que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, ante los crímenes cometidos contra el pueblo palestino y libanés.

“La violencia actual es resultado de la impunidad del pasado”, concluyeron. “Nosotros no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. La memoria florece”.

GESMujer denuncia presunta boda infantil en Oaxaca y exige acción urgente

La organización GESMujer alerta sobre la normalización de uniones tempranas y roles de género adultizados en niñas y niños, una práctica prohibida en México desde 2019.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 10 de junio 2025.- El Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), se ha manifestado ante la difusión de un video y fotografías que, según denunciaron, muestran una aparente boda infantil en la comunidad de San Juanito Yosocani, municipio de San Lorenzo, Oaxaca. La organización expresó su preocupación por el contenido multimedia, el cual presenta a dos menores de edad en un contexto festivo que refuerza roles de género adultizados y muestra el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los infantes.

GESMujer subrayó la gravedad de los hechos, indicando que, aunque no haya confirmación oficial de una unión de hecho o acuerdos económicos, la representación simbólica de una boda entre menores de edad “valida y refuerza normas sociales patriarcales y desigualdades estructurales que perpetúan las uniones infantiles, tempranas y/o forzadas, sean legales o no”. Este tipo de actos, advierten, genera una presión social indebida para que niñas, niños y adolescentes asuman responsabilidades adultas que no corresponden a su etapa de vida.

La organización también destacó que, en el caso de las niñas, estas prácticas promueven la idea de que deben convertirse en esposas y madres a edades tempranas. Esto no sólo pone en riesgo su salud física y emocional, sino que también restringe su autonomía y su derecho fundamental a decidir sobre su futuro y desarrollo.

De igual manera, GESMujer enfatizó el daño que los estereotipos de masculinidad causan a los varones, al promover una imagen “errónea, violenta y discriminatoria del ser hombre, al asociarlo con prácticas de poder y control”. La organización afirmó que “el machismo no es motivo de orgullo”.

Estas prácticas, de acuerdo con GESMujer, “atentan contra el derecho de niñas, niños y adolescentes a un desarrollo libre de violencias, presiones y limitaciones impuestas por los estereotipos de género”. La condena se extiende incluso a contextos comunitarios o bajo “usos y costumbres”, donde se consideran una forma de violencia estructural y cultural que lesiona la autonomía, salud, libertad y acceso a oportunidades de vida dignas de los menores.

Los datos presentados por GESMujer, reflejan la magnitud del problema en México. Una de cada cinco niñas y adolescentes se une antes de los 18 años a nivel nacional. En Oaxaca, la situación es distinta: el 33.9% de las mujeres mayores de 15 años reportan haberse unido antes de esa edad, según datos de la ENDIRE 2021. Estas uniones están directamente vinculadas con embarazos adolescentes, deserción escolar, violencia sexual y pobreza estructural.

El marco legal en México es claro y prohíbe el matrimonio infantil sin excepciones desde 2019. Esta normativa ha sido armonizada en el Código Civil de Oaxaca mediante reformas en 2023. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también establece el derecho de toda persona menor de 18 años a un desarrollo libre de violencia, obligando a las autoridades a prevenir y erradicar prácticas nocivas como las uniones infantiles.

Ante este panorama, GESMujer ha emitido un llamado urgente a las autoridades, medios de comunicación y a la sociedad en general. Instan a investigar de manera inmediata los hechos desde un enfoque de protección integral de los derechos de la niñez, interculturalidad y justicia restaurativa.

Además, la organización demandó la implementación de acciones estructurales y comunitarias que no sólo impongan sanciones, sino que transformen las causas de estas prácticas, fomentando la participación activa de niñas, niños, adolescentes, liderazgos comunitarios y organizaciones sociales. Asimismo, exigieron a los medios de comunicación una responsabilidad ética, evitando enfoques sensacionalistas o revictimizantes que puedan reforzar estigmas hacia comunidades indígenas o rurales.

GESMujer concluyó reiterando su compromiso, desde una postura feminista e interseccional, para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia y sin ser forzados a asumir roles adultocéntricos que limiten su desarrollo.

Un Río En El Río desmiente declaratoria de “santuario ecológico” para el Río Santa Catarina: exigen estudios y congruencia

El movimiento un Río En El Río aclara que el anuncio del gobernador Samuel García no es un decreto oficial, sino un “aviso de intención”, y denuncia la falta de estudios técnicos y presupuesto para proteger el Río Santa Catarina.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 10 de junio 2025.- El movimiento Un Río En El Río desmontó este lunes la narrativa oficial sobre la supuesta declaratoria del Río Santa Catarina como “Santuario Ecológico”, anunciada por el gobernador Samuel García el pasado 8 de junio. En una rueda de prensa, la organización explicó que lo publicado en el Periódico Oficial no es un decreto, sino un mero aviso de intención, y exigió procesos legales y técnicos transparentes para garantizar una protección real.

El río ya es un Área Natural Protegida (ANP) desde 2008 bajo la categoría de Parque Urbano. Para cambiar su estatus, la ley exige un Estudio Técnico Justificativo (ETJ) que evalúe su valor ecológico, social y cultural. Sin embargo, Un Río En El Río confirmó que este estudio no ha comenzado, ni hay presupuesto asignado para realizarlo. “Sin estos pasos, no hay declaratoria válida”, señalaron.

Además, criticaron que el “aviso” del gobierno omita las coordenadas geográficas del área a proteger, un requisito legal básico. “La voluntad política debe traducirse en acciones congruentes: estudios científicos, consulta pública y recursos”, insistió el colectivo, que propone reclasificar el río como Corredor Biológico Ripario para priorizar su función ecológica.

La incongruencia más grave, denunciaron, es que mientras se habla de proteger el río, el proyecto del viaducto elevado de cuota —que amenaza su ecosistema— sigue en pie. El 6 de junio, Un Río En El Río y Calles de Primer Nivel interpusieron un amparo contra SEMARNAT por ocultar información clave de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del viaducto, violando el derecho a la participación ciudadana.

“¿Cómo puede ser santuario el mismo río donde se planea una obra destructiva?”, cuestionaron. El movimiento insistió en que cualquier decisión sobre el Santa Catarina debe involucrar a expertos y ciudadanos, y pidió vigilancia para evitar simulaciones.

¿Qué falta para una protección real?

De acuerdo con el movimiento Un Río En El Río es fundamental abordar varios aspectos clave: primero, asignar un presupuesto adecuado que garantice su conservación y gestión; segundo, realizar una consulta pública transparente que involucre a las comunidades y actores relevantes; tercero, emitir un decreto oficial con categoría de protección y límites territoriales claros; y por último, establecer un programa de manejo con reglas específicas de conservación y uso sostenible.

Hasta ahora, ninguno de estos pasos se ha cumplido. Un Río En El Río llamó a no dar por hecha la protección del río y a exigir congruencia entre discursos y acciones. “El futuro del Santa Catarina no se decide con prisas ni sin la ciudadanía”, concluyeron.

Grupos armados amenazan a comunidad de Tzajalch’en, Chiapas: temen un nuevo atentado como en Acteal

Foto del área de Comunicación de las Abejas de Acteal

La organización Las Abejas de Acteal denuncia invasión de grupos armados, disparos y complicidad de autoridades en Chenalhó. Exigen acción inmediata del gobierno para evitar una tragedia similar a la de 1997.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 10 de junio 2025.- La organización Las Abejas de Acteal emitió un comunicado urgente este martes, denunciando la invasión de grupos armados en la comunidad de Tzajalch’en, municipio de Chenalhó, Chiapas. Los habitantes, que desde 1994 mantienen el lugar como “campamento civil por la paz”, alertaron sobre disparos de alto poder y amenazas de muerte, también acusaron a las autoridades estatales de complicidad con los agresores.

Según el testimonio, el 8 de junio alrededor de las 6:08 p.m., un grupo armado disparó hacia una reunión donde se discutía cómo abordar la venta de drogas en la zona. Las balas impactaron cerca de donde miembros de Las Abejas se congregaban frente a una iglesia católica, sin dejar heridos. “Afortunadamente las balas no pegaron en los cuerpos”, detallaron.

La comunidad reportó los hechos al juez municipal de Chenalhó, pero denunciaron que no recibieron protección. En cambio, dos de sus integrantes —el agente rural municipal Sebastián Pérez Jiménez y el activista Sebastián Pérez Vázquez— fueron detenidos por la Fiscalía de Chiapas y el grupo Pakal, acusados falsamente de secuestro. “Nos criminalizan por aplicar nuestros usos y costumbres contra una mujer que vendía drogas”, explicaron, refiriéndose al artículo 2 constitucional que reconoce la autonomía indígena.

Las Abejas sostuvieron que las autoridades “están del lado de los criminales”. Señalaron que, al intentar documentar agresiones con celulares, los Pakales les confiscaron los dispositivos para borrar pruebas. “No quieren que se sepan las violaciones a nuestros derechos humanos”, afirmaron.

La situación recuerda el trauma de la masacre de Acteal (1997), donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por paramilitares. “Puede haber otra masacre”, advirtieron, subrayando que la violencia ha desplazado a maestros y médicos, dejando a niños sin escuela desde 2021.

Mientras redactaban el comunicado, nuevos disparos resonaron en la zona. “Nos amenazan de muerte a autoridades y exautoridades”, alertaron.

La organización exigió a los tres niveles de gobierno el “desmantelamiento urgente” de los grupos criminales y advirtió: “Cualquier daño a nuestra comunidad será responsabilidad de las autoridades, los Pakales y los armados”.

Tribunal Federal protege derecho a medio ambiente sano y ordena peritaje sobre impactos del fracking en comunidades totonacas

El fallo judicial revierte una decisión previa y reafirma el principio precautorio para evaluar los riesgos del fracturamiento hidráulico en Papantla, Veracruz.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 10 de junio 2025.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revirtió una resolución que impedía la realización de un peritaje clave para evaluar los impactos del fracking en comunidades totonacas de Papantla, Veracruz. El fallo, emitido esta semana, confirma el derecho humano a un medio ambiente sano y aplica el principio precautorio para evitar daños irreversibles causados por esta técnica de extracción de hidrocarburos.

El tribunal ordenó la elaboración de un “Diagnóstico socioambiental de los riesgos e impacto del uso de fracking”, solicitado por habitantes del municipio en un juicio de amparo promovido en 2023 y acompañado por la organización TerraVida. Este estudio permitirá identificar los efectos sociales y ambientales del fracturamiento hidráulico en la región, donde al menos 56.8 % de los 2,055 pozos activos han utilizado esta técnica, según datos del Centro de Información Nacional de Hidrocarburos (2022).

La decisión anula un fallo previo del Juzgado Décimo Tercero de Veracruz, que había desestimado la prueba pericial. El Tribunal Colegiado subrayó que “la protección del medio ambiente es una norma jurídica suprema” y debe prevalecer sobre formalismos legales. Además, destacó la relevancia del principio precautorio, que obliga a actuar ante riesgos potenciales aún sin certeza científica absoluta.

El caso surge de la denuncia de 14 comunidades totonacas, agrupadas en la Asamblea de Defensa de la Tierra del Trueno, quienes acusan que el fracking se realiza en su territorio desde 1996 sin su consentimiento, violando sus derechos a la consulta indígena y a un ambiente sano. El fracturamiento hidráulico, técnica que inyecta agua, arena y químicos tóxicos a alta presión para extraer combustibles, está asociado a contaminación de acuíferos, emisiones de metano y sismicidad inducida.

Organizaciones como Territorios Diversos para la Vida celebraron el fallo como “un avance hacia la prohibición del fracking en México”, al tiempo que recordaron las palabras de las comunidades: “El agua es sagrada; no puede permitirse ninguna actividad que la ponga en riesgo”.

El resolutivo también abre la puerta a que los jueces ajusten las reglas procesales en amparos ambientales, incluso invirtiendo la carga de la prueba para que las autoridades o empresas demuestren que sus acciones no dañan el ecosistema.

Comunidades oaxaqueñas denuncian “cártel del despojo” y privatización de playas

Organizaciones sociales de la Costa-Istmo exigen alto a la mercantilización de tierras y la persecución de defensores territoriales, señalando complicidad de autoridades.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Ciudad de México, 10 de junio 2025.- El “Foro por la Defensa del Territorio y Derechos Agrarios de Comunidades y Campesinos de la Costa Oaxaqueña”, realizado el pasado 7 de junio de 2025 en Playa Salchi, San Pedro Pochutla, denunciaron el “despojo” de tierras y la privatización de playas en la región Costa-Istmo. Catorce organizaciones sociales informaron sobre el avance de la industria turística e inmobiliaria, respaldada, según afirman, por una red de intereses empresariales, políticos y criminales que opera con la complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales.

Bajo el lema “¡Nuestras tierras y nuestras playas no se venden, se cuidan, se defienden y se liberan!”, el foro señaló que este proceso, enmarcado en políticas neoliberales desde la década de 1980, busca convertir la propiedad social (comunal y ejidal) en propiedad privada, facilitando la inversión y reproducción del capital. Programas como el PROCEDE, FANAR y RRAJA son señalados como instrumentos legales que han posibilitado la privatización de ejidos y comunidades.

Las comunidades asistentes denunciaron casos específicos de despojo y persecución. Entre ellos, el intento de despojar de sus tierras al campesino indígena Miguel Sánchez Hernández en Salchi, Cuatunalco, a manos de individuos identificados como integrantes del “Cártel del Despojo y el Cártel del Saneamiento Financiero”, quienes presuntamente actuaron con violencia y amenazas. Se exige la investigación de Alejandro Avilés Álvarez, Orlando Acevedo, Alfonso Esparza y Jesús Reyes (alias “Chucho Reyes”) en este caso, así como medidas de protección para Miguel Sánchez Hernández y su familia. Asimismo, se clamó por justicia para Abraham Hernández González, asesinado hace siete años mientras defendía las tierras de Playa Salchi, con un llamado a acelerar las investigaciones.

El foro también denunció la persecución judicial contra defensores de territorios playeros como Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortensia Chávez y Noé López Rojas, en Playa San Agustín y El Coyote, Santa María Huatulco. Atribuyen esta criminalización a un empresario inmobiliario en complicidad con jueces y la fiscalía regional. De igual forma, se exige el cese de la persecución judicial y mediática contra 21 integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul en San Pedro Huamelula, quienes denuncian ser víctimas de despojo por parte de otros actores que buscan confundir a la opinión pública.

Las organizaciones participantes exigieron el alto a la privatización de playas, el cierre de accesos públicos y la destrucción de ecosistemas por megaproyectos inmobiliarios. Demandaron una investigación y castigo para funcionarios, empresarios y notarios involucrados en la venta ilegal de tierras y playas, y se pronunciaron por la verdad y justicia para las víctimas de esta lucha.

Además de las demandas territoriales, el foro expresó su solidaridad con la CNTE en su lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, con la comunidad indígena de San Lucas Atoyaquillo, Santiago Ixtayutla, y con el pueblo palestino ante el genocidio.

Finalmente, se hizo un llamado a todas las comunidades y organizaciones a unirse a esta lucha, reiterando que “La defensa de la tierra no es delito: es un derecho y un deber”. También se extendió una invitación al Encuentro Nacional contra la Gentrificación a realizarse en julio de 2025 en Oaxaca, convocado por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio.

A diez años del asesinato de Antonio Vivar, familiares y Tlachinollan denuncian impunidad y exigen justicia en Guerrero

Antonio Vivar Díaz

En el décimo aniversario del asesinato del joven activista Antonio Vivar Díaz, familiares y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron justicia y responsabilizaron a la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos y al expresidente Enrique Peña Nieto por el operativo que culminó con su muerte.

Por Redacción / @Somoselmedio 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, 7 de junio de 2025.– A diez años del asesinato del joven dirigente social Antonio Vivar Díaz, familiares y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan emitieron un comunicado en el que denuncian la impunidad que persiste en el caso y exigen justicia para quien, dijeron, “fue asesinado por una bala disparada desde el interior de una capilla, donde se encontraban retenidos varios elementos de la Policía Federal”.

De acuerdo con el posicionamiento titulado “Antonio Vivar: diez años de impunidad”, el crimen ocurrió la noche del 7 de junio de 2015, en el marco de las protestas impulsadas por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en rechazo a las elecciones intermedias y como parte de la exigencia de presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ese día, tras la detención arbitraria de varios profesores de la CETEG por parte de la Policía Federal, los vecinos de la colonia El Tepeyac cercaron a los agentes federales y algunos de ellos fueron retenidos en la capilla del lugar.

“El asesinato se dio cuando, durante el operativo de rescate de los federales, uno de los policías disparó desde el interior de la capilla y la bala impactó en el tórax de Antonio Vivar, quien perdió la vida minutos después”, señalaron los firmantes. El comunicado responsabiliza directamente a Enrique Galindo Cevallos, entonces comisario general de la Policía Federal, y a Enrique Peña Nieto, presidente en ese momento, por haber ordenado las acciones represivas en Tlapa.

En su denuncia pública, los familiares adviertieron que el caso no ha tenido ningún avance desde hace una década: “Las investigaciones se llevaron con sendas irregularidades; la Fiscalía de Guerrero perdió varios indicios valiosos como elementos balísticos recabados en el lugar del asesinato; ministerios públicos de la FGR omitieron realizar denuncias por tortura cometidas contra varias personas que ese día protestaban en la colonia El Tepeyac, al grado que fueron procesados por tales omisiones”.

Asimismo, subrayaron que la FGR mantiene la indagatoria en reserva, a pesar de que existen pruebas claras que apuntan a los policías que se encontraban dentro de la capilla como responsables del disparo. “Creímos que con la llegada de un gobierno progresista y las cuestionadas actuaciones y actos de corrupción de la extinta Policía Federal, el caso de Antonio tomaría otro rumbo y tendría justicia, pero a la fecha permanece en la impunidad”, lamentaron.

Ante esta situación, el Centro Tlachinollan y los familiares de Antonio Vivar exigieron públicamente que se aceleren las investigaciones y se sancione a los policías responsables; que se procese penalmente a Enrique Galindo Cevallos por comandar el operativo en el que se cometió el asesinato, y que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto por haber ordenado las acciones del 5 y 7 de junio de 2015 en Tlapa.

El comunicado concluye con un llamado al gobierno actual para romper con la cadena de impunidad y actuar conforme a la ley para que el crimen de Antonio Vivar Díaz no quede en el olvido, y para que la justicia llegue finalmente a su familia y a la comunidad que aún lo recuerda como un joven comprometido con las luchas sociales en Guerrero.