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En México se vive un estado de excepción dice Carlos Fazio en su nuevo libro

El jueves 28 de abril se presentó en la Universidad Iberoamericana el libro de Carlos Fazio “Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto”.

En la mesa encabezada por el rector David Fernández, Fazio comentó que el texto es una “caja de herramientas” donde se recuperan un conjunto de conceptos que sirven para el análisis de 28 casos que han acontecido en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los conceptos que trabaja son: Estado de Emergencia o excepción, derecho penal del enemigo y la noción de necropolítica.

En los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dice, se presentaron elementos del terrorismo de Estado que se han expresado en las dictaduras en el Cono Sur, elementos como la aplicación de la tortura de manera sistemática, ejecuciones sumarias extra judiciales y la aplicación de la desaparición forzada. Estos ejes, dijo el autor, conforman el terrorismo de Estado […] sobre los perpetradores, que no son monstruos ni villanos, sino seres humanos, que deben ser juzgados por sus crímenes que en algunos casos han sido de lesa humanidad, por lo que nos compete a todos.

Es una obra que ayuda a comprender la complejidad de lo que está sucediendo hoy en México, una de las tesis centrales del libro es que hay un Estado de excepción o de emergencia, que permite conculcar libertades civiles, derechos humanos, control de medios, e intervenir en la organización popular […] En ese marco se pueden comprender las reformas recientes que apuntan a establecer el marco jurídico para los próximos 10 años de control y seguridad del Estado.

Se señala la relación entre la militarización del país, las narrativas mediáticas, el miedo colectivo, los enemigos manufacturados, la privatización y desregulación de la economía, el despojo de tierras y los desplazamientos forzados. […] En el libro se puede observar un patrón en los casos que se documentan, la comisión de violaciones a los derechos humanos, y acto seguido, el ocultamiento de la verdad, la negativa a rendir cuentas y la impunidad.

En el cierre se citó al autor, quien dice que el carácter criminal del terrorismo de Estado se encuentra determinado no sólo porque actúa fuera de la Ley, apelando incluso a grupos paramilitares y de limpieza social, sino porque viola los derechos humanos incluidos los de los presuntos criminales, y que esa es una diferencia fundamental entre el mundo civilizado y el mundo de los bárbaros.

Cherán, 5 años defendiendo sus bosques

Cherán Foto: Isabel Sanginés Franco
Foto: Isabel Sanginés Franco

El municipio de Cherán, ubicado en el estado de Michoacán, celebra el quinto aniversario del  inicio del levantamiento por la defensa de su comunidad que desembocó en un proceso de autonomía en la que, desde entonces, se rigen a través de usos y costumbres.

Durante mucho tiempo, la comunidad purépecha de este municipio sufrió los embates de La Familia Michoacana que intimidaba y extorsionaba a la población, además de destruir el bosque aledaño que parecía ya propiedad de los talamontes protegidos por este cártel.

La población se acercó a los tres niveles de gobierno para pedir ayuda, sin embargo nunca hubo una respuesta. Es por ello que el 15 de abril de 2011, cerraron los accesos a su comunidad y comenzaron una lucha en defensa de la vida apenas armados con palos, piedra y machetes.

A partir de entonces, la comunidad de Cherán logró expulsar al crimen organizado y excluyeron a los partidos políticos y autoridades tanto locales como federales de los procesos de organización política y social del municipio.

Es el Concejo Mayor, integrado por los hombres más sabios -que por lo general son los habitantes más viejos- quienes deciden a través de asambleas y votaciones populares el desarrollo de la seguridad, la economía y en general de la vida de este municipio.

Es así que Cherán se convirtió en un parteaguas y en un símbolo para las comunidades originarias del país que buscan seguir los pasos de esta comunidad autónoma.

 

Foto: Isabel Sanginés/Somoselmedio.org

Foto: Isabel Sanginés/Somoselmedio.org

 

Foto: Eduardo Blas/Somoselmedio.org

 

Foto: Eduardo Blas/Somoselmedio.org

Foto: Isabel Sanginés/Somoselmedio.org

Foto: Isabel Sanginés/Somoselmedio.org

Foto: Eduardo Blas/Somoselmedio.org

Foto: Isabel Sanginés/Somoselmedio.org

 

Foto: Isabel Sangínes/Somoselmedio.org

Foto: Arturo Lara/Somoselmedio.org

Extracción en la oscuridad: las mineras en Puebla y la opacidad gubernamental

Foto: Arturo Lara

“Hoy es crucial hablar de comunalidad. Ese concepto expresa el rechazo a un sistema que sólo es capaz de gobernar a través del despojo”, sentenció Silvia Federici durante su visita a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) el pasado 26 de octubre. Mientras ella hablaba, afuera, en Tetela de Ocampo, Cuetzalan, San Felipe Tepatlán, Ixtacamaxtitlán, Tlapacoya, Pauatlán y Ayotoxco los pobladores resistían, se organizaban.

Puebla es la tercera entidad más pobre del país y tiene concesionadas 331,729 hectáreas a empresas privadas. Según datos obtenidos por el diario La Jornada, el gobierno federal ha otorgado 110 concesiones mineras para 19 municipios poblanos, 59 de las autorizaciones son para extraer oro. Entre las principales beneficiarias está Almadens Minerals, la empresa canadiense que concentra el 60 por ciento de los permisos de extracción.

Almadens Minerales cuenta con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar labores de exploración en los municipios de Ixtacamaxtitlán y Libres, los proyectos fueron titulados como “Ixtaca III” y “La Fruta Bis”.

Almaden Minerals y su filial mexicana Minera Gorrión llegaron hace 13 años al municipio de Ixcamatitlán, donde un letrero asegura: “En Santa María Sotoltepec, sí hay gente en contra de la mina”.

Recientemente, un estudio realizado por la organización no gubernamental PODER, concluyó que el Estado mexicano no respeta el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y, al contrario, reprime a quienes se organizan para defender su territorio.

Alejandro Marreros, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades de Ixtacamaxtitlán, denunció que la minera ha emprendido una campaña de cooptación para convencer a los pobladores de que la mina les traerá beneficios.

El maestro Eduardo Morales, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, apunta que “cuando las autoridades no hacen su trabajo se forma un hueco, ese vacío es llenado por las empresas mineras, creándose un desvío de poder (…) Ahí es cuando la minera, mediante apoyos y regalos, empieza a dividir a la población y a utilizar el desgaste y la incertidumbre para que la gente deje de resistirse”.

En ese sentido, la periodista Aranzazú Ayala documentó que la minera ha realizado donaciones de equipo médico a la clínica de Santa María y al DIF estatal. En eventos con la esposa del gobernador poblano, Almadens Minerals entregó una máquina para realizar ultrasonidos, cinco monitores de signos vitales y sillas de ruedas.

La represión a quienes resisten, así como la campaña de cooptación a los indecisos, ha ido acompañada de una estrategia donde los datos sobre los proyectos permanecen ocultos. Activistas del colectivo Acción Directa Autogestiva (ADA), en conjunto con la organizaciones Tiyat Tlali y PODER, denunciaron que si un ciudadano desea conseguir todos los datos sobre concesiones vigentes en México, debe acudir a las oficinas de la Dirección General de Minas (DGM), que están ubicadas en la en la colonia Reforma Social de la Ciudad de México.

El horario de servicio de cuatro horas diarias (10 a 2 pm) y cada visitante puede pedir sólo cinco títulos por día. Debido a que las fotocopias y los préstamos están prohibidos, se debe pagar por las consultas o transcribir los documentos manualmente.

El monto a pagar por cada consulta es de aproximadamente 300 pesos, por lo que investigar sólo al estado de Puebla costaría 4 millones. Conscientes de que no contaban con el dinero, se conformaron brigadas de investigadores que acudían a las oficinas para copiar a mano las concesiones.

Otra forma de obtener la información es realizar solicitudes de información como entes particulares, es decir, una solicitud por cada proyecto minero que se desea conocer.

En respuesta a la solicitud de información 0001600078614, la delegación federal de la Semarnat en Puebla explicó que el portal de la Secretaría cuenta con versiones digitalizadas de la Manifestaciones de Impacto Ambiental que cada empresa presenta.

El oficio UCPAST/UE/14/577, del cual Somos el medio posee una copia, explica al solicitante que para acceder a la documentación debe:

  1. “Ingresar a la siguiente dirección electrónica: http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite
  2. Introducir la CLAVE del proyecto en el espacio que dice Ingrese el Número de Bitácora o Clave de Proyecto (21PU2013MD021): y de click en consultar.
  3. La siguiente pantalla es el Historial del Trámite; en la parte inferior de la misma en el apartado de DOCUMENTOS encontrará MIA / IP, se puede acceder a la información de dicho documento dando un click en Descargar.”

Siguiendo el procedimiento indicado por la Semarnat, Somos el medio buscó las Manifestaciones de Impacto Ambiental de cuatro proyectos, sólo en la mitad de los casos pudo obtener la información que supuestamente es pública, mientras que los proyectos de la Mina “La victoria” (21PU2012MD013) y “Tuligtic II” (21PU2010MD053) continúan en la oscuridad.

A los cientos de periodistas asesinados

Foto: Eduardo Blas

Inmemoriam

 

Quien toma nota del derrumbe, quien fotografía el agua ensangrentada,

quien investiga el itinerario del huracán: es asesinado.

Muertes y mas muertes, miedo y mas miedo; los periodistas guardan un

luto diario.

Un país que no preserva la vida promueve la muerte.

Esa mujer tendida en la cuneta, expuesta al sol desnudo, atada sin vida,

gritó un no a las larvas de la ciénaga.

Tuvo nombre y alma; ojos que miraban el amanecer, que ayer respiraban.

Los escuadrones de la muerte hurtan de noche la paz.

Se llevan a los niños de la verdad, toman sus vidas, nos dejan huérfanos.

Ni un centavo de vergüenza ni de remordimiento de quien dice gobernar

a fuerza de incendios y muerte.

¡Bébete la nación! ¡Atragántate del lujo de arrancarnos el corazón, la esperanza!

¡Si tus viajes, frívolos paseos gourmet, cuestan dólares a millones de hambrientos!

¡Sé pues, el usurpador con toda tu ilegalidad y deshonor!

¡Y si así lo hicieres, que la la nación te lo demande!

José Cruz 

Realizan campaña #NestoraSalgadoLibreYa.

Amigos y familiares invitan a participar tomándote la foto.

 

Ciudad de México, a 21 de enero, 2016.- Como parte de las actividades para exigir la libertad de Nestora Salgado, Comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, presa desde hace dos años y medio, primero en un penal de máxima seguridad en Nayarit y ahora en la cárcel de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, amigos, familiares, colectivos y organizaciones solidarios han lanzado la campaña en redes #NestoraSalgadoLibreYa.

La campaña es una invitación para todas aquellas personas que quieran participar, impriman el cartel con la imagen de Salgado y se tomen una fotográfia, la cual será difundida en redes sociales y medios de comunicación.  La foto debe ser enviada al correo electrónico guerrerojai@gmail.com junto con el nombre y una pequeña descripción de la persona participante.

Campaña por la libertad de #NestoraSalgado

Temaca cuestiona estudio de la ONU sobre presa Zapotillo

Foto: Mario Marlo

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Guadalajara, Jalisco 9 de noviembre, 2015.- El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) y el Colectivo de Abogados hicieron un llamado al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval para que  realice el replanteamiento del estudio técnico sobre la cuenca del Río Verde a cargo de la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El pasado 10 de septiembre el gobierno de Jalisco firmó un adendum con la UNOPS, para realizar un ánalisis hídrico con apoyo del PNUMA.  El estudio que costará 4.6 millones de dólares y durará 18 meses, tiene como objetivo, según el gobierno de Jalisco: “Sumar nuevas herramientas para la toma de decisiones desde una perspectiva neutral y humanitaria”.

Sin embargo, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo denunció que la intervención de las Naciones Unidas llega a destiempo, en un conflicto socio ambiental generado por la construcción de la presa El Zapotillo que ha ocasionado falta de credibilidad a las instituciones del Estado y una serie de violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el proyecto.

Desde hace diez años los pobladores de la comunidad de Temacapulín ubicada en los altos de Jalisco, emprendieron una lucha contra la construcción de la presa El Zapotillo. A pesar de existir un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para detener la construcción de la presa que medirá 105 metros de altura, los tres niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) no lo han respetando y los avances de la obra continúan. Son 45 mil habitantes los afectados, de los cuales 1,000 directamente.

En conferencia de prensa, el Comité explicó que el citado estudio aun no comienza y ya presenta graves vacios y omisiones. Una de ellas es el hecho de que las comunidades afectadas no fueron consultadas y a las organizaciones que les asesoran para la elaboración del estudio y sus Términos de Referencia y que a pesar de haber solicitado los Términos de Referencia del estudio desde diciembre de 2014 estos no nos fueron proporcionados vía solicitud de información.

Finalmente, los representates del comité Salvemos Temaca exigieron que el proyecto de la presa El Zapotillo y el trasvace del Acueducto Zapotillo-León, se suspenda completamente mientras se realice el estudio. Que en coordinación con las comunidades afectadas y sus asesores se modifiquen y aclaren las dudas planteadas a los términos de referencia del estudio (adendum). Que se retire de forma absoluta del estudio la posibilidad de que se ejecute como “producto temprano” un estudio que viabilice el aprovechamiento de la próxima estación lluviosa para el llenado parcial de la presa. Que a lo largo de todo el desarrollo del estudio y durante las reuniones, talleres y encuentros que se lleven a cabo, las oficinas, instituciones y equipos participantes en el estudio privilegien la participación de la sociedad civil y la academia, así como el respeto a los pueblos y comunidades afectadas y a sus derechos humanos. Que se conforme un Comité Ético de Garantes de la Sociedad Civil que vigile el respeto de los derechos de los pueblos, el desarrollo del estudio y su transparencia. Que les sea permitido a las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo y por el Acueducto El Zapotillo-León, visitar las obras de la presa y conocer su estado actual, ya que este derecho se les ha negado por más de 10 años.

No hay castigo. Columna Galerna y ventura

Rubén Espinosa Foto: Isabel Sanginés

Hay tres cuestiones que me revientan cuando asesinan a un compañero. La primera, el hecho en sí, que me enerva por mil razones y más aún si, encima, es un amigo más que se deja la vida en las putas trincheras de las zonas más castigadas y olvidadas del mundo, de las que no se sabría nada si no es por ellos. Esto, con el tiempo, deja de doler tanto porque pasa a tomar protagonismo la lucha por la justicia que merece su muerte.

Y es esa precisamente la segunda cuestión, la impunidad con que se terminan archivando sus causas, sus asesinatos, siempre medidos en la ejecución y difusos para su esclarecimiento. La tercera es que todos esos compañeros periodistas (léase trabajadores de la información y/o de los medios de comunicación) pasan a ser recordados por la fecha de su asesinato y las circunstancias del mismo, pero no por su trabajo o su obra. No suelo encontrar escrita la fecha de nacimiento de Juantxu Rodríguez, nadie la pone, sólo escriben que era un fotógrafo nacido en Casillas de Coria (Cáceres, España) y asesinado el 22 de diciembre de 1989 en Panamá. Pues no puedo negar que me llena de satisfacción caer en la cuenta de que, aunque no haya sido por esta circunstancia, el día de su nacimiento se ha consagrado como Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. 2 de Noviembre. Este año Juantxu cumpliría 58 años. Mismo día en se cumple el segundo aniversario del asesinato en Mali de los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon,  por los que la ONU designó este día, para intentar que las sociedades y gobiernos del mundo entero reaccionen ante el vertiginoso ascenso de los crímenes contra los periodistas, que terminan engullidos por una cultura de impunidad tan instalada como asumida.

Histórica resolución, aprobada el 18 de diciembre de 2013, que insta a los países a tomar medidas concretas para prevenir las agresiones contra periodistas y a asegurar que los responsables de infligirlas sean llevados ante la justicia. Sin embargo, desde el dolor por los compañeros que siguen cayendo víctimas de la violencia por ser «testigos incómodos» de realidades que se ocultan, no nos queda otra que seguir insistiendo en que «no se mata la verdad matando periodistas». Un informe de la Unesco elaborado por la coincidencia de este día, asegura que sólo uno de cada diez casos de periodistas asesinados en la última década en el mundo ha concluido con una condena. Además, analizando la respuesta que dan los Estados miembros de la ONU sobre las medidas adoptadas para impedir la impunidad de los crímenes contra profesionales de información, da lástima ver que, en agosto 2015, solo 24 de los 57 países en los que se han perpetrado asesinatos de periodistas han respondido a las peticiones de información del organismo de la ONU. Ni la mitad.

Tengo los nombres de muchos compañeros en la cabeza cuando leo las palabras de la directora general de Unesco, Irina Bokova, en su mensaje con motivo de este Día Internacional, en el que describe este problema que sufre la prensa: «La impunidad es venenosa, conduce a la autocensura por miedo a las represalias y priva a la sociedad de fuentes de información significativas». Cierto, pero yo iría más lejos. El asesinato de un periodista es la máxima forma de censura. Que en 9 de cada 10 asesinatos los responsables hayan quedado impunes es una clara demostración de que en el mundo que vivimos no existe oposición a que los poderosos repriman la crítica y silencien a quienes no tienen miedo a hablar, fotografiar o grabar para denunciar lo que no quieren que se sepa. No pagan por sus crímenes porque no tienen que rendir cuentas a nadie por cometerlos. Tampoco nadie se las exige desde las altas esferas.

Como Juantxu Rodríguez, Rubén Espinosa era fotógrafo y tenía 32 años cuando le asesinaron el pasado 31 de julio en México D.F. Su cadáver fue hallado junto al de cuatro mujeres en un piso, con signos de tortura, varios balazos y un tiro de gracia. Un caso conocido como «el multihomicidio de La Narvarte», por la colonia de la capital mexicana donde se produjo, que revolucionó a la sociedad por su extrema crueldad y porque de nada le sirvió ser un desplazado forzado en su país, amenazado por las huestes del gobernador del Estado de Veracruz, otro más impune a pesar de tener sobre su espalda todo un saco de denuncias por amenazas, extorsiones y agresiones a periodistas veracruzanos.

Uno más de tantos crímenes impunes… Ya son 48 los periodistas asesinados en todo el mundo en lo que va de 2015. Casos que se disfrazan de mentiras para justificar lo injustificable, como tantas veces… Como aquella en que los padres de Juantxu tuvieron que escuchar que nada podía hacerse contra los asesinos de su hijo porque «los Estados Unidos no se responsabilizan de las acciones de sus soldados en el exterior». Será por eso que tampoco hay investigaciones ni castigo en tantos otros crímenes contra periodistas, que sólo sirven para demostrar la intolerancia y la ferocidad que desde los poderes fácticos se ejerce sobre la Libertad de Expresión, con absoluta impunidad.

No hay castigo suficiente para tanta pena pendiente.

Más de 100 mil personas participan en marcha exigiendo justicia por Ayotzinapa

Foto: Isabel Sanginés Franco

En torno a las 15 horas, la marcha tenía una longitud superior a los 4 kilómetros

 

CDMX, Septiembre 26 de 2015.- Al cumplirse un año de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero y de la ejecución extrajudicial de seis personas durante los mismos hechos, decenas de miles de personas en varias ciudades del país y del mundo salieron a las calles a respaldar la exigencia de justicia de las familias de las víctimas. Esta marcha se produce a dos días de la reunión que las madres y padres de los estudiantes desaparecidos mantuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto, y en la que le presentaron 8 puntos relacionados con la solución del caso y la investigación de las irregularidades del mismo y que no fueron atendidas por el presidente.

La marcha en la Ciudad de México comenzó a las 12 del mediodía frente al Auditorio Nacional y a lo largo de su recorrido, numerosos colectivos, organizaciones, contingentes y personas individuales se sumaron a la misma. Además de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, participaron estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (Guerrero), maestros procedentes de diferentes estados del país, estudiantes de numerosas escuelas, universidades y preparatorias, sindicatos, organizaciones y movimientos sociales, colectivos de víctimas y  supervivientes de violaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, ambientales, género y desarrollo entre otras muchas.

La marcha también contó con la presencia de muchas personas que individualmente, en familia o con sus amistades decidieron expresar su indignación por la desaparición de los 43 estudiantes, así como por la impunidad reinante en este y en los miles de casos más que durante los últimos años han azotado a  México.

En torno a las 15 horas, la marcha tenía una longitud superior a los 4 kilómetros, desde el entorno del Museo de Antropología, hasta el anti-monumento en honor a los 43 estudiantes desaparecidos y a todas las personas desaparecidas, instalado por movimientos sociales en la intersección de la avenida de la Reforma y la avenida Juárez. Con esta extensión, se calcula que en esos momentos estaban participando en la marcha más de 120,000 personas. Sin embargo, durante la jornada, más gente se sumó a la misma y participo al menos en algunos tramos.

La marcha transcurrió en casi todo su recorrido en calma, y en un ambiente reivindicativo, y a pesar de la lluvia, decenas de miles de personas llegaron hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

En el Zócalo de la Ciudad de México, madres y padres de los 43 estudiantes reafirmaron su voluntad de continuar en la lucha para encontrar con vida a sus hijos desaparecidos, con el apoyo de todas las personas que durante este año han actuado para pedir justicia, apoyo que también agradecieron y reconocieron. Las madres y padres destacaron que la tragedia de las desapariciones afecta en México a miles de familias y es necesario seguir saliendo a las calles y luchando por la justicia en todos los casos. Las familias reafirmaron sus exigencias al gobierno presentadas esta semana y que además de la aparición con vida de los estudiantes y la atención a las víctimas, se dirigen a depurar responsabilidades respecto a las irregularidades en la investigación destapadas por el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso.

Galería fotográfica: Marcha de la Indignación Nacional

Foto: Isabel Sanginés

A un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2015.- A un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, sus padres acompañados de estudiantes normalistas, preparatorianos, politécnicos, universitarios; organizaciones sociales y sindicales; artistas de la música, la pintura, la danza, la fotografía; y la sociedad civil en su conjunto, se dieron cita desde las 10 de la mañana a las afueras del Auditorio Nacional.

Entre música, consignas, discursos, muestras de apoyo y actividades artísticas, los asistentes exigen la aparición con vida de los 43 normalistas y de los miles de desaparecidos más que hay a lo largo y ancho del país, todos unidos bajo un mismo grito: ¡Justicia! y ni la constante lluvia se convirtió en impedimento para lentamente avanzar sobre Reforma, Av. Juárez y Corregidora hasta el Zócalo capitalino.

Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México comenzó el mitin, en el qué los padres de los 43 normalistas expresaron como ha sido su vida y su lucha durante 365 días de imparable búsqueda, así mismo agradecieron el apoyo que les han brindado organizaciones y sociedad civil. Hicieron mención de como los medios han influido para dar una versión falsa de los hechos acontecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Finalmente uno de los padres de los normalistas mencionó: “Este malvado gobierno tiene que responder la exigencia que tenemos los padres de familia… No vamos a permitir que este caso se cierre como lo ha intentado hacer este gobierno atreves de mil maneras, queriendo imponer su verdad histórica a través de la fuerza militar, a través de los medios de comunicación, de la clase política pero también a los líderes religiosos que han estado aliados con el gobierno”.

Fotografías: Alejandra Peña, Stefania Zapatero, Isabel Sanginés, Mandy Trejo, Vicktor CLuna, Ricardo Ortíz

 

Un año sin #Los43 de Ayotzinapa

Foto: Mario Marlo / Somoselmedio.com

¡Qué intensidad hemos vivido hace casi un año!

 

¡Qué intensidad hemos vivido hace casi un año! Ello porque los padres de los 43 muchachos desparecidos en Iguala han dado cauce a una serie de inquietudes de la población que ahora entiende bien la injusticia mexicana, que viene de muy lejos.

A unas horas que señoras y señores se reúnan, una vez más, con Enrique Peña Nieto, la situación en el país se ha vuelto irascible. Lo mismo por la quema del palacio de justicia de Guerrero que por la toma de autobuses por brigadistas. En uno y otro caso no se sabe, con precisión, quienes llevaron a cabo dichas acciones. Podrían ser indignados jóvenes o tratarse de provocadores, en cualquier caso, la situación es de gran nerviosismo.

Para el especialista en fuerzas armadas, Jorge Alejandro Medellín (La Silla Rota, 22 de septiembre), tenemos un estado fracturado que “se disuelve frente al crimen”. Tanto que la detención de Celina Oseguera, la encargada de prisiones tiempo atrás, se da luego que fue acusada hace mucho de hacer negocio, discriminar y hasta posibilitar la trata de personas en los sitios que le tocó administrar.

Otra información señala que de 2006 a 2015 se sabe de 25, 648 desparecidos; en 2014 se tuvo un récord con 5, 304; del total 50 por ciento son jóvenes (El Universal, 22 de septiembre).

También, nos informa el analista Alejandro Hope (ídem): los homicidios dolosos aumentaron 21 por ciento en 2014; en agosto fue el mes cumbre; la mayoría de los caídos eran hombre jóvenes, pobres y de baja escolaridad.

Como se habrá entendido, el caso de Iguala- Ayotzinapa no es una excepción sino forma parte de un entramado donde policía, narcotráfico, autoridades y funcionarios que rehúyen sus labores son parte de malas acciones que va desangrando el país, muestra la impunidad como lo frecuente y se posibilita que la violencia sea parte de los grupos más fuertes, quienes hacen que los débiles traten de protegerse como puedan. En síntesis, no tenemos garantizado el más elemental derecho: que el estado sea el garante de la ley y el poseedor de la fuerza única.

Para el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza, la crisis en nuestro país se manifiesta en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad, torturas como método de investigación, violación de los derechos de los migrantes, trata de personas y la impunidad de los ataques a los periodistas (Proceso, número 2029).

Y remata Álvarez Icaza: “No se puede defender a los periodistas y defensores de los derechos humanos con celulares y escoltas, eso no es suficiente, tienen que defenderlos con justicia”. Y en ese punto se coincide con los padres de los niños de ABC, con los familiares de los jóvenes asesinados en Tlatlaya y con los que insisten en que aparezcan los 43.

Por cierto, algunos supuestos informadores han señalado que Emilio lleva a cabo un complot contra el gobierno federal desde Estados Unidos. Algo muy viejo que antes se atribuía a Moscú o La Habana y ahora se coloca en gringolandia. ¡Locura total!

En dicha ruta coinciden la señora Isabel Miranda de Wallace, quien fue candidata panista al gobierno capitalino y tiene una agrupación para su beneficio: Alto al secuestro, y su asesor, Samuel González, el cual trabajó en la PGR cuando Antonio Lozano Gracia, quien permitió que se contratara una vidente, La Paca (Francisca Zetina), en el caso Raúl Salinas (Milenio, 22 de septiembre).

El 26 de este mes se cumplirá un año de la desaparición de los normalistas que estudiaban en Ayotzinapa (escuela Isidro Burgos). Habrá manifestaciones diversas aquí y en el extranjero, y los papás y mamás de los muchachos efectuarán una huelga de hambre en el zócalo de 43 horas, a partir de las 19 horas del jueves.

Ese mismo día 24, Enrique Peña Nieto recibirá a los dolientes que no tienen descanso. Esperamos que el mexiquense no saqué otro decálogo, como el que anunció el 29 de octubre de 2014, el cual jamás cumplió.

Es hora no únicamente de corregir lo ocurrido en Iguala, sino en realidad dar un viraje en los derechos humanos del país a riesgo de que el crimen sea el cáncer que vaya llevando a un enfermo (México) hasta su desaparición.

PD. El miércoles 23 se presentó el libro: La travesía de las tortugas ( prólogo de Héctor de Mauleón-Marchando con Letras y Proceso), donde colaboran periodistas independientes de CNN, Animal Político, Proceso, El Financiero, Frente, El Universal TV, El Gráfico, Quadratrín, La Jornada Guerrero, Emeequis y Sin Embargo. Hay perfiles y fotos de los 43. Los informadores y fotorreporteros estuvieron en varias ocasiones en Iguala, Cocula, Ayotzinapa y otros sitos de Guerrero. Cada uno costeó sus gastos, no hubo patrocinio oficial ni de otro tipo. Para que se sepa lo que es la información real, actual. Lo que se obtenga de ganancias será para los padres de los jóvenes que todavía no sabemos dónde están. Un bofetón para los que escriben desde su oficina, difunden rumores y/o versiones oficiales y reciben millones de pesos en embutes y publicidad. Un nuevo periodismo se abre paso, como siempre, a contracorriente.

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