Organizaciones nacionales e internacionales exigen al gobierno de Guerrero rectificar los señalamientos contra Tlachinollan y advierten que las acusaciones desvían la atención de la crisis estructural que enfrentan miles de familias jornaleras indígenas en la Montaña.
Por Redacción / @Somoselmedio
Organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por las declaraciones del secretario del Trabajo y Previsión Social de Guerrero, Omar Estrada Bustos, quien afirmó que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan “recluta” jornaleras y jornaleros agrícolas para empresas no vinculadas al Servicio Nacional del Empleo.
En un pronunciamiento, las organizaciones señalaron que dichas afirmaciones son imprecisas y contribuyen a deslegitimar el trabajo de una organización con más de tres décadas de acompañamiento a comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayores índices de pobreza y marginación del país.
El Centro Tlachinollan ha documentado y litigado casos de violaciones graves a derechos humanos, entre ellos los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha acompañado a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el caso Ayotzinapa, además de sostener procesos comunitarios de defensa del territorio y exigibilidad de derechos.
Las organizaciones firmantes sostienen que la labor de Tlachinollan en el ámbito jornalero no consiste en reclutar mano de obra, sino en documentar violaciones a derechos laborales y humanos, fortalecer capacidades de defensa y brindar acompañamiento integral a familias migrantes.
En Tlapa de Comonfort, Tlachinollan mantiene la Unidad de Servicios Integrales (USI), conocida como la Casa del Jornalero, donde cada año miles de familias reciben alimentos, atención médica y un espacio para pernoctar durante sus trayectos migratorios.
En coordinación con el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, la organización elabora un registro anual sobre trayectorias migratorias, migración de niñas, niños y adolescentes, y acceso a programas sociales. Este registro —único en la región— se comparte con instituciones públicas y aporta información más detallada que las plataformas oficiales. Las firmantes subrayan que dicho proceso no implica intermediación laboral, sino documentación y acompañamiento.
El posicionamiento advierte que responsabilizar a una organización civil por las condiciones en que migra la población jornalera invisibiliza la ausencia de políticas públicas estructurales. Desde hace años, la Comisión Intersecretarial de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes no opera de manera efectiva, pese a que en noviembre de 2025 presentó iniciativas en Tlapa.
Los intentos de coordinación con estados de destino se han limitado a la firma de convenios sin impacto sustantivo en la mejora de las condiciones laborales. A nivel estatal, el apoyo ha consistido principalmente en proyectos productivos ocasionales y distribución de despensas, sin una estrategia integral con enfoque de derechos humanos.
Además, señalaron que no existen mecanismos claros desde la Secretaría del Trabajo local para regular, supervisar o sancionar a empresas que ofrecen empleo fuera del marco legal, en un contexto de debilitamiento del sistema de inspección laboral y falta de claridad en competencias entre los ámbitos federal y estatal.
“Ante la falta de alternativas reales, muchas familias jornaleras aceptan empleos en condiciones indignas. En sus trayectos enfrentan extorsiones por parte del crimen organizado y abusos de corporaciones policiales municipales y estatales. En los campos agrícolas persisten prácticas de explotación laboral que afectan especialmente a niñas, niños y adolescentes.”
El pronunciamiento exhortó a las autoridades estatales y federales a cesar declaraciones que deslegitiman a organizaciones defensoras de derechos humanos, establecer una coordinación efectiva con comunidades y fortalecer los sistemas de inspección laboral con enfoque intercultural y de protección prioritaria a la niñez.
También solicitan que la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero emita una rectificación pública en la que se aclare que Tlachinollan es una organización de defensa de derechos humanos y no participa en el reclutamiento de personas jornaleras.
