Los Comités de Cuenca Río Sonora denuncian que el convenio firmado entre la Secretaría de Gobernación y Grupo México sigue sin transparentarse, mientras en los juzgados se intenta cerrar casos penales sin que haya remediación efectiva ni atención médica para las personas expuestas a metales pesados.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 6 de mayo 2026.- Las comunidades afectadas por el derrame minero de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por Buenavista del Cobre —filial de Grupo México—, exigieron este cinco de mayo una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Sonora, programada del 8 al 10 de mayo.
Los Comités de Cuenca Río Sonora advirtieron que, a más de una década del desastre ambiental, ninguno de los compromisos centrales de remediación, salud y acceso a agua potable se ha cumplido. La solicitud formal fue entregada el 24 de abril en Palacio Nacional. Al momento de la publicación de este comunicado, los Comités no habían recibido respuesta.
El 23 de diciembre de 2025, autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezadas por la Secretaría de Gobernación, anunciaron la firma de un convenio con Grupo México para resarcir los daños del derrame. Cuatro meses después, el acuerdo sigue sin explicarse a las comunidades. En su carta a la presidenta Sheinbaum —fechada el 22 de abril y recibida con sello en Palacio Nacional el 24 del mismo mes—, los Comités documentaron que al recurrir a organismos de transparencia y acceso a la información, la propia Secretaría de Gobernación respondió que el convenio no existe.
La contradicción, señalan los Comités en la carta, ha generado “incertidumbre y una desconfianza profunda por parte de las víctimas afectadas, que deberían estar en el centro y gozar del derecho a la participación efectiva y con información previa suficiente.”
En su comunicado del 5 de mayo, los Comités denunciaron además que se enteran de decisiones e información clave “a través de medios de comunicación, y no directamente por las autoridades, como corresponde.” Al mismo tiempo, alertaron que en los juzgados se intenta cerrar casos, “incluido el del Fideicomiso Río Sonora y la denuncia penal contra Grupo México, sin cumplimiento ni remediación efectiva”, mientras Semarnat y Profepa reportan en las mesas de trabajo supuestos avances.
Desde 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las comunidades de la cuenca a la información y a la participación en las decisiones. Los Comités señalaron en ambos documentos que ese reconocimiento no se ha traducido en práctica: “las decisiones continúan tomándose sin las comunidades.”
En la carta dirigida a Sheinbaum, los Comités documentaron que estudios oficiales han identificado exposición crónica a metales pesados —arsénico, plomo, cadmio y mercurio— en la población, con “impactos diferenciados y particularmente graves en niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.” A pesar de ello, escribieron, “no existe un programa integral, continuo y suficiente de atención médica especializada para las comunidades afectadas, a corto y largo plazo.”
En el comunicado reiteraron que tampoco hay garantía de acceso a agua potable segura en la cuenca: “continuamos sin un plan ni presupuesto claros, y con propuestas de potabilizadoras en zonas que no fueron afectadas.”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha acreditado violaciones graves y persistentes a derechos humanos en el caso y ha emitido recomendaciones que, de acuerdo con los Comités, “hasta la fecha, no han sido cumplidas de manera integral.”
En la carta entregada en Palacio Nacional, los Comités plantearon ocho exigencias a la presidenta. En materia ambiental y de salud, demandaron un plan integral de reparación con existencia jurídica y presupuesto suficiente para la remediación total de la cuenca; garantía de acceso a agua potable segura mediante infraestructura funcional; y un programa de salud pública con enfoque en toxicología ambiental, atención médica continua y perspectiva de género.
En materia de justicia y transparencia, exigieron acceso total a la información sobre convenios y estudios ambientales; participación efectiva de las comunidades en las decisiones de remediación; investigación y posible revocación de concesiones ante incumplimientos de la normativa ambiental; garantías de no repetición mediante reforma regulatoria en minería y residuos peligrosos; y la no obstrucción ni cierre de los procesos judiciales y penales sin esclarecimiento de la verdad.
“Este caso no puede cerrarse sin información pública, resultados verificables y una atención efectiva para las personas afectadas en su salud”, concluyeron los Comités en su comunicado más reciente. “No hay reparación y justicia sin transparencia ni participación.”
La presidenta Sheinbaum visita Sonora del 8 al 10 de mayo. Los Comités de Cuenca Río Sonora siguen esperando respuesta.
