El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó un informe que detalla los riesgos y agresiones a los que se enfrentan los colectivos de familias buscadoras. Exponen el impacto de la violencia institucional y el abandono del Estado, al tiempo que exigen mecanismos efectivos de protección para quienes buscan a sus seres queridos en un contexto de violencia creciente.
Redacción por Astrid Salgado @AstridGSG
Ciudad de México, 30 de octubre del 2024.- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (movNDmx) presentó el informe sobre Seguridad para Colectivos de Familias de Personas Desaparecidas en México, en un evento donde participaron activistas y representantes de diversos colectivos.
En la presentación estuvieron Virginia Buenrostro, Juana Esquivel y María Molina, integrantes del movNDmx, movimiento que agrupa a aproximadamente noventa colectivos de 25 estados de la república mexicana y de tres países de Centroamérica. Además, asistieron invitados de distintas organizaciones aliadas al movimiento.
Este documento ofrece un diagnóstico sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los colectivos de búsqueda en sus labores diarias, utilizando una metodología participativa basada en testimonios de quienes realizan estas búsquedas. El informe visibiliza los riesgos, amenazas y agresiones que sufren las personas buscadoras.
“Este diagnóstico ofrece un análisis profundo de los patrones de violencia y presenta propuestas claras para garantizar su protección, buscando que las autoridades respondan y se comprometan con la seguridad de quienes buscan justicia”, se lee en la página oficial del movNDmx.
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Entre los puntos clave del diagnóstico destacan las agresiones y amenazas hacia las familias buscadoras, los impactos psicosociales, la responsabilidad del Estado y las recomendaciones para proteger a quienes realizan estas búsquedas.
Virginia Buenrostro subrayó que la desaparición de sus familiares ha afectado profundamente la vida de las personas buscadoras, agudizando sus condiciones de vida. Explicó que las familias enfrentan múltiples desafíos, como la falta de recursos financieros y materiales para llevar a cabo búsquedas adecuadas, la ausencia de apoyo institucional y la violencia institucional, además de la discriminación y estigmatización.
También se destacó que, lamentablemente, las personas buscadoras son víctimas de agresiones físicas, psicológicas y verbales, así como de hostigamiento, amenazas, intimidación, vigilancia, delitos contra la privacidad, divulgación de información personal, allanamientos, desapariciones, asesinatos y ataques armados.
“Su servidora, al igual que muchas madres buscadoras, cuenta con el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, pero realmente no me ha servido de gran cosa, porque las amenazas siguen. Las amenazas al día de hoy son frecuentes, no solo para mí, sino para mi familia. Como lo vivo yo, están aquellas que no pueden expresarlo, las que no cuentan con un mecanismo de protección y temen por su vida y la de su familia en este riesgo constante que enfrentamos como defensoras y madres buscadoras”, expresó María Molina.
El informe subraya que en México debe garantizarse y respetarse la participación de las familias de personas desaparecidas en todas las etapas de los procesos, sin que se les impongan formalismos que obstaculicen su labor. Además, los funcionarios deben comunicarse con empatía y respeto hacia las familias y demás participantes en las búsquedas.
También se menciona la necesidad de establecer condiciones seguras durante el proceso de búsqueda, que garanticen la protección de las víctimas y de las familias buscadoras en aspectos físicos, digitales, y de salud física y emocional.
