Mujeres e infancias de comunidades del sur de Morelos obtuvieron una suspensión definitiva contra la exploración del proyecto minero Esperanza Silver. La medida judicial detiene temporalmente la explotación, pero las concesiones continúan vigentes y el conflicto sigue abierto.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 14 de enero 2026.- Durante una conferencia de prensa realizada este martes, organizaciones comunitarias y defensoras de derechos humanos informaron que un juzgado federal concedió una suspensión definitiva contra la exploración del proyecto minero Esperanza Silver, promovido en territorios de Xochitepec, Miacatlán y Temixco, en el estado de Morelos.
La resolución judicial es resultado de un juicio de amparo impulsado por mujeres e infancias de la región, acompañadas por la organización Terravida, y representa un freno temporal a un proyecto de minería a cielo abierto que, según las comunidades, amenaza el acceso al agua, la vida comunitaria y el equilibrio ambiental del territorio.
De acuerdo con las abogadas del caso, la suspensión definitiva impide que la empresa continúe con trabajos de exploración mientras se resuelve el fondo del juicio. Sin embargo, advirtieron que las concesiones mineras siguen vigentes, por lo que la amenaza no ha sido eliminada.
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Las seis concesiones activas abarcan miles de hectáreas en el sur poniente de Morelos y contemplan la extracción de oro y plata, además de otros minerales. El proyecto fue impulsado inicialmente por la empresa canadiense Esperanza Silver, que posteriormente vendió los títulos a Alamos Gold.
La Secretaría de Economía impugnó la suspensión definitiva, argumentando posibles afectaciones fiscales, por lo que el caso será revisado por un tribunal colegiado.
Derecho al agua y racismo ambiental
Durante la conferencia, las defensoras explicaron que el juicio de amparo se sostiene en tres ejes centrales: la violación al derecho humano al agua, al proyecto de vida y al derecho a la igualdad y no discriminación.
Según documentos oficiales de la Semarnat y de Conagua, no existe disponibilidad suficiente de agua superficial para el proyecto, y el agua subterránea está legalmente reservada para uso doméstico y público urbano. En contraste, las comunidades denunciaron que el suministro de agua en la zona es intermitente y limitado.
Las abogadas señalaron además la existencia de racismo ambiental, al tratarse de comunidades que históricamente han vivido procesos de desplazamiento, precarización y múltiples violencias, sobre las cuales se pretende imponer una carga ambiental desproporcionada.
Integrantes del movimiento morelense contra la minería recordaron que la resistencia comenzó desde 2012, cuando las comunidades se enteraron del proyecto sin haber sido consultadas. Desde entonces, han sostenido un proceso de organización autónoma que combina información comunitaria, prácticas culturales, actividades lúdicas y comunicación estratégica para defender el territorio.
“Nuestro horizonte no es solo frenar la exploración, sino lograr la cancelación definitiva de las concesiones”, afirmaron las voceras comunitarias, quienes subrayaron que la lucha es colectiva y de largo aliento.
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Representantes de pueblos indígenas de Puebla y Veracruz compartieron experiencias similares, destacando que la organización comunitaria, las asambleas y el ejercicio del consentimiento previo han sido claves para frenar proyectos extractivos en sus territorios.
Ley minera y disputa en la Suprema Corte
Durante el encuentro también se alertó sobre el contexto nacional. Aunque en 2023 se aprobó una reforma a la Ley Minera que introduce avances —como el consentimiento previo, libre e informado y la prohibición de minería en áreas naturales protegidas—, su reglamento sigue sin publicarse.
Además, una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma permanece pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que mantiene en incertidumbre el alcance real de los cambios legales.
Las organizaciones exigieron que el Poder Judicial resuelva con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez, y advirtieron sobre intentos de la industria minera por revertir los avances logrados.
Aunque la suspensión definitiva representa un triunfo legal relevante, las comunidades insistieron en que la defensa del territorio no ha terminado. El llamado final fue a fortalecer la articulación entre luchas locales, visibilizar los impactos reales de la minería y desmontar el discurso del “desarrollo” que, señalaron, suele ocultar pobreza, despojo y devastación ambiental.
Para las comunidades de Morelos, la resolución judicial es una pausa necesaria, pero no el final del conflicto: la exigencia central sigue siendo clara —territorios libres de minería y justicia ambiental para quienes los habitan.
