El Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, Colima, encabezado en su mayoría por mujeres, luchó para convertir a la comunidad en un territorio libre de minería, esto en un estado que ha concesionado el 37% de su territorio a las industrias extractivistas.
¿Cómo se organizó este grupo de mujeres que ahora son conocidas como las Guardianas del Agua y el Territorio? ¿Qué las impulsó y qué sigue sosteniendo su lucha en contra de quienes quieren extraer todos los minerales que yacen debajo de su territorio?
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Por Pedro Zamora Briseño
Ilustración: Ivanna Orozco
Fotografias: Tlanesi. Periodismo de Derechos Humanos
Bajo la bandera de la defensa del agua, un grupo de mujeres de este poblado indígena se colocó hace casi diez años al frente de un movimiento que, a contracorriente, consiguió frenar un proyecto de explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso, además de lograr que un tribunal agrario reconociera a la comunidad como el primer territorio libre de minería en el país.
En el transcurso de la misma lucha, empezada a finales de 2013, y después de un proceso judicial que se prolongó durante más de siete años, Zacualpan ganó también el juicio de amparo 458/2015 mediante el cual recientemente fueron canceladas dos concesiones mineras —que en total afectaban casi 200 hectáreas de sus tierras—, que habían sido otorgadas a particulares por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, sin consultar a la población.
A raíz de los actos de resistencia al proyecto minero, las protagonistas son ahora conocidas como las Guardianas del Agua y el Territorio. Los efectos de su actuación rebasaron los linderos de la localidad, pues además de proteger su entorno natural contribuyeron a preservar de contaminantes el manantial Ojo de Agua que, si bien, se encuentra dentro de su demarcación, constituye también la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la mayoría de los 300 mil habitantes de la zona metropolitana de la capital de Colima.
Impulsadas por el liderazgo de la campesina Epitacia Zamora Teodoro, fallecida quince meses después del inicio de las movilizaciones, las mujeres crearon el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) —integrado también por hombres—, mediante el cual sostuvieron fragorosas batallas, cuyo eco resonó hasta el Vaticano en la voz de una representante invitada después a un encuentro en Roma sobre los efectos de la minería en las comunidades indígenas del mundo.
Entre las acciones de protesta, con el acompañamiento de la organización ambientalista Bios Iguana, encabezaron marchas, plantones y cacerolazos en la capital del estado; enfrentaron a funcionarios de los gobiernos estatal y federal; lograron que el Congreso local emitiera un exhorto en rechazo a la mina; desafiaron y destituyeron a directivos de la comunidad proclives al proyecto minero y sufrieron represión policiaca, agresiones, hostigamiento y amenazas, por lo que habitantes y activistas solicitaron el respaldo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Ante la persecución y los riesgos para su seguridad personal, integrantes de Bios Iguana tuvieron que salir de manera temporal del estado. La coordinadora general de la organización, Esperanza Salazar Zenil, la más visible y la más vulnerable, al final se vio obligada a emigrar definitivamente de Colima, desplazada como consecuencia del peligro que corría su vida.
A una década del inicio de la lucha contra la incursión de la actividad minera en su territorio, uno de los costos que no ha podido superar Zacualpan es la fractura social que quedó entre sus pobladores como resultado de posturas divergentes en torno al proyecto extractivo.
El movimiento, según las Guardianas del Agua y el Territorio, también dejó una huella invaluable y profunda en las mujeres de este lugar, ancestralmente marginadas por el machismo y que a partir de las protestas adquirieron un papel más activo en los espacios de decisión de la comunidad.
“La lucha contra la mina fue en su mayoría de mujeres y dejó una enseñanza importante, porque quienes al principio tenían miedo se sintieron con valor para participar al darse cuenta de que si otras podían, ellas también; aprendieron que pueden defender a su comunidad y levantar al pueblo, que no sólo es estar en la casa; hubo un empoderamiento muy grande en el que se dio la participación de todas: jóvenes, niñas, adultas, personas mayores”, dice María del Carmen Guzmán Zamora, hija de Epitacia Zamora.
Una lucha desde una tierra que mantiene su esencia comunal
Poblado de la etnia nahua, Zacualpan pertenece al municipio de Comala. Tiene una superficie de 5 mil 945 hectáreas y se ubica en las faldas del Cerro Grande, en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán. La agricultura, la ganadería y los servicios son sus principales actividades económicas. Destacan los cultivos de maíz, calabaza, frijol, chile, ciruela y hortalizas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), su población en 2020 era de 1971 habitantes y de acuerdo con las mediciones del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Sociales (Coneval) correspondientes a ese mismo año, es la localidad con el nivel más alto de rezago social en la entidad, entre los asentamientos con más de mil 500 personas.
“Zacualpan destaca en Colima por ser la única comunidad originaria precolonial que conserva actualmente, en sus usos y costumbres, la propiedad de la tierra comunal como forma de vida y sustento colectivo, así como un alto simbolismo dentro de su territorio”, señala Alfredo Álvarez Ramírez en su tesis sobre la lucha de ese pueblo contra el extractivismo minero, con la que obtuvo en 2017 el grado de maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana.
En entrevista, Álvarez Ramírez –quien ahora es diputado local por Morena– considera que el carácter comunal de posesión de la tierra fortaleció al movimiento de Zacualpan, lo que fue factor clave para impedir la actividad minera en esa comunidad, pues en lo general sus habitantes: “no ven el mundo como una mercancía: todavía tienen el sentido de cooperación y solidaridad porque han logrado conservar sus tradiciones y su forma de producir los alimentos, por lo que el hecho de que la asamblea comunal no haya autorizado la explotación de la mina fue un triunfo de la mayoría de la población en la defensa de la tierra”.
El estado de Colima, cuya superficie es de las más pequeñas del país, ocupa el primer lugar nacional en porcentaje concesionado a la minería, con 37.09 por ciento de su territorio, esto es, 208 mil 757 hectáreas, con 278 concesiones vigentes, según la Secretaría de Economía. En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reporta que la superficie concesionada a la minería en México equivale al 8.59 por ciento del territorio, con 24 mil 066 concesiones vigentes.
Cifras del Inegi indican a su vez que, en 2021, Colima ocupó otro primer lugar en el país, pero éste en producción bruta total de minería de hierro con 28.8 por ciento del volumen nacional.
La mayor parte de la extracción de este mineral es realizada por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada en el municipio colimense de Minatitlán —a poco más de 30 kilómetros de Zacualpan—, en la zona limítrofe con Cuautitlán, Jalisco.
Esa empresa extractiva nació a finales de los años sesenta bajo un esquema mixto de capital público y privado, pero el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la privatizó totalmente en 1991, y desde 2005 es propiedad de las trasnacionales Ternium y Arcelor Mittal, de los magnates del acero Paolo Rocca, ítalo-argentino, y Lakshmi Narayan Mittal, originario de India, respectivamente.
A escasos kilómetros del área de extracción de Peña Colorada se encuentra la comunidad indígena nahua de Canoas, en el municipio de Manzanillo, que en la última década ha logrado cerrar el paso a tres proyectos mineros que pretendían introducirse a su territorio para explotar hierro.
El caso más reciente fue el de una empresa canadiense que buscaba permiso para implementar el proyecto Rufus por un periodo de 16 años, pero ante las movilizaciones de los lugareños que alertaban sobre el riesgo de los daños ambientales que serían ocasionados en la zona, en 2021 la Semarnat negó la autorización
Los títulos de concesión minera cancelados en Zacualpan, mediante el juicio de amparo, cuya sentencia fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima en 2022, habían sido otorgados en los años 1995 y 2006.
El primero de ellos, número 201872, estaba relacionado con el lote minero Heliotropo, con una superficie de 100 hectáreas, a nombre de los herederos de Adolfo Pineda Martínez, mientras que el segundo, número 227572, sobre el lote Tigrilla, con una superficie de 90.44 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú, conforme a datos de la Secretaría de Economía.
El pretendido proyecto de explotación de la mina en 2013, previsto sobre el lote Heliotropo, no fue el primer intento de esa naturaleza en Zacualpan.
María del Carmen Guzmán comenta que en los años setenta un particular obtuvo permiso de la asamblea comunal para realizar exploraciones mineras en un área cercana, de donde empezó a extraer minerales y estuvo trabajando casi cinco años, pero fue expulsado del lugar cuando los habitantes se dieron cuenta de que como consecuencia de los trabajos ya se habían secado dos nacimientos de agua de la zona.
Sin olvidar esa experiencia, contada por los mayores a los más jóvenes, la mayoría de comuneros votó en contra cuando varias décadas después el representante legal de la empresa Gabfer S.A. de C.V., Rigoberto Verduzco Rodríguez, se presentó ante la Asamblea de Bienes Comunales a solicitar la autorización del nuevo proyecto extractivo.
“Querían abrir otra vez el cerro para explotar una mina”, informó Epitacia Zamora a sus hijas al regresar de una asamblea realizada en el segundo semestre de 2013, en la que había participado en su carácter de comunera.
—¿Y qué tan peligroso puede ser eso? A lo mejor habría trabajo y eso sería bueno para la gente de aquí —comentó una de ellas.
“En aquel entonces no se explotó mucho esa mina y aún así se secaron los nacimientos de agua que había cerca de ahí; ahora no sabemos lo que podría pasar con el manantial Ojo de Agua si dejamos que trabajen esta otra mina. Lo bueno es que ya dijimos que no la queremos” —expresó Zamora Teodoro considerando que el tema ya había quedado cerrado en la asamblea comunal.
El conflicto, sin embargo, apenas iba a empezar.
Pita, una mujer que no conocía el miedo
Pese a la negativa inicial de la mayoría de comuneros, la directiva y el empresario minero continuaron insistiendo con el asunto. “El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, nos decía que teníamos que aprobar el proyecto, porque según él traería muchos beneficios para la comunidad”, recuerda la comunera Olivia Teodoro Aranda.
El empresario les había dicho que habría becas para los niños, empleo para los adultos, una farmacia, así como mejoras para el centro de salud, la iglesia y la escuela. Sin lograr convencer a la mayoría, después ofreció regalías para la comunidad y hasta dinero en efectivo para cada comunero a cambio de su voto.
En las siguientes reuniones aumentó el rechazo al proyecto extractivo
:“Cada vez éramos más los que decíamos que no lo queríamos, pero no entendían, ya eran como cuatro o cinco asambleas y seguían insistiendo sin hacernos caso. El señor de la mina nos mostraba una chequera y decía que podía darnos tres o cuatro meses de pagos por adelantado”.
Al advertir la intención de imponer a como diera lugar la entrada de la minería al pueblo, se formó el movimiento opositor alentado por Epitacia Zamora, una mujer que había dedicado casi toda su vida a las labores del campo, como jornalera en los cultivos de hortalizas y que, en 2008, había sido diagnosticada con anemia mielodisplásica, adquirida cuando trabajaba en una plantación de papaya donde estaba en permanente contacto con productos agroquímicos.
“Nos habían dicho los médicos que a mi mamá ya sólo le quedaban dos años de vida, pero todavía vivió siete, que le alcanzaron para defender el agua y el territorio de su pueblo”, dice María del Carmen.
Preocupada siempre por los asuntos de interés público, Epitacia Zamora, conocida como Pita, fortaleció su conciencia social cuando participó a principios de la década de los noventa en grupos de reflexión de las comunidades eclesiales de base, en la parroquia del pueblo, y posteriormente en los comités de apoyo al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) iniciado en Chiapas en 1994.
“Para ella la lucha incluía desde agarrar una escoba e ir a barrer un lugar público. Cuando éramos niñas nos llevaba a barrer el centro de salud, cosa que nadie hace voluntariamente hasta la fecha; algunas personas le preguntaban que quién le iba a pagar por eso. ‘Nadie, no necesito que me paguen, también vengo a que me atiendan aquí cuando me enfermo’, era su respuesta”, cuenta su hija.
Casada a los 15 años, tuvo dos hijos y cuatro hijas, de quienes sobreviven estas últimas. A finales de los noventa, inconforme con la violencia intrafamiliar que sufría, Epitacia Zamora se separó de su esposo, quien murió posteriormente. En 1999, tras el fallecimiento de su padre, fue reconocida como comunera.
La coordinadora general de Bios Iguana, Esperanza Salazar, comenta que en octubre de 2013 las mujeres de Zacualpan contactaron al grupo ambientalista y le pidieron apoyo frente al riesgo de la imposición del proyecto minero.
“Yo conocía a Pita desde hacía mucho tiempo” -refiere la activista—; “me había encontrado con ella en algunos eventos que tenían que ver con plantas medicinales, pero tenía varios años que no la veía. Era una mujer muy reconocida en la comunidad, con un carácter muy fuerte y muy entrona. No tenía trabas, no tenía miedo. A cualquier autoridad le decía las verdades”.
Fundado en 1992, inicialmente como proyecto de educación ambiental y conservación de iguanas y tortugas, el grupo Bios Iguana ingresó en 2009 a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), pero cuando recibió la petición de respaldo de Zacualpan prácticamente no había participado en esas cuestiones en Colima, sólo lo había hecho en algunas comunidades de la Sierra de Manantlán y estaba atendiendo la defensa de la Laguna de Cuyutlán frente a proyectos industriales.
Por lo tanto, expone Salazar Zenil, “con asesoría de varios compañeros de la Rema empezamos a proponer una estrategia de defensa de Zacualpan”.
Y así fue como a finales de noviembre de 2013, después de haber sostenido una serie de reuniones informativas sobre los efectos de la minería en la salud humana y en el ambiente, un grupo de habitantes de la comunidad decidió crear el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.
Esta organización, señala en su tesis Alfredo Álvarez, se conformó como un “movimiento social contrahegemónico”, ya que sus integrantes denunciaron que la empresa minera contaba con el apoyo de los tres niveles de gobierno y de la Procuraduría Agraria (PA) a través de su delegada en Colima, María Elena Díaz Rivera, por lo que “no sólo se enfrentaban a las autoridades, sino a intereses trasnacionales al acecho de los recursos naturales”.
Pita fue fundamental para los primeros años de lucha del Consejo Indígena.
“¿Qué nos ofrecen a nosotros?”: Una comunidad limpia
Entre las razones por las que una parte de la población rechazaba la mina era el temor sobre la suerte que correría una de sus principales riquezas naturales: el manantial Ojo de agua, que según especialistas de Bios Iguana además de cubrir las necesidades de abasto de la comunidad, aportaba en ese entonces alrededor de mil litros de agua por segundo para la población de la capital del estado y sus alrededores, lo que representaba 77.79 por ciento de su consumo promedio.
Además de la contaminación del entorno y los consecuentes daños a la salud de la población, el grupo ecologista consideró que con la actividad extractiva el acuífero —que también alimenta un atractivo balneario ecoturístico— correría el riesgo de quedar sepultado por derrumbes o flujos de lodo provocados por las lluvias y las detonaciones propias de las labores de la minería.
Así también, de acuerdo con Esperanza Salazar, los riesgos de la extracción de minerales como oro y plata se derivan del uso de sustancias muy dañinas para la salud, como cianuro y mercurio: “Lo hemos visto en muchos casos atendidos como Red Mexicana de Afectados por la Minería en países como Honduras, Guatemala y México”.
En su única aparición ante un medio de comunicación, el empresario Rigoberto Verduzco, representante legal de Gabfer S.A. de C.V., aseguró en marzo de 2014 ante el Diario de Colima que la operación de la mina no generaría afectaciones ambientales en la comunidad ni en el manantial de Zacualpan, pues sólo sería extraído el mineral y trasladado a otro lugar para realizar los procesos de lixiviación y concentración, además de que el sitio de la mina estaba ubicado a cuatro kilómetros del manantial.
Comentó que ya contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y aclaró que aunque el título de concesión comprendía un terreno de 100 hectáreas, la superficie sobre la que se pretendía trabajar en la primera etapa era de sólo 4.3 hectáreas.
Frente a la polémica generada en torno al asunto, Verduzco Rodríguez declaró que buscaría consensuar el proyecto minero con la población, para “que tengan la certeza de que habrá un beneficio para la comunidad, además de los empleos directos e indirectos que se generarán, ya que ellos tienen derecho a una regalía directa”.
Sin embargo, ante la escalada del conflicto, ya no se produjo un encuentro posterior del empresario con la comunidad ni fue presentado el estudio de impacto ambiental ante la Semarnat.
Julia Lauriano Aranda, hija de la comunera Juana Aranda y actual secretaria suplente de la Junta Municipal, expone:
“Yo no sabía nada de las minas, no conocía las complicaciones, las enfermedades ni las infecciones que provocan; el grupo Bios Iguana nos trajo toda esa información que fue muy importante para nosotros, nos invitó a otros lugares del país para ver lo que ocasiona la minería en los pueblos, yo fui con ellos y a partir de entonces aprendí y entendí las cosas; fue así como se fortaleció nuestra decisión de defender a la comunidad”.
Nieta de Joaquín Lauriano Rodríguez, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales a quien hace varias décadas le correspondió encabezar una lucha para que Zacualpan mantuviera la propiedad comunal de la tierra —frente a los intentos de convertirla entonces en ejido—, Julia Lauriano considera que trae en la sangre el espíritu de lucha por la defensa de su comunidad.
Viuda desde cinco años antes y madre de un niño que tenía entonces nueve años de edad, en ese tiempo Julia se dedicaba a la siembra de maíz y tenía un puesto de venta de cena para sostenerse. Cuando decidió involucrarse en la lucha contra la minería, tuvo que suspender su negocio de alimentos para poder asistir a las reuniones y demás actividades.
Tras enterarse por su madre y otras personas de que el empresario estaba ofreciendo entre 15 mil y 18 mil pesos por el voto de cada comunero, se sumó a las labores de visita domiciliaria para promover firmas en contra del proyecto.
“Algunas personas —recuerda Julia Lauriano— me decían que llegué tarde porque ya les habían prometido que les iban a dar dinero y me preguntaban qué les ofrecíamos nosotros; yo les decía que podíamos ofrecerles que íbamos a tener una comunidad limpia, libre de minería, y les explicaba los daños que causan las minas en los pueblos cercanos a los lugares de explotación. Otros preguntaban dónde firmaban y querían saber en qué lugar sería la siguiente reunión para asistir”.
Como muchos habitantes de Zacualpan, la primera vez que escuchó hablar del proyecto minero, Olivia Teodoro tampoco conocía las implicaciones ni las consecuencias de la explotación de una mina. “El empresario vino a decirnos que habría muchos beneficios para la comunidad, nos platicó que no iba a haber nada de afectaciones, se veía todo muy bonito”.
No obstante, un día al pasar frente a la iglesia le habló Dilva Uliceth Peña Velázquez, hija de un comunero y estudiante de la Universidad de Colima, quien la invitó a una reunión informativa en el jardín de la comunidad, donde miembros de Bios Iguana darían una plática sobre los daños que ocasiona la minería.
“Cuando fui al evento —dice Olivia Teodoro—, me di cuenta de las afectaciones que íbamos a tener y por eso decidí unirme al movimiento; yo no quería a mi comunidad aterrada con piedras y todo lo que iba a contaminar; el apoyo de Bios Iguana fue para mí toda una enseñanza desde un principio; ellos traían videos sobre la contaminación y cómo estaba la gente en los pueblos donde había minas trabajando; vinieron a informarnos, orientarnos y explicarnos”.
Teodoro Aranda, quien desde 1988 es comunera de Zacualpan, refiere que en relación con los impactos de la minería, ella le creyó más a la organización ambientalista que al empresario y al gobierno; “para mí Bios Iguana fue muy importante porque ellos fueron los que me abrieron los ojos a mí y a muchas personas más de la comunidad”.
Zacualpan: territorio libre de minería
El 17 de noviembre de 2013 había sido convocada una asamblea comunal más a la que asistiría el empresario minero, pero no se llevó a cabo por falta de quórum, por lo que se programó nuevamente para el 1 de diciembre siguiente.
En el orden del día se anunció la entrega de dinero en efectivo para cada comunero si era aprobado el proyecto. Decía el punto 4: “Exposición de nueva propuesta por parte del C. Ing. Rigoberto Rodríguez (sic), acerca del ofrecimiento de mejores regalías y pago personal a cada comunero –en caso de su aceptación– y beneficios para la comunidad de aceptarse la explotación de la mina”.
Esa asamblea, sin embargo, tampoco se llevó a cabo. La mañana del día programado se anunció por las calles del pueblo que se realizaría “hasta nuevo aviso”. Ese domingo el CIDTZ había convocado a una junta pública en la plaza principal de Zacualpan, conducida por Epitacia Zamora.
En la reunión, cientos de asistentes firmaron un documento donde expresaron su rechazo a la mina, se pronunciaron a favor de la declaratoria del poblado como “territorio libre de minería” y acordaron solicitar a la Procuraduría Agraria la convocatoria a una asamblea para votar la propuesta de destituir a los integrantes de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales, presidida por Carlos Guzmán Teodoro, por no obedecer la voluntad de la comunidad y seguir insistiendo en que se aprobara el proyecto minero.
Dos semanas después de la entrega de la petición a la PA, la delegada, María Elena Díaz Rivera, respondió negativamente con el argumento de que para convocar a la asamblea con ese punto en la orden del día se requería actualizar el padrón de comuneros.
Sobre lo anterior, Esperanza Salazar consideró entonces que la funcionaria federal sólo estaba tratando de retrasar el proceso de destitución de la directiva comunal, para dar tiempo al empresario de intimidar y ofrecer más dinero a los comuneros a cambio de su voto a favor de la explotación de la mina.
En respuesta a los señalamientos en su contra, el entonces presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, declaró en esa época que él no se encontraba “a favor ni en contra” de la explotación de la mina, pues “yo estoy a favor de lo que diga la asamblea”.
Aseguró que desconocía los ofrecimientos realizados por el empresario Rigoberto Verduzco, porque en la asamblea que se suspendió el domingo 1 apenas iba a presentar su propuesta.
Guzmán Teodoro acusó a los integrantes de Bios Iguana de ser “agitadores profesionales”, que “le lavan el cerebro a los comuneros y nos meten en problemas; somos una comunidad tranquila y no queremos la intervención de gente externa”.
En relación con la solicitud de destitución de la mesa directiva que él encabezaba, dijo:
“Si fuera la realidad, qué a todo dar que nos quiten de problemas. Yo con todo gusto, pero nosotros nos regimos a través de la asamblea general de comuneros, y si la asamblea no dice nada, aunque griten”.
En su momento, Esperanza Salazar rechazó los señalamientos del dirigente comunal: “Nosotros no llegamos a alborotar a nadie, la gente nos buscó preocupada por esta situación; vino a pedirnos auxilio y nosotros claro que contestamos. Ese es nuestro trabajo”.
Añadió que en cuanto la gente tuvo información y conoció los riesgos de la aprobación de un proyecto minero, fue ella la que levantó la voz y pidió incluso la destitución de Carlos Guzmán.
El 3 de febrero de 2014 fue convocada una asamblea para tratar otros asuntos, a la que acudió la delegada de la PA bajo el resguardo de policías federales y municipales armados, pero ante las protestas de comuneros porque no se aceptó incluir en la orden del día la propuesta de destituir a la mesa directiva, la funcionaria suspendió la reunión.
Posteriormente, los días 15 y 16 de febrero, Zacualpan fue sede del Foro Nacional Contra la Minería 2014, en el que se reunieron más de 30 organizaciones provenientes de 12 entidades del país, que compartieron experiencias de resistencia contra los proyectos mineros y en solidaridad con la lucha y la resistencia de la comunidad indígena colimense.
La experiencia de Zacualpan fue presentada por Epitacia Zamora y Jesús Santos Quirino, quienes hablaron sobre la forma como llegó la empresa minera intentando cooptarlos para que promovieran el apoyo a la explotación de la mina, así como la manera en que se organizaron para defender su territorio.
Y el domingo 23 de febrero siguiente, en la casa de usos múltiples, un grupo de comuneros se constituyó en asamblea ante la fe del notario público número 4 de la ciudad de Colima, Pablo Bernardo Castañeda de la Mora. Frente a la inasistencia de Carlos Guzmán Teodoro, quien la víspera había anunciado una nueva cancelación de la convocatoria “por no existir condiciones de seguridad”, la reunión fue encabezada por la presidenta suplente del Comisariado de Bienes Comunales, Crescenciana Corona Lorenzo.
Con la asistencia de 96 de los 307 comuneros registrados en el padrón —de los que ya había muerto alrededor de medio centenar— la asamblea se llevó a cabo por segunda convocatoria, sin necesidad de presencia de la mayoría. Fueron destituidos los integrantes de la mesa directiva que presidía Carlos Guzmán y se eligió en su lugar a J. Guadalupe Rincón Carpio como presidente, a Epitacia Zamora Teodoro como secretaria y a Olivia Teodoro Aranda como tesorera.
Por primera vez en la historia de la comunidad, dos mujeres formaban parte de la directiva en cargos propietarios, además de que en el acta quedó establecida la declaratoria de Zacualpan como territorio libre de minería.
No obstante, la lucha no estaba concluida. Ante la negativa del Registro Agrario Nacional (RAN) de registrar el acta de la asamblea, la nueva directiva inició un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario 38, registrado bajo el expediente 81/2014, a la vez que aumentó la intensidad de las movilizaciones y crecía la tensión al interior de la comunidad, entre partidarios y opositores del proyecto minero.
Y llegó la represión.
“No conozco el infierno, pero creo que fue algo parecido”
Inconformes por el incumplimiento de compromisos del gobierno de Mario Anguiano Moreno, así como dependencias estatales y federales, para el reconocimiento legal de la asamblea en la que se eligió la nueva mesa directiva, el 13 de marzo alrededor de 200 habitantes de Zacualpan apagaron los motores del sistema de bombeo del manantial que abastece de agua potable a la zona metropolitana de la capital del estado, lo que interrumpió el flujo del servicio a buena parte de la población de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.
La secretaria de la mesa directiva electa, Epitacia Zamora, leyó un pronunciamiento del CIDTZ en el que se advirtió que no fue cumplido ninguno de los compromisos, por lo que:
“Vemos claramente que las autoridades de los tres niveles se burlan de nosotros, dejando en claro que no respetan nuestras decisiones como comunidad indígena nahua, violando nuestros derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales”.
Sobre el corte del flujo de agua para la capital del estado y su área conurbada, el Consejo Indígena pidió la comprensión de la población y le hizo un llamado a que exija a las autoridades “que cumplan con su palabra y que no se instale algún proyecto minero que atente contra el patrimonio cultural de los colimenses, contra nuestra salud y contra nuestra propia vida”.
Mientras los habitantes de Zacualpan con su acto de protesta estaban solicitando un diálogo directo con el gobernador, éste envió a través del secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, alrededor de 150 elementos policiacos de la Policía Estatal Acreditable y de la Procuraduría General de Justicia, armados con toletes y encabezados por una tanqueta, para desalojarlos por la fuerza. Esto dejó un saldo de cerca de veinte personas lesionadas, la mayor parte mujeres y menores de edad, empujadas y pisadas por los agentes a su paso, de acuerdo con Jesús Santos Quirino, uno de los representantes del CIDTZ.
La versión del gobierno estatal, difundida a través de un boletín de prensa, fue diferente, pues aseguró que durante el operativo:
“los elementos de las corporaciones de seguridad pública de manera pacífica y sin necesidad del uso de la fuerza, abrieron paso a los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Colima Villa de Álvarez (Ciapacov) para encender el sistema de bombeo y restablecer el abasto de agua”.
Para Olivia Teodoro, la experiencia del desalojo policiaco del sistema de bombeo fue el peor momento de la lucha contra la minería. “No conozco el infierno, pero creo que fue algo parecido”, describe.
“Fue lo más duro que viví durante el movimiento —explica–; lo que más me dolió fue la represión del gobierno, que nos mandó muchísimos policías; decían que los de Zacualpan mandaban a las mujeres por delante, pero no, lo que pasa es que fue una lucha de mujeres en su mayoría, por eso me dolió que el gobernador no se haya fijado que había mujeres, niños y ancianos y nos mandó la tanqueta que se fue contra nosotras y estuvo a punto de apachurrarnos”.
Cuando tomaron el sistema de bombeo, indica, fue porque querían hablar con el mandatario, para decirle que no querían la mina y solicitarle que se reconociera a la nueva mesa directiva de Bienes Comunales.
“Todavía recuerdo esa experiencia tan fuerte cuando veo policías –cuenta Olivia–, nosotros sentíamos que el gobierno estaba a favor del minero y se nos hace injusto que por defender el agua y el territorio se nos haya reprimido; cuando tomamos las bombas yo me sentía contenta porque pensé que el gobernador Mario Anguiano nos iba a hacer caso e iría a platicar con nosotros. A la población de Colima le mandábamos decir por los medios de comunicación que nos disculpara, pero que queríamos que nos entendiera el gobierno. Mucha gente nos daba ánimo y otras personas decían que éramos malas porque no queríamos darles agua”.
Las mujeres, encabezadas por Epitacia Zamora, habían decidido que no se quitarían de la entrada a las instalaciones del sistema de bombeo, pero cuando empezó a avanzar la tanqueta hacia ellas, los hombres les decían que se quitaran del camino. Refiere Olivia Teodoro:
“Creímos que al vernos ahí se iba a detener, pero como no lo hacía algunas compañeras tuvieron que brincar a los lados; a mí en el último momento me jaló mi hijo, porque de no haberlo hecho me hubieran atropellado”.
Ese episodio es recordado por Julia Lauriano como “una respuesta de terror” por parte del gobierno estatal en contra de una comunidad que sólo ejercía el derecho a manifestarse.
“Cuando vi que los policías avanzaban con sus escudos y toletes aventando a la gente, yo sentí pavor y les gritaba que no hicieran eso, que había niños y ancianos, que si no tenían compasión, pero entre el griterío sentía que nadie me escuchaba y también me aventaron a mí junto con dos viejitos que estaban a mi lado; entonces desesperada busqué a mi hijo para sacarlo de ahí, pero cuando voltee hacia un lado me di cuenta de que ya se había puesto a salvo”.
Años después, al rememorar ese suceso, Julia Lauriano todavía se conmueve y se indigna, porque “es la represión más horrible que he vivido; todavía tengo en la mente la imagen de varios policías arrastrando a dos de mis compañeras, jalándolas del pelo para sacarlas del lugar donde habíamos tomado el sistema de bombeo”.
Las represalias y agresiones continuaron
Aunque el desalojo policíaco de las instalaciones de las válvulas de agua fue la acción represiva de mayor impacto hacia el movimiento antiminería, lo cierto es que casi desde el principio, y a lo largo de todo el proceso, activistas e integrantes del CIDTZ padecieron un clima de acoso y violencia por parte de autoridades y sectores de la población afines al proyecto minero y al grupo de expresidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán.
Uno de los primeros incidentes ocurrió la noche del 5 de diciembre de 2013, cuando policías bajo el mando del entonces presidente de la Junta Municipal de Zacualpan, Enrique Carpio Rincón, detuvieron y esposaron al presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, poco antes de una asamblea pública en la plaza principal, donde serían exhibidos videos sobre la contaminación generada por la industria minera en diversas regiones de México y el mundo.
Tras ser subido a un vehículo particular que recorrió varias calles del pueblo, Martínez fue liberado luego de las protestas de un grupo de habitantes de la comunidad. Al día siguiente, Martínez interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) y denunció penalmente a Carpio y a los agentes que lo detuvieron.
Jesús Santos, del CIDTZ, denunció penalmente por amenazas a muerte a un familiar del entonces presidente del Comisariado de Bienes Comunales.
Mientras tanto, cuando el conflicto se encontraba en uno de sus momentos más álgidos, Reyna Martínez Quirino, una de las más activas participantes del Consejo Indígena, sufrió el envenenamiento de 30 chivos que criaba en una parcela como parte de su sustento económico. Aunque denunció el hecho, la autoridad nunca deslindó responsabilidades.
En junio de 2015, integrantes del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), abogados e integrantes de Bios Iguana estuvieron en peligro de ser linchados por simpatizantes del proyecto minero, luego de que el grupo acudió a Zacualpan a realizar precisamente un análisis de la situación de riesgo en que se encontraban los activistas, junto con miembros del CIDTZ.
La coordinadora de Bios Iguana, Esperanza Salazar, señala que la acción del grupo beligerante iba dirigida especialmente en su contra, pero fue retenido todo el grupo en la salida del pueblo con la exigencia de que ella les fuera entregada, aunque no la reconocieron porque, anticipándose al riesgo que venía, en la reunión previa las mujeres del Consejo Indígena le habían modificado la apariencia de su pelo.
La activista recuerda que a pesar de que estaban presentes varias patrullas de la Policía Estatal, nada hicieron por resguardar la seguridad del grupo, cuya integridad siempre estuvo en riesgo, hasta que los empleados de la Segob se comunicaron a la Ciudad de México y, desde allá, llegó la alerta a Colima para que se les abriera el paso.
Esa tarde, integrantes del CIDTZ tomaron las instalaciones de la Junta Municipal de Zacualpan en protesta por el hostigamiento a la delegación de Bios Iguana y la Segob, pero fueron desalojados violentamente por seguidores del grupo favorable a la explotación de la mina, con el resultado de siete personas lesionadas.
Según José Martín Peña, miembro del Consejo Indígena, el choque ocurrió cuando los partidarios de la mina, encabezados por el presidente de la Junta Municipal, Enrique Carpio, llegaron con piedras y palos a tratar de disolver la protesta.
Una de las lesionadas, Juana Teodoro Peña, fue trasladada al Hospital Regional Universitario de la ciudad de Colima, para ser atendida de una herida en la cabeza provocada por una piedra. También sufrieron lesiones Isidra Domínguez Quirino, Julia Lauriano Aranda, Martha Lauriano Aranda y Sofía Tomás Domínguez, por parte del CIDTZ, mientras que por el grupo antagónico resultaron lesionados Vicente Evangelista Teodoro y Gregoria Lorenzo Guzmán.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 30 de julio de 2015 las organizaciones Bios Iguana y el CIDTZ denunciaron detalladamente el acoso, persecución, amenazas e incluso golpes sufridos por algunos de sus integrantes desde el inicio del movimiento como represalia por oponerse al proyecto minero.
Entre las víctimas de lo anterior se mencionó a Esperanza Salazar Zenil, Alejandro Bueno Salazar, Víctor Andrés Cruz Chi, Jonathan Ochoa Fernández, Dilva Peña Velázquez, José Martín Peña Guzmán, Ana Monserrat Cárdenas Rojas, Jesús Santos Quirino, Reyna Martínez Quirino, Gabriel Martínez Campos y otros. El documento de la queja señaló:
“Se puede mostrar en el desarrollo de los hechos que existen constantemente amenazas, hostigamientos y acciones para deslegitimar la labor de cada uno de las defensoras y los defensores miembros de Bios Iguana como el Consejo Indígena. Sin duda ha sido difícil como asociación poder realizar todas las denuncias necesarias y dar seguimiento por el riesgo que corremos al presentarnos en cada una de las dependencias del Estado, ya que son las mismas autoridades quienes han realizado una serie de acciones para amenazar y desvirtuar nuestra labor”.
En los casos de Víctor Cruz Chi, Gabriel Martínez y Alejandro Bueno, el texto indica que ante el incremento de los riesgos para su seguridad, en diferentes momentos tuvieron que salir temporalmente del estado.
Posteriormente, después de sufrir diversas persecuciones y allanamientos en su domicilio, Esperanza Salazar estuvo exiliada en Canadá y en la Ciudad de México, hasta que en agosto de 2016 salió de Colima resguardada por integrantes de la Red de Afectados por la Minería (Rema) y MiningWatch, de Canadá, entre otros organismos, junto con dos escoltas asignados por la Segob. En un informe rendido al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las agrupaciones acompañantes señalaron las deficiencias o puntos vulnerables de las medidas de protección que habían sido instaladas previamente por ese programa en la vivienda de Esperanza Salazar.
“Tantas debilidades en el sistema de seguridad de la casa, la hacen inadecuada y vulnerable para acciones de protección que ponemos a su consideración porque deben ser superadas en otros casos, pues de ello depende la integridad física de las personas y son parte de la instrumentación del mecanismo de seguridad”.
Desde antes, en marzo de ese mismo año, integrantes de una misión internacional de observadores provenientes de Canadá, Estados Unidos y México, que visitaron Colima, denunciaron que en el caso de Zacualpan:
“el gobierno estatal ha procurado la impunidad, la recurrencia en la violación de los derechos humanos, el irrespeto a la ley, la discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas, la atomización de los conflictos sociales para facilitar el despojo de los bienes naturales de los pueblos, así como la criminalización y la amenaza a defensores de los derechos humanos, como el caso de los miembros de la organización Bios Iguana”.
A casi siete años de haber sufrido el desplazamiento forzado, desde el lugar en el que actualmente reside, Esperanza Salazar comenta vía telefónica que la represión derivada del acompañamiento a la lucha de Zacualpan tuvo como consecuencia para ella un saldo de varias pérdidas:
“Finalmente perdí todo, mi casa, mis amigos, mi arraigo, mi empleo; tenía casi 30 años de haber llegado a Colima y ya había decidido vivir en ese lugar. Me había gustado; ya había adoptado a Colima para seguir viviendo ahí, pero llega un momento en el que ya no tienes nada, te quedas sin nada y vas a dar a un lugar extraño, donde no puedes trabajar ni tienes ninguna oportunidad de nada. Entonces son muchas las cosas que perdí y no he recuperado”.
Sin embargo, reflexiona, “debo estar agradecida porque lo que pasé lo puedo contar; muchos compañeros defensores ya no tienen la oportunidad de hacerlo, sea porque los desaparecieron o porque los asesinaron”.
Desde la elección de la nueva mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, con dos mujeres en los puestos de secretaria y tesorera, se percibieron manejos distintos en la comunidad. Estuvieron trabajando a pesar de no contar en ese momento con la inscripción del acta de la asamblea en el Registro Agrario Nacional (RAN) y que su nombramiento se encontraba en litigio judicial.
Originalmente, precisa Esperanza Salazar, cuando se conformó la planilla la candidata natural para presidenta del Comisariado de Bienes Comunales era Epitacia Zamora, pero finalmente “se impuso el machismo de los hombres, que votaron por uno de sus compañeros y ella quedó de secretaria, junto con Olivia Teodoro como tesorera”. Aún así, la coordinadora de Bios Iguana considera que con la integración de esa nueva directiva las mujeres de Zacualpan:
“dieron un salto impresionante, fue muy fuerte en realidad”, pues “finalmente fue Pita la que en los hechos gobernó como presidenta de Bienes Comunales, ya que el compañero que quedó nomás estaba de nombre; no es por hacerlo menos, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo ahí, ni la fuerza que poseía ella”.
Durante ese periodo, prosigue Salazar Zenil, la directiva asumió la administración del centro ecoturístico Ojo de Agua y demostró que, además de generar empleos para habitantes de la localidad, dejaba utilidades que permitieron conformar un fondo con el que se otorgaban ayudas sociales a familias que requerían apoyos para atención médica, pago de funerales, gastos escolares, entre otras necesidades.
Diez meses después, en diciembre de 2014, el Tribunal Unitario Agrario 38 con sede en Colima reconoció la validez de la asamblea en la que se destituyó a Carlos Guzmán, en cuya acta también se declaró a Zacualpan como territorio libre de minería, pero a la dirigencia sustituta sólo le concedió el carácter de interina y ordenó convocar a otra asamblea para elegir una nueva directiva.
En la siguiente elección, realizada en 2015, también triunfó la propuesta presentada por el Consejo Indígena, con Taurino Rincón Lorenzo a la cabeza, sin embargo la fractura interna del pueblo de Zacualpan prácticamente le impidió trabajar durante todo su periodo, por una serie de impugnaciones que mantuvieron a la mesa directiva en la indefinición y porque el grupo afín a la explotación de la mina mantuvo bloqueado el camino al centro ecoturístico, lo que generó diversos enfrentamientos, ante la indiferencia del gobierno estatal.
Esperanza Salazar atribuye la división interna de Zacualpan al resultado de una estrategia que acostumbran aplicar las empresas mineras para debilitar la resistencia a la extracción de minerales de los territorios.
“Por un lado dan dinero y corrompen a algunos miembros de la comunidad y empiezan a sembrar rumores de que unos ya vendieron para provocar enfrentamientos internos, además de contar con el apoyo de distintos niveles de gobierno”.
Aunque la resistencia de las mujeres del CIDTZ impidió la autorización de la comunidad al proyecto minero y, por lo tanto, éste no fue presentado ante la Semarnat, continuaban vigentes las dos concesiones que afectaban el territorio, por lo que desde 2015, con el respaldo de la Rema y los abogados Guadalupe Espinoza Saucedo y Claudia Gómez Godoy, la comunidad interpuso un juicio de amparo para cancelarlas de manera definitiva, lo que fue logrado en abril de 2022.
En su sentencia relativa al juicio 458/2015, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los dos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento se consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para la obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
José Martín Peña Guzmán, miembro fundador del CIDTZ, reconoce que la participación de las mujeres fue primordial en el movimiento social en defensa del agua y el territorio, sobretodo porque fueron ellas quienes desde un inicio se agruparon y se animaron a movilizarse.
Desde un principio, menciona, quienes encabezaron la resistencia al proyecto minero dentro de la Asamblea Comunal fueron las comuneras Epitacia Zamora, Olivia Teodoro y Juana Aranda, quienes se levantaban, discutían y dialogaban con los comuneros hombres que estaban de acuerdo con la autorización de la explotación de la mina, hasta que lograron convencer a la mayoría de la conveniencia de rechazar la propuesta.
De acuerdo con Martín Peña, las comuneras que se opusieron a la incursión de la minería contaron también con el apoyo de un bloque de comuneros que históricamente se ha mantenido en resistencia contra las pretensiones de que Zacualpan deje de ser comunidad y se convierta en ejido.
A casi diez años del inicio del movimiento contra el proyecto minero en Zacualpan, Julia Lauriano evalúa que se trató de “una lucha muy dura, muy fuerte, muy pesada, muy cansada”. Ella anduvo en reuniones y protestas siempre acompañada por su hijo, que estudiaba el nivel primaria, y por su madre, la comunera Juana Aranda.
“Si estábamos en algún plantón, en la mañana venía a dejar al niño a la escuela y me regresaba; mi hijo sabe mucho de esto, también se formó en la lucha y hasta la fecha siempre está muy atento a las actividades a favor de la comunidad y me motiva a participar; cuando era chico decía que estudiaría derecho agrario para ayudar a su pueblo, pero finalmente entró a ingeniería en mecatrónica”.
Lauriano Aranda, quien actualmente se sostiene de la venta de tamales de elote y otros productos, recuerda que desde la creación del CIDTZ sus miembros fueron señalados por “los seguidores del cacique, que estaban a favor de la mina; nos insultaban a veces, había discusiones en las calles y en general en el pueblo durante mucho tiempo se respiró un ambiente muy tenso”.
La mujer narra que fue una época muy difícil, en la que “mucha gente se enfermó de diabetes y todo por los enfrentamientos a causa de la mina; mi mamá es muy corajuda y después de eso se le desató también la diabetes”. Hasta antes de ese movimiento, Julia Lauriano nunca había participado en alguna lucha. “Yo no sabía hablar, pero al paso me fui atreviendo a hacerlo. Aprendí de Pita: cómo hablaba, cómo luchaba y defendía a la comunidad”.
–¿Y cómo impactó al movimiento la muerte de doña Epitacia, a poco más de un año después del inicio?
–Seguimos adelante con todo lo que habíamos aprendido. Ella nos dijo “tienen que seguir”. Nos quedó su motivación y no porque no estuviera ella no íbamos a continuar. Teníamos que seguir. Nos reuníamos en mi casa y poníamos todo en orden: a dónde íbamos a ir, qué íbamos a hacer; nos repartíamos el trabajo y seguimos con la lucha.
Igual pasó cuando Esperanza Salazar tuvo que irse de Colima en agosto de 2016, aunque desde antes ya no podía entrar a Zacualpan debido a las amenazas en su contra.
“Ya sabíamos cómo trabajar y organizarnos, entonces seguimos haciéndolo tal como ya nos habían apoyado, pero en lo que sí nos afectó que se hayan ido ella y sus compañeros de Bios Iguana fue porque no sabíamos cómo hacer el papeleo; ellos nos ayudaban muchísimo para ir a las instituciones, por lo que también tuvimos que aprender, aunque al principio se nos complicaba”.
Uno de los principales logros que Julia Lauriano percibe de la lucha contra la minería es que “las mujeres de la comunidad se dieron cuenta de que se pueden defender y ya no son tímidas; para mí eso es un logro, porque antes si no les daba permiso su marido no iban; y ahora sí, muchas saben sus derechos y están dispuestas a salir a luchar”. A sus 32 años, en 1988, Olivia Teodoro Aranda se convirtió en una de las pocas mujeres que formaban parte entonces de la asamblea comunal de Zacualpan, la más joven de esa época. Cuenta que en ese tiempo hubo una ampliación del padrón y ella fue anotada porque su esposo se encontraba trabajando en Estados Unidos.
“Yo sufría mucho ahí: los demás estaban más grandes y el machismo era mucho más fuerte que ahora. Cuando pedía la palabra algunos me decían que yo era mujer y no tenía por qué estar hablando ahí, opinando de las cosas de la comunidad, que mi lugar estaba en la cocina. Una vez le contesté a uno de ellos que entonces por qué mandaba a su mujer a trabajar al campo y no la tenía en la cocina. Ahorita ya tenemos comuneras más jóvenes, pero no son muchas”.
Veinticinco años después, en el contexto del movimiento del CIDTZ, Olivia Teodoro fue nombrada tesorera de la mesa directiva, junto con Epitacia Zamora como secretaria. Como parte de la experiencia en la lucha contra el proyecto minero, relata que tanto ella como muchas de las mujeres participantes enfrentaron fuertes problemas con sus esposos porque en las etapas más difíciles del conflicto casi todos los días se iban, dejaban a sus hijos y no estaban en la casa.
“En mi hogar –cuenta Olivia– fue un gran problema, pero yo nunca dije: ‘ya no voy a ir’, al contrario, me repetía: ‘tenemos que luchar todas las mujeres a favor de nuestra comunidad’; y en cualquier marcha o plantón la mayoría éramos mujeres. Cuando salía a alguna actividad era todo el día, igual que muchas mujeres, fue una lucha muy cansada, pero mucha gente se solidarizaba, nos llevaban tacos, tortillas, queso o pollos a los plantones”.
La participación de Olivia Teodoro en la lucha; sin embargo, tuvo un costo alto: Después de los primeros años se dio cuenta de que su hijo entonces adolescente había caído en el consumo de drogas, por lo que preocupada por haberlo tenido olvidado empezó a brindarle atención y logró su restablecimiento. Expone:
“Creo que todos los hogares tuvieron problemas, yo estuve a punto de perder a mi hijo. Me da mucha tristeza recordar aquello, pero afortunadamente ya todo está bien y me siento tranquila; fue un precio muy caro, pero ahora las cosas están mejor, ya estamos libres, gracias a Dios”.
Por otra parte, dice Teodoro Aranda, la experiencia de la lucha dejó un gran cambio en las mujeres de Zacualpan, porque:
“ahora ya hablamos, ya nadie nos detiene; antes no nos dejaban hablar y ahora muchas compañeras ya se expresan más, ya dicen ‘esto no me gusta, esto sí me gusta’. Eso he visto que hemos cambiado las mujeres. Ya no sólo el hombre tiene que hablar, ahora también yo tengo derecho a hablar, a opinar, a decir, a defenderme. Decía Pita: ‘Somos indias, pero ahora ya estamos empoderadas para decir lo que no nos gusta’. Ya es todo más abierto”.
Olivia Teodoro, quien recientemente fue nombrada por el Congreso local integrante del Consejo Consultivo de la CDHEC, celebra que existan mujeres como Pita:
“a quien le agradezco mucho; nos decía que teníamos que salir adelante sin acobardarnos; aprendí mucho de ella y de muchas, he visto en la televisión las historias de otras, pero ella me da más orgullo porque es de aquí; nos enseñó a luchar, tenía mucha sabiduría de todo”.
La muerte de Epitacia Zamora ocurrió el 23 de febrero de 2015, exactamente un año después de su elección como secretaria del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, cargo que de acuerdo con la sentencia del Tribunal Unitario Agrario 38 había concluido en diciembre del año previo.
Su fallecimiento, sin embargo, no debilitó la lucha que ella había encabezado contra el proyecto minero. Al contrario, dice Esperanza Salazar, varias de sus compañeras “retomaron la fuerza de Pita y dijeron ‘no la vamos a dejar… no la vamos a soltar’, a la vez que tomaron la estafeta y el bastón”. Lo anterior provocó, manifiesta Salazar, que otras mujeres se colocaran al frente para expresarse más, por lo que:
“igual iban al Congreso a gritarles a los diputados o a hablar con los periodistas, cosa que antes no hacían porque Pita era la que atendía más esa parte. Entonces las compañeras decidieron no soltar la lucha, porque si ellas decidían hacerse a un lado efectivamente se iba a caer todo; es cierto que los compañeros estaban ahí al pendiente, pero eran ellas las que llevaban la fuerza y el movimiento adelante”.
Todo esto para mantener vigente, el mayor triunfo de su resistencia: hacer de Zacualpan: “territorio libre de minería”, tal y como lo soñó Pita, y como lo siguen impulsando todas las mujeres que conforman las Guardianas del Agua y el Territorio. Aunque ya un juez concedió un amparo a la comunidad para dejar sin efecto las dos concesiones mineras que estaban vigentes en su territorio, María del Carmen Zamora, la hija de Pita, advierte que:
“la gente ya quedó arisca y nadie se va a confiar ni a descansar, porque la tentación ahí está y donde quiera que nos pregunten decimos que Zacualpan sigue en pie de lucha, porque no podemos bajar la guardia”.
En los dos meses previos a su muerte, Epitacia Zamora:
“se sentía cansada, pero decía que todavía no se quería ir porque le faltaba algo, y cuando el tribunal reconoció la planilla en diciembre de 2014, dijo: ‘ahora sí me puedo ir a gusto, mi pueblo ya despertó y ya no se va a dejar ahora’; fueron dos meses de estarse despidiendo, encargándole a la gente que continuara la lucha y no se dejara”, indica su hija.
Desde su lecho de muerte, Epitacia decía a quienes la visitaban:
“Yo ya me voy a ir, ya no voy a durar mucho tiempo, no se dejen del gobierno, porque si se dejan les van a quitar todo; levántense, capaciten a sus hijos, hagan conciencia con ellos, porque si ya pasó una vez y pasó otra vez, puede volver a pasar y entonces sí, no va a quedar nada de Zacualpan”.
La muerte de Epitacia Zamora generó un profundo impacto entre organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, que expresaron sus condolencias a su comunidad y a sus familiares.
“Lo siento mucho por la pérdida de esta gran mujer y luchadora, aunque no tuve la oportunidad de conocerla, es evidente que su huella es muy grande; mis condolencias a su familia y a todos los que le amaban y caminaban con ella”, expresó a través de un mensaje Jennifer Moore, coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá.
Ante el féretro de Pita, la coordinadora general de Bios Iguana, Esperanza Salazar, expresó:
“Eres una gran mujer y seguirás viva en nuestros corazones; la lucha que emprendiste en Zacualpan perdurará por muchos años, los jóvenes y los niños están ahora luchando por lo que tú iniciaste y ten la seguridad de que la gente te recordará siempre”.
Recordó que ella fue una de las primeras mujeres que formaron parte de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, lo que:
“es un gran ejemplo para todas las mujeres porque durante muchos años estuvieron gobernando siempre hombres y tú viniste a demostrar que las mujeres pueden ser libertadoras y entienden y luchan mucho más porque quienes son madres saben que hay que defender la madre tierra y tú se lo mostraste muy bien”.
Presente en el homenaje realizado en el Jardín Libertad de la ciudad de Colima, antes del traslado del cortejo al pueblo de Zacualpan, Gustavo Castro Soto, de Rema, expuso que para quienes integran esa organización en todo el país Epitacia Zamora fue un ejemplo de lucha incansable por la defensa de la tierra y del territorio. Por lo anterior, dijo:
“A DOÑA PITA NO VAMOS A ENTERRARLA, SINO QUE VAMOS A SEMBRARLA, PORQUE DEJA EN NUESTROS CORAZONES MUCHA ESPERANZA Y EJEMPLOS DE CÓMO DEFENDER NUESTROS TERRITORIOS”.
Ese 24 de febrero de 2015, después de una ceremonia religiosa celebrada en la iglesia dedicada a Santo Santiago Apóstol, Epitacia Zamora fue sepultada en el panteón de Zacualpan, su pueblo. Antes, entre lágrimas, aplausos y mensajes espontáneos, sus familiares, amigos y compañeros de lucha la despidieron y le dieron las gracias, mientras coreaban consignas como “¡Pita vive, la lucha sigue!”.
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Este reportaje forma parte de la investigación: “Sin nosotras, no hay lucha”: Resistencias de mujeres defensoras en la región Centro-Occidente de México” que fue auspiciado por MEEDAN para América Latina y el Caribe en el marco del Fondo de Respuesta de Medios Independientes de Check Global.
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