Tras 15 años de juicio, el Juzgado Cuarto de San Luis Potosí emitió sentencia en el amparo wixárika contra la minería en Wirikuta. El pueblo interpuso recurso de revisión por las concesiones que no fueron canceladas.
Autoridades agrarias de la Montaña y Costa Chica enviaron una carta a Marcelo Ebrard acusándolo de promover inversiones mineras en Guerrero sin respetar la autodeterminación de los pueblos que desde hace 14 años mantienen su territorio declarado libre de minería.
El ejido Carrizalillo, ubicado en Guerrero, denunció en una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que lleva cinco meses acampando frente a las instalaciones del complejo minero “Los Filos”, operado por la empresa canadiense Equinox Gold, sin que sus demandas de justicia, reparación y respeto a la libre determinación hayan sido atendidas.
Después de 11 años de resistencia, las comunidades indígenas maseual lograron la cancelación definitiva de concesiones mineras en su territorio. El fallo sienta un precedente para la defensa del altepet y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
A pesar de la apuesta del gobierno federal por posicionar a la minería como un pilar de la economía nacional, colectivos sociales y expertos en derechos humanos cuestionan la viabilidad del modelo extractivista propuesto y denuncian la falta de consulta a las comunidades afectadas por los proyectos mineros.
En Lomas del Mirador, Tlajomulco, hay una mujer a la que todos conocen como La Doña. Sin cargo público ni reflectores, ha exigido agua, escuelas, espacios dignos y ahora, una guardería para las infancias de su colonia. Esta es la historia de María Luisa, una activista que no espera promesas: trabaja por la dignidad desde abajo.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
