A pesar de la apuesta del gobierno federal por posicionar a la minería como un pilar de la economía nacional, colectivos sociales y expertos en derechos humanos cuestionan la viabilidad del modelo extractivista propuesto y denuncian la falta de consulta a las comunidades afectadas por los proyectos mineros.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
CDMX, 23 de junio 2025.- El 18 de junio de 2025, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó la firma del convenio para la creación del Comité Educativo de Minería México 2025, una alianza entre la Secretaría de Economía, instituciones académicas y la industria minera, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la minería en el país. Durante el evento, Ebrard destacó que “la minería será el pilar de la economía nacional”, lo que refleja una fuerte apuesta por el sector, que actualmente representa cerca del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera más de 416 mil empleos directos, según la propia Secretaría de Economía.
Según el Secretario de Economía, esta estrategia forma parte de un plan integral del Gobierno Mexicano, “que busca aumentar la producción minera, fortalecer la autosuficiencia energética y proteger la economía del país ante posibles vulnerabilidades globales, especialmente en términos de minerales estratégicos.”
No obstante, la propuesta fue criticada por colectivos sociales, como Cambiémosla Ya, quienes cuestionaron la viabilidad de este modelo y señalaron los riesgos ambientales y sociales que implica. La organización rechazó la afirmación de Ebrard sobre transformar la minería en un sector “sustentable y socialmente responsable”, dado que, a su juicio, “no hay minería sustentable ni reparto equitativo de beneficios sin la participación ni el consentimiento de las comunidades” que habitan las regiones donde se encuentran los yacimientos minerales. Además, denunciaron que las comunidades fueron excluidas de este proceso, al no haber sido invitadas al evento ni consultadas sobre las políticas que impactarán directamente sus territorios.
La crítica se extiende también a la declaración de Ebrard sobre los desafíos que enfrenta la minería en las regiones con escasez de agua, pues a pesar de reconocer este problema, el Secretario aseguró que buscaría “sortear ese desafío”. Para Cambiémosla Ya, esta postura representa una vulneración de los derechos de las comunidades y de las normativas que buscan proteger los recursos naturales y el bienestar de las poblaciones.
Asimismo, el Director de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, José Fernando Aboitiz, reconoció que la minería en México ha operado históricamente bajo un modelo extractivista y colonial, que ha beneficiado a las grandes corporaciones pero no a las comunidades locales. Aunque Aboitiz subrayó la necesidad de cambiar este modelo, Cambiémosla Ya detalló que dicho cambio será complicado si el gobierno continúa favoreciendo los intereses de la industria minera en lugar de escuchar a las comunidades afectadas.
En este contexto, señalaron que el reglamento de la Ley de Minería, aún pendiente de publicación, ha sido diseñado en gran medida con la participación de la industria, mientras que las organizaciones comunitarias han sido excluidas de su elaboración.
Este enfoque fue respaldado por la ex secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien en su momento calificó a la minería como uno de los sectores más corruptos y señaló que la industria minera no paga impuestos en México. De hecho, la Cámara Minera de México (CAMIMEX), que ha sido un actor clave en la firma del convenio, ha sido criticada por sus esfuerzos para boicotear la reforma a la Ley Minera, que buscaba regular más estrictamente la actividad minera y minimizar sus impactos negativos.
Además, el colectivo Cambiémosla Ya, resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su campaña presidencial se comprometió a prohibir la minería a cielo abierto, ha retirado ese compromiso de su agenda, lo que genera aún más escepticismo sobre la verdadera voluntad del gobierno para cambiar el modelo minero. A pesar de este cambio de enfoque, Ebrard y la Secretaría de Economía siguen impulsando fuertemente el desarrollo de la minería, especialmente a través de la firma de este tipo de acuerdos con la industria.
Para Cambiémosla Ya, la propuesta del Comité Educativo de Minería México 2025 y la transformación de la minería en un sector “sustentable” es una falacia. La organización insiste en que cualquier intento de transformar la minería de forma respetuosa con las comunidades y el medio ambiente es irreal, mientras el gobierno continúe excluyendo a las comunidades y favoreciendo los intereses de la industria minera. Además, rechazan la idea de que la minería pueda ser un sector respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos, pues consideran que la actual política gubernamental favorece un modelo extractivista que sigue sin compartir los beneficios con las poblaciones afectadas.
