Comités de Cuenca denuncian que la segunda “primera piedra” del hospital del Río Sonora llega sin convenio transparente ni atención médica, a 12 años del derrame.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ures, Sonora. El gobierno de Sonora colocó el 5 de agosto la primera piedra del Hospital de la Región del Río Sonora, un día antes de que se cumplieran doce años del derrame minero de Grupo México. Los Comités de Cuenca Río Sonora señalaron en un pronunciamiento leído durante el acto que la obra no garantiza atención médica inmediata y que, de los 500 millones de pesos ya depositados por la empresa para financiarla, el gobierno no ha transparentado el convenio que define su ejecución.
El acto fue encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell. Según informó el gobierno estatal, la obra forma parte del Plan de Justicia para el Río Sonora y contempla una inversión de 597.6 millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el hospital tendrá 14 camas censables, 18 no censables, diez consultorios, un quirófano y servicios de toxicología, nefrología, hemodiálisis y un laboratorio para detectar metales pesados. El gobernador Durazo aseguró durante el evento que el proyecto ya cuenta con los recursos necesarios y que la entrega está prevista para abril de 2027.
Los Comités de Cuenca respondieron a esa versión en su pronunciamiento. “Mientras el gobierno federal y estatal presentan este evento como un acto de justicia, los Comités de Cuenca Río Sonora advertimos que este acto no representa necesariamente garantías reales de atención médica inmediata”, señalaron en el comunicado.
Los colectivos sostuvieron que en su primera fase el hospital no tendrá capacidad para atender a las más de 60,000 personas que las autoridades señalan como población objetivo, y afirmaron que las autoridades no comunicaron cuándo iniciarán las operaciones del laboratorio de metales pesados. De acuerdo con el pronunciamiento, siguen pendientes tres garantías por escrito: la fecha en que los habitantes recibirán atención especializada en toxicología, adeudada desde el derrame; el origen de los fondos para operar y equipar el hospital; y la estrategia para atender a quienes ya cuentan con estudios que muestran acumulación de metales pesados.
El pronunciamiento también cuestionó la transparencia del financiamiento. Según denuncian los Comités, de los 1,500 millones de pesos que Grupo México se comprometió a aportar en el acuerdo firmado con el gobierno federal el 23 de diciembre de 2025, los primeros 500 millones ya fueron entregados y canalizados a la construcción del hospital. Los colectivos afirmaron que, cuando solicitaron el convenio vía transparencia, la Secretaría de Gobernación respondió que el documento no existe, pese a que la transferencia del dinero ya se había realizado.
“Esperamos que esta obra sea el inicio de un proceso transparente. Es momento de romper el ciclo de acuerdos a puerta cerrada y dar buenos pasos. Les invitamos a hacer públicos los acuerdos. La confianza no se construye con piedras, se construye con honestidad”, escribieron los Comités en su pronunciamiento.
El adeudo pendiente de la empresa ha sido reconocido por la propia Presidencia. De acuerdo con La Razón, Grupo México se comprometió a pagar 1,500 millones de pesos y aún debe cubrir 1,000 millones. En su conferencia del 16 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que faltan mil millones de pesos para iniciar las obras de saneamiento del río y advirtió que, de no depositarse el recurso, se reactivaría el proceso legal contra la empresa.
No es la primera vez que se anuncia un hospital en la región. Según el pronunciamiento de los Comités, en 2015, en el marco del Fideicomiso Río Sonora, se inició la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), para la que se destinaron 279 millones de pesos. Los colectivos afirmaron que la obra nunca se terminó, quedó abandonada y vandalizada, y no atendió a ninguna persona afectada por el derrame. En un mensaje difundido el 5 de agosto, la describieron como “el monumento a la impunidad que hoy sigue de pie”.
El reclamo de atención médica se sustenta en un diagnóstico oficial. De acuerdo con el Abordaje Toxicológico de Salud en el Río Sonora, elaborado por el CENAPRECE y citado por los Comités, entre 2021 y 2022 se realizaron análisis clínicos a una muestra de 1,500 personas y se identificaron 705 casos con plomo y otros metales en sangre, “los cuales requieren atención inmediata y algunos tratamientos de por vida, sobre todo aquellos vinculados con arsenicosis, cáncer de piel y riñón”, según el documento. Los colectivos afirmaron que ninguno de esos casos ha recibido atención médica especializada. “Algunas ya no están con nosotros”, señalaron.
Los Comités sostuvieron que la demora incumple las medidas cautelares otorgadas en el juicio de amparo 718/2022, que ordenaban garantizar atención médica a las personas afectadas por metales pesados. En su mensaje del 5 de agosto nombraron a quienes murieron durante la espera: “Por la memoria de las personas que lucharon y no alcanzaron a ver justicia: Martha Patricia Velarde, Ramón Miranda, Norberto Bustamante, Carla Duarte, Apolonio y muchas personas más que ya se nos adelantaron”.
En su pronunciamiento, los colectivos exigieron atención médica inmediata y especializada en toxicología para todas las personas con afectaciones documentadas; personal especializado y presupuesto para operar el hospital por años; y la publicación del convenio entre Grupo México y el gobierno federal. “Las comunidades del Río Sonora no pedimos privilegios. Pedimos saldar las deudas y nunca volver a recaer en prácticas anteriores: pérdida de expedientes, falta de coordinación entre autoridades, carencia de un Plan de atención a la salud enfocado en metales pesados”, concluyeron.
