Los Comités de Cuenca Río Sonora exigen al juez Ulises Oswaldo Rivera González rechazar la declaración de cumplimiento de la sentencia de la SCJN sobre el Fideicomiso Río Sonora, basada en un convenio que Gobernación dice que no existe pero bajo el cual Grupo México ya transfirió 500 millones de pesos.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
El juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, resolverá en los próximos días si declara “cumplida” la sentencia histórica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en enero de 2020 sobre el caso del Fideicomiso Río Sonora — una resolución que ordenó participación comunitaria efectiva en todos los mecanismos de reparación del derrame minero de 2014.
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) advirtieron este 19 de mayo que esa declaración se pretende sustentar en un convenio negociado a puerta cerrada cuya existencia el propio gobierno federal ha negado ante instancias de transparencia, pese a que Grupo México ya transfirió 500 millones de pesos en el marco de ese acuerdo.
“No se puede declarar reparado un río que sigue contaminado ni cerrar un caso donde las comunidades somos excluidas sistemáticamente de las decisiones sobre reparación”, señalaron los Comités en su comunicado del 19 de mayo.
Los CCRS detallaron que el Gobierno Federal y Grupo México buscan cerrar judicialmente el expediente del Fideicomiso Río Sonora mediante acuerdos cuyos contenidos, alcances reales y mecanismos de cumplimiento siguen siendo desconocidos para las comunidades afectadas — e incluso, según denuncian, para el propio juzgador y el Poder Judicial. Cuando las comunidades solicitaron el convenio vía transparencia, la Secretaría de Gobernación respondió que el documento no existe. La transferencia de los 500 millones de pesos, sin embargo, ya ocurrió.
Esta contradicción no es nueva. En su comunicado del 5 de mayo, los CCRS ya habían advertido que el acuerdo firmado el 23 de diciembre de 2025 entre Gobernación y Grupo México seguía sin transparentarse cuatro meses después de su anuncio. En ese momento, los Comités también alertaron que en los juzgados se intentaba cerrar casos — incluido el del Fideicomiso y la denuncia penal contra Grupo México — sin remediación efectiva. Somoselmedio documentó esas denuncias el 6 de mayo.
La sentencia de la SCJN que ahora se busca dar por cumplida fue el resultado de amparos interpuestos por los propios CCRS en 2018. La Corte reconoció que las comunidades de la cuenca del Río Sonora tienen derecho a ser informadas, escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones de remediación ambiental, salud y acceso al agua. En el comunicado del 19 de mayo, los Comités señalaron que ese mandato nunca se tradujo en práctica: “Las decisiones continúan tomándose sin las comunidades.”
Ante el juez Rivera González, los CCRS plantearon cinco argumentos para rechazar el cierre del caso. Indicaron en su comunicado que la sentencia ordenó la inclusión real de las comunidades en el diseño de la reparación, y que el juzgado no puede declararla cumplida ignorando la voz de las comunidades ni las pruebas técnicas aportadas al expediente — entre ellas, el dictamen ambiental de la SEMARNAT que acredita la persistencia de la contaminación y los verdaderos costos del derrame.
Agregaron que el nuevo convenio carece de mecanismos obligatorios y garantías presupuestarias en caso de que los fondos de la empresa resulten insuficientes, y que el destino y uso de los recursos del Fideicomiso Río Sonora siguen bajo opacidad institucional, lo que viola el derecho a la verdad y a la no repetición. Exigieron que el Tribunal mantenga abierta la ejecución para garantizar la existencia de partidas financieras líquidas y exigibles para la salud y la remediación de la cuenca.
Vale recordar que el Fideicomiso Río Sonora fue creado en 2014 como mecanismo privado entre Grupo México y el Gobierno Federal para atender los daños del derrame — sin participación de las comunidades. Se cerró en febrero de 2017 sin haber cumplido sus objetivos y sin haber ejercido la totalidad de los recursos. En agosto de 2023, la SEMARNAT presentó denuncia penal contra Grupo México por incumplimiento de la remediación; esa denuncia fue retirada por el propio gobierno en enero de 2026 como parte de los acuerdos negociados a puerta cerrada con la empresa.
“Cerrar el caso en estas condiciones institucionalizaría la impunidad de Grupo México”, advirtieron los CCRS en el comunicado, “y enviaría un mensaje alarmante: que en México las empresas responsables de daños ambientales y a derechos humanos pueden incumplir o saltarse resoluciones judiciales, reducir sus obligaciones de reparación y evadir su responsabilidad frente a comunidades afectadas, hoy y para las generaciones futuras.”
A casi doce años del peor desastre minero en la historia de México, el Río Sonora sigue contaminado, las comunidades afectadas siguen sin agua potable segura, y la resolución del juez Rivera González —que se espera en los próximos días— definirá, según los propios Comités, si la justicia ambiental en México es real o solo una promesa.
