La apertura de las puertas del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para que familias buscadoras y medios de comunicación pudieran ver el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República -instancia que ahora tiene el caso- resultó ser una burla, no sólo porque las buscadoras creen que se “maquilló este sitio de exterminio”, sino porque ninguna autoridad (estatal y federal) fue capaz de pararse frente a ellas para darles alguna explicación de lo que ahí están supuestamente investigando.
El asesinato de dos mujeres se registró alrededor de las 17 horas horas en el Centro Universitario UTEG, Plantel Olímpica; la agresión fue cometida por un hombre de 20 años que ingresó al plantel educativo con varias armas punzo cortantes.
Antonio de la Cruz estaba acompañado por su hija, Cinthya de la Cruz, durante el ataque que le quitó la vida; el día de hoy su hija falleció en un hospital donde luchaba por su vida.
Por: Gerardo Chavarría/ @gerard_gcc
El día martes 22 de febrero del presente año, fue encontrada sin vida en la alcaldía Tlalpan, la presentadora y modelo...
Por: Fernanda Hernández/ @MariaFer_Hd
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, alrededor de las 23:31 horas se recibió un reporte por disparos...
Por Redacción/@Somoselmedio
Durante su conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos ocurridos el lunes en los límites...
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
