Con un saldo de al menos 93 muertos tras el reciente ataque israelí en Rafah, la escalada de violencia en Gaza agudiza la crisis humanitaria y desafía los esfuerzos internacionales por alcanzar la paz.
Con la consigna: “Artículo 9° de la constitución, nos da todo el derecho de manifestación” El Comité Solidario por Palestina se posiciona y evidencia la represión policial que sufrieron el pasado sábado 3 de febrero tras manifestarse pacíficamente.
Ante el conflicto bélico en Palestina, personas solidarias se manifiestan a las afueras de Casa Jalisco. Demandan acciones concretas al gobernador del estado, Enrique Alfaro, entre ellas la cancelación de contratos con empresas israelíes y un pronunciamiento público que repudie la guerra.
Colectivos jaliscienses se unen a la exigencia por un alto al genocidio en Palestina, exigen que el Gobierno de Jalisco, la Universidad de Guadalajara y el ITESO condenen los ataques de Israel.
Un grupo de periodistas globales denuncian la violencia contra sus colegas en Gaza y critica la cobertura mediática occidental, instalando una representación más precisa y humana del conflicto israelí-palestino.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
