Familias buscadoras lograron que avanzara una reforma a la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco. Aunque incorpora nuevas obligaciones para las autoridades, los colectivos advierten que sin presupuesto, sanciones y vigilancia pública podría quedar sin cumplimiento.
Colectivos de búsqueda y familias de personas desaparecidas exigieron una reunión urgente con Clara Brugada tras denunciar agresiones policiales durante una protesta en Tlalpan. Piden investigación, sanciones, reparación del daño y garantías de no repetición.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León presentó un informe especial que visibiliza las afectaciones que viven niñas, niños y adolescentes con familiares desaparecidos. A través de testimonios directos, el documento expone daños emocionales, escolares, económicos y familiares, además de proponer una política pública integral con enfoque de derechos humanos.
Padres, hermanos e hijos buscadores presentaron en el Centro Prodh el primer informe de Fundar sobre afectaciones psicosociales de hombres en búsqueda de desaparecidos.
Familiares del colectivo Luciérnaga iniciaron una jornada de búsqueda en Tlapa, Guerrero, con la pega de mil 200 fichas de 33 personas desaparecidas; 43 continúan sin ser localizadas en la región de la Montaña.
La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció el pasado viernes que 27 candidatos son los finalistas en el proceso de consulta pública para designar a la próxima persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
