Vecinos desalojados de Cuba #11 exigen justicia y regresar a sus hogares

Vecinos desalojados de un predio en la calle República de Cuba #11, en la colonia Centro, ofrecieron una conferencia de prensa este jueves. Acompañados por el Lic. Arturo Aparicio, los afectados expusieron el informe del caso, un pliego petitorio de nueve puntos y el acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Ciudad de México.

Por Edson DJV / @EdsonDJV

Ciudad de México, 4 de septiembre 2025.- El pasado 27 de agosto, 19 familias y 8 locales comerciales fueron desalojados de la calle Cuba #11. Según los afectados, la acción se llevó a cabo sin una notificación previa ni una orden judicial, lo que, denuncian, viola su derecho a la vivienda. “Llegaron rompiendo puertas y candados. Nos saquearon y robaron, incluso algunos se estaban drogando”, relató uno de los inquilinos.

Las familias, en su mayoría personas mayores y de bajos recursos, quienes llevaban más de 60 años viviendo en el lugar, se manifestaron ese mismo día bloqueando el Eje Central Lázaro Cárdenas. Posteriormente, se reunieron con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y del Instituto de Vivienda (INVI) para presentar un pliego petitorio de nueve puntos:

1. Retorno inmediato de las personas y familias al inmueble y viviendas en Cuba #11 Col. Centro.

2. Claridad del proceso jurídico por el desalojo.

3. Acompañamiento para la apertura de denuncias penales y administrativas, en que se identifique los promoventes del desalojo y autoridades que facilitaron el mismo.

4. Apoyo por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno de la CDMX para promover amparos, juicios, recursos y toda acción legal a favor de las personas desalojadas, en que se solicite la suspensión con efectos restitutorios.

5. Expropiación del predio República de Cuba #11, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, para que en un futuro inmediato se les regrese dicho predio a las y los desalojados, y éstos lo puedan adquirir a través de un programa y crédito de vivienda social.

6. Reubicación de las personas y familias en algún otro sitio cercano de donde habitaban y apoyo económico para rentar espacio habitable en lo que se da solución al punto 1 y 5 (el retorno y expropiación de Cuba 11).

7. Que se presente una iniciativa de ley o de reforma de ley por parte del Gobierno de la CDMX al Congreso en que se exija que previo a cualquier desalojo se le garantice un juicio a las y los afectados, en caso de que se les garantice un juicio y en éste se determine su desalojo, que se establezca en la ley que previo a cualquier ejecución de desalojo se garantice la reubicación de las personas afectadas.

8. Remuneración económica por las cosas materiales, valores y bienes dañados, robados durante y después del desalojo de las viviendas y locatarios, así como también que se garantice resguardo seguro de sus pertenencias.

9. Apoyo de salud integral para las y los habitantes de Cuba 11 que fueron desalojados.

Un segundo inquilino profundizó en los puntos 1 y 5 del pliego. “Nuestra petición tiene un sustento legal”, afirmó, y agregó que se basan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores de la Ciudad de México, que prioriza la vivienda para este sector.

“Crecí aquí desde los 15 años, estudié, terminé una carrera profesional y ahora soy una persona jubilada”, dijo otro de los afectados.“Muchos de nosotros nos hemos convertido en adultos mayores. Fuimos chicos aquí y ahora vienen nuevas generaciones. Este patrimonio del cual nos despojaron no es de uno o dos años, viene de generaciones atrás”.

Otro inquilino desmintió las acusaciones que los califican de “paracaidistas” o “invasores”. “Nada de eso es cierto. Somos la tercera generación, desde mis abuelos, mis padres y ahora nosotros. No contamos con contratos de arrendamiento, recibos o comprobantes”, explicó.

Por otra parte El Lic. Arturo Aparicio aclaró una serie de informaciones falsas que circularon respecto a un desalojo, el cual calificó como un “despojo disfrazado de desalojo”. Señaló que en redes sociales y medios se difundieron versiones incompletas y que, al parecer, hubo “boots o personas pagadas que presentan información que ningún medio de hecho ha ofrecido”.

Desmintió categóricamente que los afectados fueran invasores, afirmando que “no son invasores. Eran inquilinos”. También aclaró que el desalojo no se debió a una invasión ni a falta de pago, subrayando que “El desalojo tampoco fue por falta de pago de rentas. Hay que aclararlo, no fue por falta de pago de rentas”.

Explicó que las personas desalojadas eran inquilinos de bajos recursos con más de 60 años de antigüedad en el inmueble. El caso se originó tras la muerte del propietario original a principios de los años 90, lo que dejó la propiedad sin herederos. A pesar de ello, durante más de 25 años, diversas personas y empresas cobraron rentas sin acreditar ningún derecho legal para hacerlo, hasta que en 2017 los vecinos quedaron en un limbo al no saber a quién pagar.

Detalló que el problema central fue una serie de ventas fraudulentas del inmueble. Se llevó a cabo un juicio en Hidalgo contra el propietario fallecido, lo que derivó en una escrituración dudosa en 2022. Posteriormente, la propiedad se vendió tres veces sin notificar a los inquilinos y sin respetar su “derecho del tanto” (derecho de preferencia para comprar), un mecanismo legal que constituye un modus operandi similar al del “cartel inmobiliario”.

Desde el punto de vista jurídico, destacó que se violaron múltiples derechos de los inquilinos. Nunca se les notificó del cambio de propietarios, no se les garantizó su derecho de preferencia para comprar la vivienda y no existió un juicio de rescisión de contrato en su contra. El desalojo se ejecutó basado en una orden judicial que surgió de un juicio entre particulares por la propiedad del inmueble, no contra los inquilinos. El Lic. Aparicio acusó a la jueza del Juzgado 54 Civil de la CDMX de modificar arbitrariamente los alcances de su propia sentencia para ordenar el desalojo, lo que representó un “abuso de las facultades” y un “uso desproporcionado” de su poder.

Finalmente, se refirió a la respuesta gubernamental. Si bien se acordó un apoyo hotelero y una renta mensual temporal para los afectados, así como la exploración de una expropiación del inmueble para cederlo a los inquilinos, señaló que las reuniones se congelaron sin explicación, generando dudas sobre el compromiso real. También denunció que funcionarios secundarios condicionaron la ayuda al retiro de una protesta y citó el comentario de un alto funcionario que justificó el operativo policial argumentando que “en inmuebles del centro hay gente de bajos recursos que forman parte del crimen organizado”, lo que calificó como una grave criminalización de la pobreza.