Violentadores no podrán ocupar cargos públicos o de elección popular

Por mayoría calificada, se modificaron y adicionaron los artículos 38 y 102 de la Constitución Política para suspender derechos de ciudadanos con sentencia firme por delitos como violencia familiar y política de género, así como deudores alimentarios morosos.

El dictamen también establece requisitos precisos para el titular de la Fiscalía General de la República y se envió al Senado de la República para su aprobación. La medida fue considerada histórica por los legisladores y enfatiza la importancia de erradicar la violencia de género y la irresponsabilidad en las familias mexicanas.

Por Redacción / @Somoselmedio 

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política que establece la suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, la violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y la violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

También se suspenden los derechos de las personas declaradas como deudoras alimentarias morosas. Estos ciudadanos no podrán ser registrados como candidatos para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrados para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.

El dictamen también incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República. El documento se remitió al Senado de la República para su aprobación. Al fundamentar el dictamen, la diputada Lidia García Anaya (Morena) señaló que se deja sentado un avance histórico en materia legal al prohibir el registro como candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular y para que no pueda ser nombrada para ningún empleo o comisión del servicio público en los casos en los que se pierden o suspenden los derechos como ciudadanos.

En los posicionamientos, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) enfatizó que este será un día histórico para mexicanas y mexicanos porque dan un paso trascendental por sus derechos. Aclaró que la reforma no es punitiva ni vulnera derechos de nadie, ya que sólo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme por actos constitutivos de violencia hacia las mujeres. El mensaje es: cero tolerancia a la violencia de género.

Por su parte, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres del PAN, consideró que un violentador es un delincuente y, a ellos se les sanciona, no se les premia con cargos. Las mujeres que ocupan hoy un cargo público deben impulsar cambios cualitativos en la manera de hacer política y gobernar, así como evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia de género.

En la votación económica, se desechó una moción suspensiva del diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), quien pidió retirar el dictamen y revisarlo porque tiene problemas de fondo.

La diputada Lidia García Anaya destacó que la iniciativa “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral de 2021 y hoy se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales.

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