Este día del trabajo, organizaciones que integran el Frente Combativo, Campesino y Proletario marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir pensiones dignas, democracia sindical y la derogación de la reforma laboral de 40 horas, que califican de “pro patronal y traidora”. Si no hay respuesta antes del inicio del Mundial de la FIFA, amenazan con huelga nacional.
Por Redacción / @Somoselmedio
Fotografía / Denisse Ureña y Alan Hernández
Ciudad de México 1 de mayo de 2026.- Sindicatos, cooperativas, colectivos y disidencias que integran el Frente Combativo, Campesino y Proletario marcharon este primero de mayo del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum atención a demandas laborales que, advierten, llevan años sin respuesta. Al cierre del mitin, el frente anunció la construcción de una huelga nacional para el mes de junio, en el marco del inicio del Mundial de Futbol de la FIFA.
“Si no hay solución, no rodará el balón”, advirtió una vocera del frente desde el templete, en referencia directa al torneo que México coorganiza. El frente fue explícito en su posición: “No estamos en contra del deporte, de la afición, del juego limpio; estamos en contra de un mundial del despojo, de un mundial donde la FIFA se lleva todas las ganancias y ni siquiera se le cobran impuestos.”
La movilización concentró a organizaciones con agendas diversas pero con un denominador común: la acumulación de compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo federal a lo largo de varios sexenios, incluyendo el actual.
La CNTE entregó en el Zócalo un pliego de demandas que, según sus representantes, es idéntico al del año anterior. Entre las exigencias que el frente señaló como incumplidas destacan: la no abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, el retorno a un sistema solidario colectivo intergeneracional de pensiones sin UMAS ni Afores, la derogación de la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, un salario base digno con prestaciones homologadas, y el aumento del presupuesto público destinado a salud y educación.
El frente también denunció que la firma del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) representa una violación a la Constitución por omitir la voz y los derechos de las y los trabajadores en su negociación.
Una de las críticas más articuladas de la jornada provino del Frente Nacional por las 40 Horas, que atribuye a su movilización sostenida durante dos años haber colocado la reducción de la jornada laboral como agenda nacional, hasta convertirla en el punto 60 del Plan México.
Hace un año, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reducción de la jornada laboral a 40 horas y encomendó la tarea a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Lo que siguió, según el frente, fue un proceso marcado por foros regionales improvisados, censura a su participación en al menos uno de ellos, calendarios incumplidos y la exclusión sistemática de la clase trabajadora de la redacción de la iniciativa.
El resultado fue una reforma aprobada el 25 de febrero en la Cámara de Diputados —con lo que el frente describe como “otro madrugadazo”— que modifica el artículo 123 constitucional pero establece una reducción gradual de la jornada hasta 2030, al tiempo que reduce de 9 a 12 las horas extraordinarias con pago doble. Para el Frente por las 40 Horas, la reforma no es un avance sino un retroceso: “Ni tenemos 40 horas laborales hoy, ni estamos en una primavera laboral. Estamos ante un invierno hostil.”
El frente también cuestionó la forma en que se construyó el consenso legislativo. Señalaron que el líder sindical Pedro Haces —identificado por el frente como operador del charrismo sindical vinculado al empresariado— y el empresario Carlos Slim propusieron, en esencia, lo mismo que el Ejecutivo. La iniciativa fue respaldada tanto por el PAN como por el PRI, y contó con el apoyo del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
La Cooperativa Pascual también se hizo presente. Sus integrantes demandaron condiciones fiscales que les permitan competir frente a monopolios refresqueros internacionales que, señalan, operan con impuestos reducidos bajo la justificación de comercializar bebidas bajas en calorías. Adicionalmente, la cooperativa exige que la Secretaría de Hacienda deje de clasificarla dentro del sistema financiero, en lugar de reconocer su naturaleza mutual y solidaria.
La recientemente formada Asociación Sindical de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos denunció interferencia de directivos con contratos de confianza en su proceso de constitución sindical, lo que califican de violación a su derecho de organización.
Por su parte, la Nueva Central de los Trabajadores —que agrupa sindicatos, cooperativas y colectivos— exigió solución a violaciones laborales en la Universidad Veracruzana, en Tornel y en la Universidad de Sonora (STEUS). También demandó la reinserción laboral de trabajadoras y trabajadores que permanecieron junto al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro en 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón. La Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), surgida de ese mismo conflicto, solicitó un proceso de regularización de adeudos para consumidores con cobros que consideran excesivos o injustificados.
Al término del mitin, el frente convocó a todas las organizaciones presentes a unificar esfuerzos para construir una huelga nacional en junio. “Estamos convocando a todos los trabajadores, a todas las organizaciones y sindicatos hoy aquí presentes, para que juntos exijamos las demandas de todos los sectores: no con luchas aisladas, sino con una lucha unificada de toda la clase trabajadora”, expresó una vocera del frente desde el templete.
El frente afirma que el gobierno actual, al igual que los anteriores, ha optado por comunicados oficiales en lugar de diálogo real. “La presidenta da un paso hacia atrás y desconoce sus compromisos”,señalaron representantes de la CNTE.
