México D.F. a 18 de julio de 2018.- El día de hoy, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas, publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial, que había ordenado la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad (Caso Ayotzinapa), como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
La organización de derechos humanos Tlachinolla calificó a esta resolución, como consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados. Es decir, toda la fuerza del Estado para no buscar de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático.
La organización lamentó que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito haya sucumbido a esta inusitada presión del Gobierno Federal y, aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible.
Tlachinolla destacó que la decisión del Magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN pronunciarse en definitiva sobre la cuestión. La SCJN debe tener una aproximación imparcial el caso y para la organización, sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa.
“Los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que les representamos lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado. El acuerdo publicado el día de hoy muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder.” Finalizó la Organización en Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolla.