El tercer Congreso Político Regional de la CETEG en Tlapa debatió el relevo de la Dirección de Educación Indígena y trazó ruta organizativa; Tlachinollan advirtió que la estructura económica no ha cambiado con el gobierno de Sheinbaum, mientras familias de Ayotzinapa denuncian cinco meses de silencio presidencial.
Por Redacción / @Somoselmedio
Tlapa, Guerrero — 8 de mayo de 2026. Ochenta y nueve maestras y maestros de la Coordinadora Regional de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se reunieron los días 7 y 8 de mayo en Tlapa para celebrar el tercer Congreso Político Regional de los Pueblos Originarios, donde debatieron el futuro de la educación indígena en la Montaña, el relevo de la Dirección de Educación Indígena y la posibilidad de reanudar la huelga nacional magisterial.
El congreso sesionó en las instalaciones de la CETEG, en la colonia El Tepeyac, e instaló tres mesas de trabajo: educación y realidades de los pueblos originarios; disputa por la estructura educativa indígena; y la vigencia del proyecto educativo altamiranista frente a la Nueva Escuela Mexicana. Al cierre de la plenaria, el 8 de mayo a las 2:22 de la tarde, se nombró la propuesta de nuevos integrantes de la Montaña Alta para la Dirección de Educación Indígena, que se presentará en el Congreso Estatal el 21 y 22 de mayo.
Participaron como invitados una representación de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la radiodifusora La Voz de la Montaña.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, planteó ante el congreso un diagnóstico sin concesiones sobre el momento político. “Es una prueba de fuego que tiene la CETEG en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo, porque el modelo económico de nuestro país no ha cambiado, a pesar de que hay una preferencia en las políticas sociales por los sectores pauperizados. La estructura económica no ha cambiado”, declaró en el encuentro.
Barrera Hernández respaldó su análisis en el informe Oligarquía o democracia de Oxfam México, que documenta la concentración de riqueza en el país: 22 personas acumulan la mayor parte del capital nacional. Señaló además la articulación entre el modelo económico global y la llamada economía de guerra.
“El negocio de las grandes empresas que venden carros no son los carros, son los tanques de guerra. La economía de la guerra es lo que ha hecho más ricos a los ricos. No solamente porque venden el armamento, sino porque se apropian de los territorios. No es casual la guerra en Irán o el secuestro de Nicolás Maduro, sino que son territorios con abundante petróleo”, afirmó.
El director de Tlachinollan también señaló la resistencia del poder económico a cualquier reforma fiscal progresiva. El magisterio ha impulsado una propuesta de reforma tributaria que no ha avanzado, indicó, porque las autoridades federales saben que afectaría intereses de grandes grupos empresariales.
Sobre la Montaña en particular, Barrera Hernández explicó que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y otras dependencias argumentan falta de recursos mientras el modelo neoliberal sigue operando. “No hay educación para los pobres. Las escuelas son unitarias, sin que los niños y niñas tengan una educación digna. La nueva escuela mexicana supuestamente cimenta los saberes locales y comunitarios, pero no termina de erradicarse la cultura blanca y capitalista”, señaló.
Elvira Veleces Morales, secretaria general de la CETEG, encuadró el congreso como un ejercicio de fortalecimiento organizativo desde abajo. “Estos espacios nadie nos los regaló, más bien, fueron conquistados por compañeras y compañeros que algunos siguen activos y otros más están jubilados”, dijo ante la asamblea.
Veleces Morales planteó que los espacios ganados en la estructura educativa no están ahí para alinearse a la Secretaría de Educación de Guerrero, “sino para construir y democratizar la educación en el país”. Anunció que el movimiento tiene en puerta la posible reanudación de la huelga nacional y colocó sobre la mesa la propuesta de elevar la Dirección de Educación Indígena a Dirección General, como ha planteado la propia secretaría estatal.
El congreso también fue espacio para actualizar el estado del caso Ayotzinapa. Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres de los 43, informó que la última reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum ocurrió el 27 de noviembre de 2025. “A 11 años poco sale en los medios, pero la apuesta del Estado mexicano es el desgaste y el olvido”, señaló.
El compromiso de Sheinbaum era reunirse con las familias cada dos meses para informar avances sobre temas pendientes: la línea de investigación de telefonía, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los archivos militares pendientes de entrega y la situación de los 17 jóvenes detenidos en la barandilla municipal de Iguala. Han pasado cinco meses sin convocatoria.
Melitón Ortega, vocero de las familias y tío del normalista desaparecido Mauricio Ortega Valerio, conectó la lucha por Ayotzinapa con la defensa territorial y educativa de los pueblos. “Todo lo que huele a los pueblos originales tienden a destruirlo, despojarnos y eliminar los saberes de los pueblos originales”, afirmó, y llamó a mantener la unidad desde el pensamiento colectivo de las comunidades.
Vicario recordó que en 2015, durante la represión al movimiento en Tlapa, policías federales asesinaron a Antonio Vivar Díaz, militante de la CETEG Montaña.
María Antonia Ramírez Marcelino, directora de la radiodifusora La Voz de la Montaña, celebró la invitación del congreso y llamó a que el magisterio use los medios de comunicación comunitarios como herramienta de organización, para “garantizar a los pueblos el derecho a la información”. Ramírez Marcelino se incorporó al movimiento por los 43 en 2015, cuando era reportera del periódico El Sur de Acapulco.
