Por Karen Castillo/@karencitatacha
El 26 de octubre, el Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares de la Región Judicial Centro Poniente rechazó al defensor ambiental Miguel López Vega el recurso de Suspensión Condicional del Proceso.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Suspensión Condicional Del Proceso “es aquella salida alterna, que propone el mismo sistema, a fin de que la persona inculpada o imputada pueda terminar su proceso penal, cumpliendo con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones. Una vez cumplido esto, concluirá la causa penal.”
Los cargos que Miguel enfrenta están relacionados con la protesta pacífica en defensa del Río Metlapanapa organizada por varias comunidades de la región Choluteca, incluyendo Zacatepec, el 30 de octubre del 2019 y en donde los pobladores fueron agredidos por la Guardia Nacional.
El Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares ya había negado este recurso al defensor Miguel López, argumentando que no se podía comprobar que Miguel vivía en el hogar que señaló. Esto aunque ya se había llevado un proceso en el cual la unidad de medidas cautelares visitó el hogar de Miguel, entrevistó a familiares, y obtuvo las escrituras de la casa en donde habita.
Por esta razón, Miguel López Vega y miembros de su comunidad protestaron fuera de las instalaciones de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Puebla, el pasado 20 de octubre.
Sin embargo, el Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares volvió a negar el recurso de Suspensión Condicional Del Proceso el 26 de octubre. Esta vez, argumentando que Miguel López representa un peligro para la sociedad.
“El actual imputado creó un índice de inestabilidad, inseguridad, violencia y afectación para la sociedad, principalmente en los sectores vulnerables de la sociedad, quienes son afectados principalmente.”
La defensa de Miguel López también denuncia que la Fiscalía de Puebla insiste en imputar el delito de la supuesta quema de una camioneta perteneciente a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Agua en la manifestación del 30 de octubre del 2019. Esto, a pesar de que el 29 de enero del 2020, se había decretado el auto de no vinculación por este delito.
“La Jueza de Control ordenó notificarle a la Comisión Estatal del Agua el auto de no vinculación a proceso del 2020, esto abre la puerta para que dicha dependencia impugne el acuerdo y vuelva a abrir la puerta para la criminalización e incluso encarcelamiento de Miguel López Vega.”
La decisión de la Jueza de Control también paraliza el proceso para que la defensa de Miguel no pueda volver a solicitar el recurso de Suspensión Condicional del Proceso.
De acuerdo con el defensor ambiental Miguel López y su defensa, el actuar de la Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares y de la Fiscalía ponen en evidencia la intención de criminalizar a las comunidades y Pueblos Originarios
