Las comunidades indígenas de Chiapas han quedado vulnerables ante la fabricación de delitos, principalmente en contra de defensores de la tierra y activistas por su participación en movimientos sociales como el de ser BAEZLN.
Por Moisés Franco | @MoyFranco_
Chiapas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) emitió un comunicado el pasado 24 de junio del 2024 en el que refiere sobre los diversos ataques de los que han sido objeto los pueblos originarios del Estado de Chiapas por exigir su libertad y autonomía, misma que se ha visto vulnerada, ya que ha tenido repercusiones al grado de ser amedrentados por grupos armados quienes buscan mantener por medio de la violencia, las desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y privaciones arbitrarias a la libertad; el “control social, político, económico y territorial”, mientras que indican que el Gobierno Mexicano no da a las causas atención y una solución inmediata, por lo que la violencia sigue fluyendo en las comunidades y dejando huellas graves de violaciones a los derechos humanos.
“Nos encontramos en medio de una proliferación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia represiva que criminaliza a las personas y a los pueblos que están viviendo su autonomía y defendiendo la vida ante un gobierno sordo que no escuchan el reclamo social y exigencia de justicia”, mencionaron.
Asimismo, en dicho comunicado se estipula que el gobierno solo se ha dedicado a criminalizar y generar procesos penales apócrifos desde el año 2016 que se implementó el sistema penal acusatorio y en el que el gobierno de dicha entidad lo ha utilizado como medio para elaborar “montajes, y torturas”, con la finalidad de inventar delitos tanto a jóvenes, indígenas y personas defensoras, creando una simulación de buen gobierno y trabajo funcional de las “instancias de procuración e impartición de justicia”.
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Como ejemplo, resaltan el caso de José Díaz Gómez quien es Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (EZLN) indígena Cho´l y de oficio campesino, víctima de un proceso generado por la FGE-Chiapas y que hasta el día de hoy se mantiene “secuestrado” y condenado por el supuesto delito fabricado de robo con violencia, pues indican que “La falta de pruebas objetivas y diligentes ha llevado a una simulación coordinada para mantenerlo privado de su libertad”, así como se demuestra que se ha violentado en este caso y en su proceso penal, el derecho a un traductor, ya que como lo marca la RECOMENDACIÓN GENERAL 45/2021 sobre el derecho de las personas indígenas y estipulada en el Diario Oficial de la Federación, menciona que “La CADH, en su artículo 8, párrafo 2, inciso a), establece como una garantía judicial que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, sino comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”. Y en el de José Díaz, no se le presentó un intérprete en su lengua materna durante el proceso penal.
Sin embargo, mencionaron que no es el único caso, pues también existen órdenes de aprehensión contra cuatro Bases de Apoyo del EZLN, así como la detención arbitraria de defensores del territorio de San Juan Cancuc, presos en el CERSS no. 5 en San Cristóbal de Las Casas y el joven universitario Jonny Ronay preso injustamente en la CERSS no. 15 en Copainalá.
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Ante estos casos que vulneran el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa adecuada externan la invitación para sumarse jornadas por la “libertad de los presos y presas criminalizadas y reprimidas por el Estado mexicano” y se erradique con la discriminación hacia las comunidades indígenas y la fabricación de delitos.
Exigimos libertad inmediata a José Díaz Gómez BAEZLN y a los defensores de San Juan Cancuc quien el Estado los mantiene en lugares de exterminio
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— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) June 24, 2024
