El General Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en relación con el caso Ayotzinapa, recibe el beneficio de prisión domiciliaria, generando críticas por posibles tratos preferenciales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 23 de agosto de 2023 – En un giro sorprendente en el caso Ayotzinapa, se informó que el General Rafael Hernández Nieto, quien enfrenta acusaciones de delincuencia organizada en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, obtuvo un cambio de medida cautelar, siendo beneficiado con prisión domiciliaria. La decisión generó controversia y preocupación entre las organizaciones que brindan apoyo a las familias de los estudiantes desaparecidos.
No es la primera vez que el General Hernández Nieto está involucrado en situaciones de tratamiento preferencial. En agosto de 2022, enfrentó acusaciones similares de delincuencia organizada, pero la orden de aprehensión en su contra fue suspendida de manera irregular, lo que resultó en la denuncia de una grave irregularidad por parte de las familias de los normalistas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Finalmente, después de un año de esfuerzos, la orden fue ejecutada y el General fue detenido en julio de 2023, seguido por su auto de formal prisión.
La determinación adoptada por la Juez Segundo de Distrito desató críticas por lo que se percibe como un sesgo a favor del Ejército. Las organizaciones que respaldan a las familias de los normalistas cuestionaron la excepcionalidad de otorgar beneficios como la prisión domiciliaria en casos de delincuencia organizada. Esto llevó a especulaciones sobre la influencia de la identidad militar del acusado y el poder que las Fuerzas Armadas ostentan en la actualidad.
Adicionalmente, la Guardia Nacional emitió un veredicto en menos de 24 horas, declarando que el General detenido no presentaba riesgo de fuga. Para las organizaciones, esta rápida y aparentemente parcial evaluación contrasta con la lentitud y rigor que a menudo caracterizan los casos de civiles acusados de delitos similares, planteando dudas sobre la imparcialidad del proceso.
El General Hernández Nieto, quien estaba al mando del 41 Batallón de Infantería durante los acontecimientos de la desaparición de los normalistas, fue mencionado directamente en mensajes de texto intercambiados por narcotraficantes vinculados al caso. Estos mensajes insinúan la existencia de una relación frecuente entre el General y la delincuencia organizada, como se refleja en una frase que dice: “Voy a ir a telo a traer cosas y ver a coronel nieto para k este bien todo”. Además, otros mensajes señalaron la estrecha colaboración entre los grupos delictivos Guerreros Unidos y los miembros del 27 y 41 Batallón de Infantería, cuando Hernández Nieto estaba al mando de este último.
En respuesta a esta nueva situación, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos aún están procesando la información y se espera que expresen su postura en el futuro. Sin embargo, desde ahora se destaca que esta decisión sin precedentes representa un nuevo revés en la búsqueda de justicia y evidencia la percepción de impunidad que rodea el caso.
En un comunicado las organizaciones explicaron que los incidentes anteriores como la reticencia del Ejército a proporcionar documentos requeridos por el GIEI, subraya la creciente preocupación de que las Fuerzas Armadas en México actúen como un poder sin restricciones, dificultando el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos en esta administración, a pesar de las promesas de verdad y justicia.
