A siete años del asesinato de Samir Flores, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN denuncian impunidad, señalan responsabilidad política y exigen investigar a funcionarios federales y estatales en el marco del inicio del juicio contra el único detenido.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografía: Gerardo Magallón/ Desinformémonos
Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- En la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala y colectivos de familiares de desaparecidos, anunciaron el arranque de la Jornada Nacional e Internacional “Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos”, a siete años del asesinato del comunicador comunitario y defensor del territorio Samir Flores Soberanes.
Durante la conferencia, las organizaciones denunciaron que “a siete años del asesinato de nuestro hermano Samir no hay verdad ni justicia” y señalaron una “continuidad de impunidad” bajo el actual régimen, al que calificaron como “mal llamada cuarta transformación”.
Amira Flores Vázquez, hija de Samir Flores, sostuvo: “Samir no murió, el gobierno lo mató”. En su intervención, enmarcó el asesinato dentro de un contexto de militarización, desplazamientos forzados y violencia estructural que, afirmó, ha convertido al país en “una gran fosa común”.
El CNI y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua exigieron investigar la responsabilidad de funcionarios y exfuncionarios como Valentín Lavín, Hugo Eric Flores, Humberto Sandoval, Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes señalaron como parte del entramado político que permitió el crimen.
“El juicio iniciado no busca esclarecer la verdad completa, sino cerrar el caso culpando únicamente al autor material”, afirmó el abogado David Peña, representante legal de la familia Flores. Denunció que la investigación original estuvo “manipulada” y que las líneas relacionadas con autores intelectuales han sido sistemáticamente excluidas.
El proceso judicial contra Javier “N.” —único detenido como presunto autor material— comenzó esta semana en el Centro Federal de Justicia en Xochitepec, Morelos. De acuerdo con la defensa, dos testigos clave han sido asesinados y uno permanece desaparecido.
Peña advirtió que la Fiscalía General de la República debe reactivar las investigaciones sobre la autoría intelectual y las posibles responsabilidades de actores políticos y estructuras criminales en la región. “Se pretende simular que el caso ya no está en la impunidad, cuando no se ha tocado a quienes ordenaron el crimen”, sostuvo.
Las organizaciones recordaron que el asesinato ocurrió tres días antes de la consulta convocada por el gobierno federal sobre el Proyecto Integral Morelos, megaproyecto energético que incluye una termoeléctrica en Huexca, un gasoducto y un acueducto en la región.
Teresa Castellanos, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, señaló que el entonces presidente López Obrador descalificó públicamente a opositores del proyecto, calificándolos como “radicales”. “Tres días antes de la consulta asesinan a Samir y después realizan la consulta llena de sangre”, afirmó.
El CNI denunció que el caso de Samir no es aislado, sino parte de una “guerra de despojo, militarización y contrainsurgencia” contra comunidades indígenas y campesinas que resisten megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y proyectos mineros en Puebla y Oaxaca.
En la mesa participaron integrantes del Comité de Padres y Madres de los 43 normalistas de Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes denunciaron la continuidad de la impunidad en su propio caso y reiteraron que “en México no hay justicia para los pobres”.
También intervinieron representantes del colectivo Lirios Buscadores del Estado de México, quienes recordaron que en el país hay más de 133 mil personas desaparecidas. Convocaron a una protesta nacional el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial de fútbol, para visibilizar la crisis de desapariciones.
Jornadas del 19 al 22 de febrero: memoria, organización y autonomía
La Jornada “Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos” contempla actividades en Amilcingo, Ciudad de México, Puebla y otros estados, incluyendo foros sobre los Acuerdos de San Andrés a 30 años de su incumplimiento, actos culturales y encuentros comunitarios.
“Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero”, expresó una de las voceras. El cierre del acto estuvo marcado por consignas: “Samir vive, la lucha sigue”, “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas” y “Justicia”.
Samir Flores Soberanes fue campesino, comunicador comunitario y uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos en la comunidad nahua de Amilcingo, Morelos. Participaba activamente en asambleas comunitarias y conducía un programa en la radio local donde informaba sobre los impactos ambientales y sociales de la termoeléctrica de Huexca.
El 20 de febrero de 2019 fue asesinado a balazos frente a su domicilio. Su muerte ocurrió en un contexto de hostigamiento y estigmatización pública contra quienes rechazaban el megaproyecto energético.
Siete años después, su familia y organizaciones indígenas sostienen que el caso permanece en la impunidad estructural y que la justicia no llegará desde las instituciones, sino desde la memoria colectiva, la organización comunitaria y la exigencia nacional e internacional.
“Hasta que la dignidad se haga costumbre y la justicia se haga costumbre”, concluyó el CNI.
