En la trágica madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos destacables del Tecnológico de Monterrey, fueron asesinados por elementos militares. A raíz de estos lamentables hechos, se inició una batalla en busca de justicia y de vindicación de los nombres de Jorge y Javier.
Por Miranda Chavarria / @miranda.chavarria
Los hechos ocurrieron cuando los estudiantes fueron presuntamente asaltados por elementos militares, los cuales se llevaron sus pertenencias, mochilas e identificaciones, esto con el fin de hacerlos pasar por sicarios “armados hasta los dientes”.
Sin embargo, las familias de las víctimas se negaron a aceptar dicha declaración y desde entonces han luchado incansablemente para limpiar los nombres de Jorge y Javier y así lograr una sentencia que haga justicia, “no como un acto de venganza, sino como un derecho fundamental y una garantía de no repetición”.
Luego de años de lucha inalcanzable, por parte de las familias y una campaña de impacto acompañada por el Colectivo “Todxs Somos Jorge y Javier”, en conjunto con organizaciones, en marzo de 2019, el Estado Mexicano emitió una disculpa publica a los familiares de las víctimas.
La Secretaria de Gobernación y la Subsecretaria de Derechos Humanos, reconocieron públicamente que las víctimas eran estudiantes ejemplares y no criminales, lo que fue crucial para que se pudieran limpiar sus nombres.
Recientemente, el 3 de abril de 2023, cuatro años después de la disculpa pública, el Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, informó a las familias que se han complementado todas las investigaciones y dirigencias posibles en uno de los cuatro delitos que se persiguen judicialmente, lo que lleva al cierre de instrucción.
A partir de dicha fecha, la Fiscalía así como la defensa tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar sus conclusiones, seguidamente de aproximadamente mes y medio para que el juez presente sus propias conclusiones.
Esto indica que, después de 13 años, se espera que haya una sentencia formal en un corto plazo. A pesar de que el caso fue presentado de manera formal, frente a un Juez en 2016,hasta el momento no se ha dictado ninguna sentencia en contra de ninguno de los seis militares señalados como autores materiales de esta ejecución extrajudicial.
Tres de los implicados, ya fueron arrestados en 2026, dos más el año pasado y uno aún sigue en calidad de desaparecido, además, no se ha llevado a cabo una investigación sobre la cadena de mando para determinar a los responsables más altos de este asesinato. Además, no se ha llevado a cabo una investigación sobre la cadena de mando para determinar a los responsables más altos dichos actos.
Se reconoce el cierre de instrucción como un avance significativo y se valora la voluntad del juez de llevar adelante un caso que ha llevado más de 13 años al Estado mexicano llevar a su conclusión. Sin embargo, las familias de Jorge y Javier esperan se haga justicia y que se determine la responsabilidad de todos los involucrados en este trágico suceso.
Las familias de las víctimas, organizaciones aliadas y colectivos están a la espera de que un juez tome la responsabilidad que implica romper con los pactos de impunidad vigentes y pondere el caso según las evidencias, sin tomar en cuentas las influencias externas.
Así como también se espera que la sentencia sea de calidad y conforme a las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos, estándares internacionales y contemplando la reparación integral del daño para las familias afectadas.
También se exigen que continúen con las investigaciones pertinentes y los llamados “delitos administrativos” como el robo de identidad, abuso de autoridad, el exceso de fuerza, entre otros, que se encuentran en otras carpetas de investigación de la Fiscalía General de la república (FGR) y que hasta el momento no han sido judicializados.
En México, las sentencias contra militares responsables de delitos que por su gravedad, se consideran violaciones a los Derechos Humanos han sido escasas y a menudo insuficientes para poder hacer justicia. Esperan que las instituciones de justicia del país se apeguen al caso y refuercen los mecanismos de rendición de cuentas, el acceso a la justicia, la verdad, la dignidad, la reparación y las garantías de no repetición tanto para los familiares de Jorge y Javier y la sociedad en general.
