Por Max González Reyes
En la pasada sesión del 21 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para desahogar la iniciativa que presentó la titular del ejecutivo federal en torno a “perfeccionar el mecanismo de elección popular de las personas juzgadoras mediante ajustes normativos que permitan armonizar las etapas del proceso electoral judicial con las capacidades operativas de las autoridades electorales y jurisdiccionales, así como establecer condiciones que garanticen una mejor preparación técnica y organizacional de los procesos correspondientes”. Para ello, “la iniciativa constitucional contempla aplazar del año 2027 al año 2028 la elección correspondiente de personas juzgadoras, medida que encuentra sustento en la necesidad de generar un periodo razonable de consolidación institucional y administrativa que permita armonizar la legislación secundaria y desarrollar capacidades operativas y presupuestarias suficientes”.
Lo anterior quiere decir que la presidenta propone modificar la fecha de la elección para integrantes del Poder Judicial de 2027 al 4 de junio de 2028. La medida que en apariencia es viable, puesto que en la elección intermedia del próximo año se renovarán 17 gubernaturas, los 500 asientos de la Cámara de Diputados e infinidad de cargos locales, tiene un as bajo la manga.
Nadie está en contra en hacer más simple la próxima elección, puesto que con tantos cargos en juego es muy probable que el elector se confunda al momento de recibir varias boletas electorales; además de que podría ser que no se deposite la boleta en la urna correspondiente y eso genere una confusión a la hora de contar los votos. Hasta ahí es comprensible y entendible la propuesta de modificar la elección judicial para posponerla un año más.
Sin embargo, en Palacio Nacional se dieron cuenta que, si se deja la elección judicial para 2027, el trabajo de la operación política sería inmenso, puesto que operar para las 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados es en sí mismo un enorme trabajo; si a ello se le agrega la movilización de la votación del Poder Judicial, sería más inmensa la tarea. Recordemos que el año pasado, en 2025, Morena utilizó a todo su personal para “incidir” en el resultado de la elección judicial. Fue de todos conocido los “acordeones”, la incidencia del voto, los acarreos, etc. que estuvieron a la orden del día en aquella elección.
Por ello, lo mejor es segmentar dicho trabajo. Así, el objetivo es que para 2027 se concentren en trabajar para las gubernaturas y conseguir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y dejar todo el trabajo de la elección judicial para 2028.
Pero la reforma a la elección judicial no se queda sólo en eso. Recordemos que se tiene programado que para 2028 se lleve a cabo la consulta para la revocación de mandato, la cual es muy probable que se lleve a cabo el mismo día que la elección judicial.
La revocación de mandato se ha convertido en una herramienta de ratificación. Ello permite a la portadora del ejecutivo llevar a cabo una especie de “campaña”. Es ahí donde entra el juego de la elección judicial. Al hacer campaña, la presidenta “inducirá” el voto a favor de sus candidatos al Poder Judicial, con lo cual se pondrían junto a las boletas judiciales el nombre de la presidenta para su revocación, que en realidad es una ratificación. Es una doble jugada para un mismo fin. Con ello, el trabajo de Morena se enfocaría en la revocación de mandato y de paso, en la elección judicial.
Recordemos que la operación política de Morena con sus aliados no ha sido fácil. Después de las negociaciones con el PT y el PVEM para la reforma electoral y el Plan B que terminaron en un fracaso, por lo que la mayoría calificada está en duda. Por eso para Morena es primordial mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayoría de las gubernaturas en 2027. Lo primero es lograr ese objetivo. Con ello la presidenta asegura la continuidad de su proyecto la segunda mitad de su mandato. Así, una vez obtenida, se concentran en la revocación y la elección judicial en 2028. Con ello se obtendría el control total y la posibilidad de nombrar a un sucesor.
La agenda del periodo extraordinario incluyó una iniciativa del diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, la cual propone como causal de nulidad de las elecciones “la injerencia extranjera en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital”. La propuesta añade que “se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”. Esta iniciativa, que la misma presidenta Claudia Sheinbaum ya le dio su aprobación, es un grave retroceso para el país a lo avanzado en términos democráticos.
La iniciativa de Monreal es una forma de callar a todo aquel que critique u opine sobre las elecciones en México, porque si algún medio o personaje del exterior opina sobre las elecciones en nuestro país, la publicación de algún artículo en algún medio internacional, un foro académico donde se trate el tema electoral en alguna universidad del extranjero o la declaración de algún político (presidente, legislador, líder de opinión, etc.) extranjero, son causales de anulación de la elección.
Lo que está detrás de esta propuesta es un intento de conservar el poder a costa de debilitar lo poco que hemos avanzado en materia democrática.
Pero no solo eso. Hubo otra iniciativa en el periodo extraordinario que pretende crear una comisión dentro del INE, la cual tendría la tarea de “verificar la integridad” de las candidaturas. Esta propuesta plantea que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas sería un órgano permanente dentro del INE, el cual estaría integrado por cinco consejeras o consejeros electorales. Su función sería servir como un canal de comunicación directo y confidencial entre los partidos políticos y las instancias de seguridad como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para identificar candidatos vinculados al crimen organizado.
A simple vista la propuesta es viable y aceptable. Sin embargo, abre la puerta a utilizar este mecanismo políticamente. Es de todos conocido que las reformas que, desde el sexenio anterior, pero particularmente en este, han concentrado el poder para beneficiar al grupo en el poder. Con esta propuesta quien tendría la última palabra para decidir serían las instancias que están sujetas al control del poder.
La iniciativa, que en apariencia es necesaria partiendo de las circunstancias que hoy vivimos de la infiltración del narcotráfico en la vida política, están pensadas, más bien, en mantener a Morena en el poder. Afortunadamente esta iniciativa no prosperó, pero la intención está presente. NO descartemos que en un futuro se retome.
