Más de 20 organizaciones de derechos humanos denunciaron en un comunicado la violencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y señalaron la tolerancia y protección de funcionarios estatales hacia grupos armados, lo que ha generado un clima de inseguridad para la población en general.
Más de 20 organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la violencia que se está produciendo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron que grupos armados están actuando con la tolerancia y protección de funcionarios estatales, lo que está poniendo en riesgo la seguridad de la población en general.
Según las organizaciones, tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH), el 17 de abril de 2023, la violencia aumentó y duró más de ocho horas. Durante este tiempo, personas armadas dispararon ráfagas en varios puntos de la ciudad, quemaron al menos tres casas y mataron a otras dos personas.
El clima de violencia provocó terror entre la población, lo que llevó a la suspensión de clases en todas las escuelas y al cierre de muchos comercios. Además, un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus hogares.
Las ONG´s resaltaron que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano no ha sido efectiva y ha generado una espiral de violencia que aumenta el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general. En el documento, se destaca que algunas de estas organizaciones están vinculadas a funcionarios estatales y la delincuencia organizada, lo que ha aumentado la violencia en la ciudad.
“Se necesita una alternativa desde la sociedad para construir una paz duradera. El fenómeno de las organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas ha sido evidente en San Cristóbal de Las Casas durante los últimos años”, afirmaron las organizaciones.
En el caso de San Cristóbal de Las Casas, los poderes fácticos utilizan a grupos criminales que buscan controlar la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada.
Por lo que las organizaciones exigieron al Estado mexicano que garantice las condiciones para la paz y el goce efectivo de todos los derechos humanos en Chiapas. Además, han pedido que se investiguen estos hechos de manera pronta y efectiva, se sancione a los autores materiales e intelectuales y se reparen los daños causados a las víctimas y sus familiares.
