El 8 de diciembre, es el plazo límite para que el Congreso de la Ciudad de México apruebe o rechace los proyectos PGOT Y PGD, donde la bancada está conformada en su mayoría por Morena.
Por Alejandra GS/@AleGonSol
El Pasado 17 de noviembre el Frente por la Defensa de los Derechos de Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA) emitió una carta pública en la que se dirige en especial al grupo parlamentario de MORENA, para que el próximo 8 de diciembre, rechace los proyectos PGOT Y PGD.
Si el Congreso no emite una postura al respecto el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo, quedarán aprobados, por medio de una disposición inconstitucional que se estableció en la Constitución de la Ciudad de México.
“Si bien las bancadas de todos los partidos tienen responsabilidad en este tema, es especialmente la bancada de Morena, que es mayoritaria, quien tiene mayor responsabilidad sobre las consecuencias de la aprobación de esos proyectos” expusieron.
Señalan además que la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, será la principal responsable de los daños que sufrirá el suelo de conservación, los acuíferos y los bosques.
“Adicionalmente en los hechos, modifica la zonificación vigente del Programa General de Ordenamiento Ecológico, mismo que quedaría sin efectos una vez que se aprueben los programas de ordenamiento territorial en cada una de las 16 demarcaciones territoriales, lo cual es sumamente peligroso para la supervivencia ambiental de la cuenca”.
“En el mismo sentido, aprovechamos este escrito para recordarle al diputado Héctor Díaz Polanco que de nada sirve que se escriba en letras de oro en el Congreso alguna frase sobre la existencia de los pueblos, si no va a hacer nada para que se reponga el proceso de consulta de los proyectos que ahora denunciamos” enfatizaron.
Los PGOT y el PGD no fueron consultados con los pueblos y barrios, ni tampoco se tomó en cuenta la opinión de los ciudadanos, ni mucho menos fueron traducidos a las lenguas indígenas de las comunidades, por lo que podrían ser anulados por jueces o tribunales.
Los proyectos de ser aprobados, darán concesiones a empresas inmobiliarias quienes explotarían el espacio en los pueblos del sur, hasta por aproximadamente 20 años. El PGOT y el PDG, fueron enviados al Congreso de la Ciudad de México el pasado 7 de junio del presente año, por Claudia Sheinbaum.
